En las Navidades de 2017, miles de vecinos de Torreblanca se echaron a la calle en demanda de más seguridad en sus calles. Llevaban semanas soportando robos y alzaron la voz para denunciar que no querían que la delincuencia acabara destrozando un barrio obrero en el que viven más de 20.000 almas. Meses después de aquella movilización, el Ayuntamiento anunciaba que ponía en marcha la Policía de barrio y que Torreblanca era la primera zona de Sevilla en la que entraba en funcionamiento. Nunca llegaron a cumplirse las palabras del alcalde Juan Espadas.
Casi tres años después de aquello, los vecinos soportan un repunte de la violencia en sus calles. Los culpables, varios clanes que tratan de hacerse con el mayor número de viviendas ocupadas para mercadear con ellas o explotarlas como narcopisos. En el último episodio, varios integrantes de Los Pingajos tirotearon a una familia, con un bebé de 10 meses, porque se resistía a dejar su casa. Todo ocurrió a plena luz del día y los vecinos han vuelto a decir basta.
Hace unos días varias entidades se reunían. Entre los acuerdos alcanzados, la petición de una reunión urgente con la delegada de distrito, Adela Castaño, y el delegado de Gobernación, Juan Carlos Cabrera. «No podemos seguir esperando a que vengan más policías. Lo que ocurrió el otro día pudo acabar en tragedia. Nos está llegando lo peor de barrios como las Tres Mil o Los Pajaritos, a veces realojados por los propios servicios sociales», señala el presidente de la asociación de comerciantes y profesionales de Torreblanca, Juan María Soto Vera.
El gueto que se expande
Los pequeños empresarios, junto a vecinos, colectivos sociales y la Iglesia a través de la Hermandad de Los Dolores se están organizando para tratar de frenar la degradación progresiva del barrio. El temor es que la delincuencia y la marginalidad se vaya extendiendo. Si hace unos años, el deterioro social se centraba en las casitas, en el entorno de la plaza del Platanero; a día de hoy los problemas ya han desbordado los límites de esta suerte de gueto y los clanes ya controlan viviendas en la zona de los pisos blancos. El último tiroteo se inició en esta parte del barrio, a bastante distancia de las casitas.
«Allí se fueron quedando muchos pisos vacíos con la crisis del ladrillo. Y así empezaron a ocuparlos. Hubo quien les vendió su casa a muy bajo precio antes de que se la quedara el banco en venganza por el desahucio. Otros se vieron obligados a marcharse porque la convivencia en el bloque se hacía imposible», señala un miembro de la plataforma Torreblanca Unida que prefiere guardar el anonimato por razones de seguridad. Sus palabras las corrobora la Policía Nacional, que ve en el mercado negro de estos pisos ocupados, la principal fuente de conflictos entre clanes.
El recrudecimiento de la lucha entre estas organizaciones criminales ha llegado en un momento muy difícil para Torreblanca, el cuarto barrio más pobre de España con una renta por persona de 5.944 euros anuales. La crisis del coronavirus se ha cebado con las economías más débiles y este trozo del este de Sevilla no ha sido una excepción. El confinamiento dejó sin ingresos de la noche a la mañana a muchas familias que estaban fuera de la red asistencial de los servicios sociales municipales porque hasta el 14 de marzo tenían trabajo aunque fuera sin contrato o en la venta ambulante. «La ayuda pública ha tardado en llegar y las primeras semanas se vivieron momentos muy duros». Teresa Herrera es profesora del IES Torreblanca. Además, es la artífice de una cadena de ayuda que ha dado comida a 350 familias en plena pandemia y ha conseguido recaudar 19.000 euros gracias a las aportaciones de entidades como la Hermandad de la Macarena, «pero sobre todo de familias normales que han arrimado el hombro».
El desencadenante fue el comentario que le hizo la madre de un alumno cuando la llamó para ver cómo llevaban el confinamiento. «Me dijo que una chica –otra madre del colegio– se había desmayado en la calle porque llevaba tres días sin comer. Lo poco que le llegaba era para sus hijos». Esa madre no recibía ayuda de los servicios sociales porque trabajaba como pinche de cocina sin contrato. Cuando cerró el bar, se quedó en la calle y sin ayuda de ningún tipo. «Cuando decidimos iniciar una colecta mayor para ayudar a más gente, nos vimos sorprendidos por la demanda. Terminamos ayudando a centenares de familias a las que no llegaban ni la Cruz Roja ni los servicios sociales».
Profesionales de la paga
Desde este movimiento vecinal que se está organizando para llevar a cabo iniciativas en beneficio del barrio hacen un diagnóstico pesimista de la eficacia de las ayudas que llegan a familias de Torreblanca de la mano de programas municipales. «Hay una falta de control absoluto. Te encuentras a profesionales de la ayuda, que la perciben por duplicado y tienen ingresos no declarados; frente a familias que se han quedado sin nada y han tenido que esperar un mes hasta que los Servicios Sociales los han evaluado», afirma Teresa Herrera.
Desde los comerciantes señalan la vieja competencia de las ventanitas, el comercio clandestino que se realiza desde una vivienda y que no hay gobierno que consiga erradicar. La impunidad es absoluta en algunas zonas de la ciudad donde el vendedor no se esconde y coloca hasta carteles en el exterior anunciado su actividad. «Ellos no pagan impuestos y cuando ha llegado el coronavirus, como no declaran nada, han recibido ayuda. En cambio, en nuestra asociación hay seis negocios que ya no van a poder abrir tras el confinamiento. Muchos comerciantes que lo están pasando muy mal y no han tenido ese apoyo», señala el presidente de la asociación de comerciantes, Juan María Soto.
Tras la experiencia de la red que han conseguido montar para ayudar a centenares de familias con la alimentación y productos básicos, el siguiente proyecto es una escuela de verano con vocación de mantenerse a lo largo del año como un centro que ofrecerá actividades y meriendas a los menores a cambio de que hagan los deberes y no abandonen los estudios. La hermandad de Los Dolores ha cedido un local para empezar en las próximas semanas. «Allí podemos atender a unos 30 niños, pero nuestro objetivo es sacar de la calle al mayor número de menores posibles. Estoy convencida de que la base para corregir muchos problemas del barrio está en la educación. Es muy difícil que esos niños no reproduzcan la vida que llevan si no salen de ese círculo vicioso. Por eso, en muchas ocasiones en el instituto nos resistimos a expulsar al alumno porque eso significa que acabará en la calle, y muy probablemente haciendo algo nada bueno», detalla Teresa Herrera, quien fundara hace unos años la Asociación por el derecho a estudiar (ADAE) que funciona con éxito en Rochelambert.
En estos momentos están recaudando fondos y han puesto en circulación, como hicieran tras el estallido de la pandemia, un número de cuenta para que entidades y particulares hagan sus aportaciones. El motor social que funciona en las entrañas de este barrio no quiere dar la guerra por perdida y pide a las administraciones que no dejen caer también a Torreblanca.
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