Human Rights Watch (HRW) ha denunciado en un nuevo informe los delitos que se cometen en las minas ilegales de oro, al sur de Venezuela, que son controladas por bandas criminales, y en las que grupos armados (sindicatos) mantienen un control férreo del territorio donde se encuentran las mayores reservas de recursos minerales del país sudamericano.
La mina de oro «Ocho muertos» en Las Claritas, en 2016 - @ Clavel A. Rangel
La presencia de estos sujetos ha sido denunciada por los pobladores que han sido acosados y han sido víctimas de violaciones de derechos humanos. En el documento, HRW explica que a las minas de oro llegan las personas de bajos recursos a trabajar debido a la acuciante crisis económica y estando ahí «se han convertido en víctimas de delitos macabros cometidos por grupos armados que controlan (las) minas ilegales», expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
«Los distintos sindicatos que controlan las minas ejercen un estricto control sobre las poblaciones que viven y trabajan allí, imponen condiciones de trabajo abusivas y someten a tratos brutales a quienes se acusa de robos y otros delitos. En los peores casos, han desmembrado y matado frente a otros trabajadores a quienes presuntamente no habían cumplido con sus reglas», reza el documento. Varios residentes dijeron conocer casos en que miembros de sindicatos habían desmembrado con motosierras, hachas o machetes a quienes transgredieron las reglas.
De la misma manera que denuncian, también lanzan una importante advertencia: «Es crucial que las refinerías y quienes compran oro se aseguren de que el oro venezolano que forma parte de sus cadenas de suministro no esté manchado con la sangre de víctimas venezolanas».
La explotación de recursos también ha repercutido en el medioambiente así como la salud de las personas que trabajan en Arco Minero del Orinoco, que contempla una zona de 114.000 kilómetros cuadrados, el 12,2% del territorio venezolano. Y la explotación de recursos como la bauxita, oro, coltán, hierro, cobre, diamantes y coalín, ha puesto en riesgo a la población también conformada por más de 54.000 indígenas, y la deforestación y el uso de mercurio en la actividad minera.
Desde sus inicios, el proyecto ha estado en gran parte controlado por Rusia y China, países que han invertido y participado activamente en la explotación de oro y diamantes.
Testimonios desgarradores
El informe recoge declaraciones de personas que han sido víctimas de los abusos y la explotación. Durante 2018 y 2019, HRW entrevistó a 21 personas que trabajaron en minas o en localidades mineras del estado Bolívar. Otras 15 entre periodistas, indígenas y expertos dieron sus testimonios entre octubre y noviembre pasado. Todos los entrevistados coinciden con que no sólo hay un control por grupos armados, sino que grupo paramilitar colombiano ELN ha tomado parte del territorio minero y han tenido presencia activa.
El régimen de Nicolás Maduro ha sido otro de los participantes de la zona, según las denuncias de diputados. De acuerdo con información de parlamentarios, como Américo De Grazia, Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente chavista, lidera uno de las minas. Y aunque los testigos aseguran que el Gobierno chavista es consciente de la situación, Human Rights Watch no encontró «información pública sobre investigaciones que se hayan realizado para determinar la responsabilidad penal de funcionarios gubernamentales o miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas implicados en estos abusos». Mucho menos recibieron respuesta del régimen cuando solicitaron información al respecto.
La explotación del Arco Minera comenzó en 2016 por un decreto presidencial, sin embargo, el organismo tampoco encontró algún registro de la Asamblea Nacional venezolana, la institución pública que tuvo que aprobar la decisión como lo exige la Constitución. «Según información recibida por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y los testimonios recabados por Human Rights Watch, el gobierno no llevó a cabo previamente estudios adecuados de impacto ambiental ni consultas a poblaciones indígenas que vivían allí, como también lo exige la Constitución».
Por si fuera poco, Maduro dijo en octubre que le cedería la gestión de una mina de oro a cada uno de los gobernadores de los estados que pertenecieran al partido oficialista como premio de lealtad.
Entre los desgarradores relatos se encuentra el de Ligia Castro (seudónimo), de 35 años, quien trabajó en minas en El Algarrobo y La Cucharilla en 2018. Durante el día trabajaba en un restaurante y de noche en las minas. Castro contó que, en 2018, fue acusada una joven en una de las minas de «robar» un par de pantalones a otra mujer.
«La joven insistió que no había robado nada. Castro contó que miembros del sindicato le cortaron las manos a la mujer con un machete, mientras le gritaban: ‘¡Di que no lo vas a hacer más!’. Cuando la mujer repitió que no había robado los pantalones, los miembros del sindicato dispararon al aire mientras exclamaban: ‘¡Acá no se puede robar!’. Castro contó que miembros del sindicato aplicaron vendas a la mujer y se la llevaron en un lanchón. Le indicaron que dijera haber tenido un accidente porque sabían dónde encontrar a su familia».
Entre los entrevistados se encuentra un niño de 16 años con fractura de columna provocada por el golpe de un tronco mientras usaba una manguera de alta presión sin ningún tipo de protección. Otro de 17 años, contó haber visto a miembros del sindicato amputar dedo por dedo de las manos de un minero acusado de haber robado oro, antes de amputarle lo que quedaba de ambas manos. Dijo que lo hicieron frente a otros mineros para que «todos pudieran ver». Estos son algunos de las atrocidades que se cometen en la zona minera de Venezuela, en la que también las personas son mutiladas con motosierras o forman parte de la larga lista de personas masacradas cruelmente.
Repunte de la malaria
La malaria ha tenido un repunte en los últimos años al sur del país. Entre 2010 y 2018, aumentaron los casos en un 797%. El año 2015 fue comparado con 2016, por un incremento preocupante de 136.402 a 240.613 casos. Mientras que en 2018 se registraron 404.924 casos.
Y debido a la migración interna de habitantes de Bolívar y del estado Amazonas, se ha propagado en otras regiones del país la enfermedad que había sido erradicada a mediados del siglo pasado.
