En lugar de aclarar y depurar responsabilidades por la excesiva mortalidad del servicio de cirugía cardiaca del Hospital Universitario de Canarias (HUC), demostrada en una auditoría externa realizada por profesionales independientes designados por el Sociedad Española de Cirugía Torácica y Cardiovascular (SECTCV), la consejera de Sanidad del Gobierno canario Mercedes Roldós prefiere tapar el asunto acusando al cirujano que denunció la situación, Ignacio Díaz de Tuesta, y amenazándole con acciones legales por los supuestos delitos de injurias y calumnias por parte del Consorcio Sanitario de Tenerife.
Roldós, del Partido Popular, anunció que este acuerdo incluye a quienes difundan informaciones tendenciosas y difamatorias sobre los índices de mortalidad en este servicio entre los que se encuentra, se supone, El Confidencial tras haber destapado en primicia el asunto.
La consejera opina que las declaraciones del cirujano rebelde han creado alarma social y han lesionado el prestigio y el buen nombre de los profesionales del hospital.
El Consorcio Sanitario de Tenerife entiende que las declaraciones de Díaz de Tuesta se han agravado tras la sentencia que desestimó el recurso que éste presentó tras ser despedido del centro.
Sin embargo, este diario ha podido confirmar la alta mortalidad del servicio de cardiocirugía dirigido por Rafael Martínez Sanz en conversación con otros facultativos del propio hospital así como con miembros de otros centros hospitalarios, bajo el anonimato, que se niegan a enviar a sus pacientes al HUC.
De llevarse a cabo las querellas del Consorcio, se van a juntar en los juzgados con la investigación de la propia Fiscalía tinerfeña acerca del exceso de muertes en quirófano.
A finales de febrero, dicha institución abrió diligencias previas y, según fuentes solventes, ya ha solicitado oficialmente las historias de varios pacientes junto a diversa documentación. La apertura del caso parece inminente.
Pataleta de la Consejería
Así las cosas, la consejera de Sanidad dijo que "no todo vale", y pataleó porque el PSOE haya participado en crear preocupación y dolor a los pacientes que se deben someter a este tipo de operaciones.
Por su parte, el diputado del grupo socialista Juan Carlos Alemán acusó al Gobierno de no haber adoptado ninguna medida a pesar de que tenía desde hace un año el resultado de una auditoría externa y pidió a la consejera que inste a que se investigue judicialmente lo ocurrido durante los años 2005 y 2006 en ese servicio.
La consejera señaló que el cirujano cardiovascular que ha realizado estas denuncias fue despedido tras la apertura de dos expedientes disciplinarios por dos faltas muy graves.
Sin embargo, obvió el detalle de que el despido ha sido declarado improcedente.
Ignacio Díaz de Tuesta, el cardiólogo despedido.
Además, la consejera señaló que el índice de mortalidad en este servicio es del 7,9%, que es equiparable al existente en cualquier otro centro, olvidándose de que la media nacional es del 6,7%, sin explicar por qué en la memoria del hospital reza entonces una tasa del 0,8% en 2006 y de que, de todas formas, aún no se puede determinar el porcentaje porque los protocolos de seguimiento exigen que deben pasar seis meses del siguiente año para asegurarse de que no fallece ningún paciente más en el posoperatorio.
El confidencial
