LA ZONA PÚBLICA : El Gobierno español y el proteccionismo autonómico.

Tanatorios que no permiten que funerarias de otros municipios acudan a ellos; exigencias de licencia urbanística para colocar solo una antena; prohibir a autoescuelas que puedan impartir clases teóricas online; las diferencias existentes entre regiones para conceder estrellas a los hoteles, o que no se acepten análisis clínicos de otras autonomías. Esos son solo algunos ejemplos de casos que se han revisado bajo la ley de unidad de mercado. Ahora, el Gobierno quiere coordinarse con las comunidades para crear un grupo en el que se tratarán estas materias a fin de mejorar el clima de negocios, compartir experiencias y adaptar las mejores prácticas.

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño. OSCAR CAÑAS EUROPA PRESS

Según explicaban entonces los propios autores de la ley, cuando hace cinco años se aprobó la garantía de unidad de mercado, en realidad se pretendía lo mismo que se hace en el mercado común europeo: que una licencia que se concede en una autonomía valga para todo el territorio nacional y no tenga que ser validada en otras 16 comunidades, lo que se convierte en un auténtico periplo burocrático para las empresas. Siempre se citaba que una máquina tragaperras necesitaba hasta 17 licencias en una suerte de proteccionismo autonómico.

Sin embargo, el problema de la unidad de mercado ha acabado siendo su nombre. La idea ha despertado muchos recelos entre las comunidades y también en los tribunales. Varias sentencias del Constitucional anularon el principio de licencia única y el de reconocimiento mutuo de normas —este último consiste en que si una empresa se ceñía a la normativa de una comunidad en principio también la cumplía en otra—. En estos momentos la ley ha quedado tocada y solo se mantienen los principios de no discriminación, de simplificación y los de necesidad y proporcionalidad en los requisitos exigibles.

Algunos expertos indican que los dictámenes del Constitucional no aguantarían el escrutinio del Tribunal de Luxemburgo. Solo que para que este asunto llegue a semejante instancia europea tiene que haber una reclamación de un particular que entre como una cuestión prejudicial.

Ante este panorama, Bruselas ha exigido a España en sus recomendaciones de julio de 2018 que tome medidas para reforzar la unidad de mercado. Otros años también ha insistido en que se mejore la normativa que se aplica a las empresas, sobre todo aquella que impide que ganen tamaño.

En su informe anual sobre España, la Comisión Europea dice: “La ley de garantía de la unidad de mercado lleva cinco años en vigor y, si bien se está aplicando, sus efectos siguen siendo limitados. La falta de una cooperación sólida entre todos los niveles de la Administración en lo que se refiere a la garantía de unidad de mercado se ha traducido de momento en unos resultados tangibles escasos. No se han adoptado medidas para eliminar las restricciones al crecimiento empresarial ni las que afectan a los servicios profesionales, aspectos que habían sido objeto de recomendaciones en años anteriores”.

En su plan nacional de reformas, el Gobierno ha contestado que planea crear una conferencia sectorial de comunidades que analice estos asuntos entre otras cosas. “La idea es hacerlo respetando escrupulosamente el ámbito competencial”, subrayan fuentes de la Administración.

En la legislación de unidad de mercado ya estaba prevista una conferencia de comunidades. Ahora se ha cambiado el nombre: la nueva conferencia Sectorial de Mejora Regulatoria y Clima de Negocios “se ocupará de preservar y mejorar el clima inversor en el país, y favorecerá la aplicación de los principios de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, promoviendo la mejora regulatoria y la adopción de las mejores prácticas en ámbitos como, por ejemplo, la tramitación de autorizaciones y licencias de actividad, sin merma de la autonomía de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos”, señala el plan de reformas remitido a Bruselas.

Calidad regulatoria

En la estructura de Gobierno, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, cuya actividad lidera el Ministerio de Economía, sirve para filtrar y consensuar todas las medidas que se toman con relevancia económica. Se analizan sus costes, sus efectos o las distorsiones que pueden ocasionar. Y se consensúa la letra pequeña entre todos los ministerios. En cierto modo sirve para que Economía filtre y dé coherencia a toda la política económica. Y algo de esto se quiere hacer con las comunidades. Si bien de manera muy distinta, porque, según insisten fuentes gubernamentales, “no se pretende menoscabar las competencias de las comunidades”.

Por un lado, se busca que esta nueva conferencia sectorial constituya una especie de foro nacional en el que se examinen las políticas en términos de eficiencia e impacto económico; se identifiquen barreras al crecimiento de las empresas y se den más facilidades para hacer negocios.

Según apuntan fuentes de la Administración, Economía también podría prestar asesoramiento a las comunidades. Y destacan que en ningún momento se trata de limitar las competencias, homogeneizar la regulación o entrometerse. Simplemente se intentará que las medidas que se tomen tengan sentido y que no introduzcan ineficiencias innecesarias.

Además, la conferencia copiará del Eurogrupo el funcionamiento del peer review, un esquema bajo el cual se comparten las experiencias de forma que así se extiendan las mejores prácticas. El principio rector será que las comunidades no tengan por qué hacerlo todas igual pero sí que todas puedan hacerlo mejor. Y habrá que esperar a que se formen los gobiernos autonómicos para ponerla en marcha.

Por otro lado, aunque en una fase más embrionaria, la intención es que también se extienda la presencia del Ministerio de Economía a todas las conferencias sectoriales como las de empleo, sanidad o educación. Se busca así que todas se impregnen de este espíritu de mayor calidad regulatoria y que el departamento de Calviño pueda contribuir con su asesoramiento.

LA FRAGMENTACIÓN NORMATIVA DESINCENTIVA LAS INVERSIONES

Ahora mismo España se encuentra en el puesto 30 del mundo a la hora de dar facilidades para hacer negocios, según el informe Doing Business 2019, elaborado por el Banco Mundial a partir de datos que miden la dificultad para abrir un negocio, obtener permisos de construcción, conseguir electricidad, la seguridad jurídica, el registro de propiedades, la disponibilidad de crédito, la defensa de los inversores minoritarios, la carga de los impuestos, las facilidades para el comercio o los procesos de insolvencia. Para la Comisión Europea, “el carácter restrictivo y fragmentario de la regulación en España impide a las empresas aprovechar las economías de escala”. Es más: “Sigue desincentivando la inversión”.

Durante el lustro que ha estado en vigor la ley de unidad de mercado, se han abordado unos 500 reclamaciones o procedimientos. Aun así, el Gobierno quiere que esta nueva conferencia refuerce la cooperación para agilizar la identificación de problemas, mejorar el clima de negocios y fomentar las inversiones.





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ESPAÑA ME MATA : Bioterrorismo ¿crisis sanitaria?.


El empleo de agentes biológicos como armas o medio de intimidación y alarma a la población ha sido utilizado desde tiempos inmemoriales en la historia del hombre. Es conocido que los griegos, los egipcios y los romanos, entre otras civilizaciones, utilizaban ropas contaminadas de personas fallecidas por una enfermedad infecciosa (peste, cólera, etc.) para introducirlos como elementos portadores del agente patógeno en la población objeto del ataque, o bien arrojándolos a los pozos de agua potable.

En nuestros días ha cambiado el procedimiento y la tecnología, pero no el fin último del uso de estos agentes biológicos para causar los efectos indeseables en cada caso, perseguidos por quienes los utilizan.



El desarrollo del "arma biológica" ha estado circunscrito, por lo general, al ámbito militar, donde se han especializado unidades NBQR (nuclear, biológico, químico y radiológico). Sin embargo, con el auge de los grupos terroristas y de manera muy especial los de naturaleza radical islámica, se ha generalizado y socializado la posibilidad de un atentado con agentes biológicos y, por tanto, el concepto de bioterrorismo como un riesgo emergente.

En 1994 (27 de junio) se produjo en Matsumoto (Japón) un atentado perpetrado por la banda AUM SHINRI-KYN en una zona residencial, utilizando gas sarín (nervioso) liberado en el aire. Produjo 7 muertos y cerca de 220 heridos. Posteriormente, el 20 de marzo de 1995, la misma banda atentó contra el metro de Tokio, usando el mismo gas y con un resultado total de 12 muertos y más de 5.000 heridos. Estas acciones terroristas hicieron saltar todas las alarmas mundiales, iniciándose una sensación generalizada de temor a nuevos ataques indiscriminados y con unos enemigos invisibles a los que es difícil atacar.

Pero fue tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, perpetrados por la organización terrorista Al Qaeda, dirigidos contra las torres gemelas de Nueva York, cuando cundió la alarma general al detectarse el envío de cartas cuyo contenido eran esporas del Bacillus anthracis. En diciembre de 2001 en EE.UU se habían producido unos 22 casos de carbunco confirmados como una consecuencia directa del envío intencionado de cartas. Se produjeron 5 defunciones y 7 personas afectadas.

Ausencia de planes específicos

Un efecto inmediato derivado de estos actos fue la resonancia que produjo en muchos países del mundo, donde se multiplicaron las alertas y las falsas alarmas por envíos de miles de cartas supuestamente contaminadas. Pero también estos actos de "bioterrorismo", real o no, pusieron de manifiesto la falta de preparación, en todos los sentidos, de la gran mayoría de los países para afrontar estas nuevas amenazas. Se pudo comprobar, por ejemplo, que por lo general no existían planes específicos de actuación ni protocolos de prevención sanitarios indicados para estas situaciones, tanto a escala nacional como internacional.

Los ataques bioterroristas generan una crisis en su más amplio sentido; por una parte las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los equipos de primera intervención, deben estar informados y entrenados en este tipo de actividad (equipos de detección, protección, escape, descontaminación, etc.) y por otra parte constituyen un reto para los servicios sanitarios, que deben contar igualmente con suficiente información y entrenamiento, además de una potente red de servicios de identificación y diagnóstico en laboratorios de referencia especializados, entre otros. Lógicamente este tipo de terrorismo implica una respuesta global y coordinada del Estado, poniendo a su alcance todos los recursos nacionales para su resolución, así como los mecanismos de coordinación y gestión de crisis en cada caso establecidos. Las lecciones aprendidas de este tipo de acciones terroristas han puesto de manifiesto la urgente necesidad de realizar una planificación con carácter previo, y no dejar a la improvisación las tareas de actuación operativas una vez se haya producido el acto terrorista.

En este sentido, las organizaciones internacionales competentes en estas materias entienden que es necesario mejorar los siguientes apartados:

Mejora en los sistemas internacionales / nacionales de alerta y vigilancia epidemiológica.

Creación de una red específica de laboratorios biológicos de alta protección (P3 y P4).

Realización de un plan de actuación sanitaria, multisectorial y realista para abordar de forma eficaz este tipo de situaciones.

Planes de Protección Civil como apoyo al Plan Sanitario.

Quimioprofilaxis precoz, es decir, disponer de un "stock" suficiente de antibióticos o fármacos específicos ante este tipo de amenazas. La disposición de vacunas es vital para estas situaciones, aunque no siempre posible, hasta conocer el agente causal de la enfermedad.

Disponer de equipos entrenados y bien formados especialmente para luchar contra este tipo de amenazas, contando para ello con un equipamiento específico y adecuado.

Iniciativas internacionales

Ante la situación actual en la que toda amenaza es posible y en cualquier parte del mundo, es decir la globalización del riesgo, las organizaciones internacionales no han dudado, unas con más agilidad que otras, en impulsar mecanismos y procedimientos generales de prevención y respuesta.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su resolución WHA 55.16 abordaba la necesidad de fortalecer la capacidad de los organismos de salud pública para dar respuesta a incidentes causados por la aparición natural, la liberación accidental o bien el uso deliberado de agentes biológicos, entre otros.

La OMS ha centrado siempre su atención en las posibles consecuencias sobre la salud pública de tales acciones y poner de manifiesto que el método de mayor eficacia para prepararse ante estas amenazas es el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia y respuesta epidemiológica y sanitaria.



En la citada resolución, la OMS instaba a los Estados Miembros a que trataran el uso deliberado de agentes biológicos y químicos como una amenaza global para la salud pública. Por otra parte, y ante una posible reintroducción de la viruela, ya sea por causa de un accidente de laboratorio o de un acto deliberado de bioterrorismo, se está constituyendo una reserva mundial de vacuna antivariólica. Igualmente se están desarrollando y reforzando redes de expertos y laboratorios de referencia para asegurar procedimientos estándar, actividades de capacitación y procedimientos de garantía de calidad respecto de patógenos peligrosos como por ejemplo el carbunco, la brucelosis, la turalemia, etc.

La OMS cuenta también con la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante brotes epidémicos (Red GOARN), que presta una asistencia inmediata en relación con temas de salud pública y con el fin de contener brotes de diferentes enfermedades. Su principal función consiste en combatir la propagación internacional de brotes mediante los procesos de identificación, verificación y comunicación rápida y eficaz de las amenazas sanitarias, con el fin de conseguir una respuesta coordinada internacional.

Por último, el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), constituye un conjunto de disposiciones de carácter obligatorio para los Estados Miembros de la OMS en materia de alerta y respuesta global ante enfermedades infecciosas. El RSI, recientemente revisado, impone obligaciones de mayor amplitud en el sentido de adoptar medidas preventivas sistemáticas relacionadas con la salud pública en fronteras, puertos, aeropuertos y en los medios de transporte internacional que circulan por ellos.

En el ámbito de la Unión Europea, también se ha desarrollado una importante actividad en este campo. La UE adoptó la decisión n.º 2119/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de septiembre de 1998, por la que se crea una Red de Vigilancia Epidemiológica y de control de las enfermedades transmisibles en la Comunidad. Esta Red se utiliza para la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles y con el fin de establecer un sistema de alerta precoz y respuesta para la prevención y el control de las enfermedades transmisibles, siendo la Comisión la encargada de la coordinación de la citada Red en colaboración con los Estados Miembros.

La Comisión igualmente estableció un Sistema de alerta rápida (RAS), a través de la Decisión 2000/57/CE, de 22 de diciembre de 1999, relativa al Sistema de alerta precoz y respuesta para la vigilancia y control de las enfermedades transmisibles en aplicación de la Decisión n.º 2119/98/CE. En este ámbito los Estados Miembros y la Comisión deben intercambiarse los siguientes hechos:

-- Los brotes de enfermedades transmisibles que se extiendan a más de un Estado Miembro.

La acumulación espacial o temporal de enfermedades del mismo tipo, en caso de que su posible causa sea la existencia de agentes patógenos y exista riesgo de propagación en la comunidad.



La acumulación de enfermedades del mismo tipo fuera de la comunidad en caso de que exista riesgo de propagación en la comunidad.

La aparición o reaparición de una enfermedad transmisible o un agente infeccioso cuya contención puede exigir la actuación coordinada de la comunidad.

Existen más mecanismos de intercambio de información en el ámbito europeo (Red Bichat, EWRS, etc.); sin embargo lo importante es comprobar su efectividad real en casos reales, como ya ha tenido la oportunidad de medirse en situaciones como el brote del síndrome respiratorio agudo (SRAS) o el actual desarrollo de la gripe aviar y su posible desenlace en una pandemia humana de enormes consecuencias sociales y sanitarias.

Quizás, y este es un tema para la reflexión, se han establecido demasiados mecanismos de alerta, información, etc., redundantes en muchos casos y que obliga a los Estados Miembros a atender demasiados foros de reunión y discusión internacional con lo que ello conlleva de coste de personal y económico. No obstante, está clara la necesidad de elaborar y consensuar criterios y actuaciones de ámbito internacional, sin que ello vaya en detrimento de garantizar, en lo máximo posible, la calidad y efectividad de la respuesta a escala nacional.

Las consecuencias o efectos previsibles más destacables del bioterrorismo son las siguientes:

1. Efectos en el sistema de salud pública: 

a) un elevado número de casos necesitan de cuidados médicos en un período muy breve de tiempo; 

b) aumento del pánico en la población (afectada o no), dificultad en el diagnóstico; 

c) contaminación de personas y estructuras y 

d) contaminación de aguas y alimentos.

2. Pérdidas económicas.

3. Miles de personas intentado abandonar el área afectada.

Medidas y capacidades necesarias para el manejo de esta situación (no en orden de prioridad por tiempos).

Soporte médico

Soporte psicológico.

Asistencia sanitaria (médicos, enfermeros, biólogos, veterinarios, etc.).

Expertos y especialistas en microbiología (laboratorios).

Hospitales con áreas específicas de tratamiento para infecciosos (aislados).

Almacenamiento de medicinas esenciales (vacunas, etc.).

Identificación, vacunación, chequeos médicos de casos y contactos.

Tratamiento intrahospitalario de afectados.

Organización de programas de vacunación preventiva cuando ello sea posible.

Cuando sea necesario, quimioprofilaxis de sospechosos y terapia adecuada de casos.

Laboratorios de referencia (redes de laboratorios biológicos especializados).

Refuerzo legal

Controles fronterizos para prevenir el tránsito de personas infectadas.

Sellado y control de zonas contaminadas.

Capacidades forenses.

Identificar infraestructuras y servicios esenciales.

Medios de transporte y servicios básicos

Evacuaciones masivas.

Medios: refugios temporales, ropa, comida, servicios higiénicos, etc.

Medios de transporte especiales para pacientes infectados.

Manejo de la información

Sistemas de alerta ágiles y eficaces.

Agencia de información de afectados.

Sistemas de traducción a diferentes lenguas.

Información a la población sobre medidas de salud pública, seguridad alimentaria y otras que se entiendan necesarias.

Gabinetes de coordinación informativa con los medios de comunicación social.

Técnicas y tácticas de intervención

Intervención de equipos especialmente adiestrados y equipados para las labores de identificación, evacuación, toma de muestras y descontaminación de personas y efectos.

Equipos especializados en la descontaminación del terreno e infraestructuras.

Equipos multidisciplinares (policía, médicos, equipos de emergencia, protección civil, etc.) para la primera intervención de casos detectados y su contención.

Sistemas de telecomunicaciones (comunicaciones seguras entre los equipos de intervención y los centros de coordinación): 

a) centros de soporte de comunicaciones y b) definición y delimitación de servicios en zonas afectadas.

Equipos de atención psicológica.

Sistemas mortuorios: a) tanatorios (temporales / móviles) y b) crematorios autorizados.

Necesidades asistenciales

Almacén de vacunas, fármacos e inmunoglobulinas.

Expertos epidemiólogos y analistas clínicos.

Equipos expertos en descontaminación.

Transporte e instalaciones de aislamiento y cuarentena.

Laboratorios de referencia.

Ante un hipotético atentado terrorista en el que se utilicen agentes biológicos (bioterrorismo), a nadie se le escapa la gran magnitud de efectos y consecuencias que ello conllevaría. Los resultados multisectoriales e indiscriminados de tal acto provocarían de forma inmediata una respuesta por parte de los organismos estatales que permitiese realizar la coordinación efectiva de todos los sectores implicados.

Adecuación del sector sanitario

El sector sanitario es, sin duda, de vital importancia a la hora de dar una respuesta sanitaria de todo orden que permita las tareas de identificación, diagnóstico y tratamiento de los efectos adversos producidos para la salud, a la vez que procura mantener un nivel de atención normalizado a la población no afectada, dentro de lo posible.

Es importante que una crisis no desencadene otra; para ello, las tareas de prevención y pre-planificación son imprescindibles y esenciales, si es que se quieren alcanzar unos niveles adecuados de atención y resolución del problema.

En los últimos años, situaciones como el llamado mal de las "vacas locas", el SARS o en la actualidad una posible pandemia de gripe aviar ponen de manifiesto los efectos directos colaterales en el sector de la salud pública, así como su enorme influencia en la población, creándose en muchas ocasiones situaciones de alarma y pánico que generan unas demandas concretas y actuaciones efectivas de la administración competente en cada caso.

Si bien hasta la fecha no se han producido actos concretos de bioterrorismo, la amenaza de su posible uso está presente en todos los estamentos públicos y privados.

Una escalada de la tensión mundial en los muy diferentes focos de conflicto que están latentes en la actualidad puede provocar unos actos desesperados e irracionales por parte de células terroristas radicales, que conlleven el uso de agentes biológicos como soporte de las acciones terroristas.

No obstante, conviene especificar que en contra de lo que en muchas ocasiones se puede leer en artículos de prensa, más o menos especializados, el uso de microorganismos para actos terroristas es complejo y no especialmente accesible y manejable sin una formación y especialización adecuadas. En una sociedad como la actual se debe estar preparado para las llamadas amenazas emergentes, fundamentalmente las derivadas de los actos de terrorismo en todas sus vertientes, desarrollando para ello actuaciones preventivas de ámbito nacional e internacional, mejorando los sistemas de alerta, así como las actuaciones de asistencia, tratamiento y rehabilitación.


















Este (arriba), podría ser el mejor exponente de la información adecuada en el momento adecuado para mostrar en todo su esplendor la política prefabricada para psicosis prefabricada, preferentemente dirigida a un público con ideas prefabricadas y predispuesto a  entrar por el aro de la manipulación y la desinformación, mientras el “terrorismo verde” y  alimentario transfronterizo revolotea por los tejados de las administraciones y sus dirigentes acatan la última orden.






Listeria. Bioterrorismo de “andar por casa”?



La última alerta sanitaria activada en España, a causa de un brote de Listeriosis, provocado por una supuesta contaminación alimenticia, nos conduce a la hipótesis del boicot, dirigido hacia ciertos productos alimenticios como la carne. El caos que se percibe, a nivel ciudadano, se suma al mediático, junto a la confusión derivada de la descoordinación que aparentan mostrar los órganos de gobierno vinculados a la sanidad  y, esta última. El ciudadano como consumidor, optará por atender a la consigna proveniente de los medios de comunicación, previamente “instruidos” con el mensaje de alarma o de tranquilidad consensuado con quienes participan -conscientes o no- del supuesto beneficio creado por el “boicot”. Y, por aquellos medios al servicio del gobierno de turno que, a pesar de no contar con la información contrastada, opta por eliminar el producto de las estanterías de los establecimientos de comestibles sin que, por otro lado, se especifique que destino se dará al género retirado pues, ningún medio de comunicación se hace eco de este dato, ni muestra la destrucción de los alimentos. 

La psicosis creada en torno al consumo de carne, derivada de la fraudulenta “política verde” que por imperativo legal, desarrollan organismos, no menos fraudulentos, como la ONU, nos conduce hasta un terreno tan resbaladizo e inestable, como para poner en tela de juicio la buena gestión de las administraciones, en cuanto a las medidas de seguridad que deben regir en cualquier país desarrollado, a nivel de bioseguridad. Como dato a tener en cuenta, en este caso, según se desprende de la información, nos encontramos además, con el componente abortivo (eugenesia) de un agente responsable de un “número desconocido de abortos inexplicables”.

El detalle de dicha crisis lo marca la información proveniente del portal del Instituto Broad del MIT y Harvard, en el que se nos identifica al agente causante de la Listeriosis como un “agente bioterrorista de categoría B" del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, en español.






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LA ZONA ECOLÓGICA : Cadáveres para hacer abono: el plan para acabar con cementerios y crematorios.




El estado de Washington quiere legalizar el compostaje y la hidrólisis de los cadáveres para ahorrar espacio en los cementerios y emisiones a la atmósfera.

En los Estados Unidos no se estilan los nichos. Como el cine se ha encargado de mostrarnos reiteradamente, los cementerios en este país suelen ser amplias extensiones de verdes praderas sembradas de cruces y lápidas individuales. Hasta ahora, las opciones funerarias en este país se limitaban básicamente a acabar bajo ese césped, o esparcido a modo de cenizas por algún rincón autorizado. Pero en breve los muertos tendrán una alternativa ecológica, más barata aunque también extravagante: volver al ciclo vital descansando eternamente sobre las plantas, convertidos en compost

El estado que ha puesto este nuevo método funerario sobre la mesa ha sido Washington, que acaba de tramitar una ley que autoriza la conversión de cadáveres en abono orgánico para el jardín. A falta de la firma del gobernador, este nuevo sistema, impulsado por una empresa privada, promete un bonito final, retornar a la naturaleza sin dejar huella ecológica en nuestro último adiós, a cambio, eso sí, de un desagradable proceso de descomposición.

La compañía impulsora de esta idea se llama Recompose y tiene la sede en Seattle. Su fórmula es una versión mejorada de la descomposición microbiana natural. “En realidad, es el mismo proceso que se da en el suelo de los bosques, ya que la hojarasca, las ardillas y las ramas de los árboles se deshacen y se convierten en tierra vegetal”, explica al Washington Post la fundadora de la compañía, Katrina Spade.

Katrina Spade


El aspecto económico también puede resultar ventajoso. Según la National Funeral Directors Association (NFDA), el coste medio de un funeral en EEUU con velatorio y entierro en 2016 fue de 7.360 dólares. Si se incluye la fosa, la cifra sube a 8.508. Y esto sin tener en cuenta los pagos a cementerios, las lápidas o las  flores. En el caso de la incineración, la factura media en 2017 fue de 6.260 dólares.

El precio del servicio de compostaje rondaría los 5.500 dólares. El cadáver se introduciría en un recipiente cilíndrico individual junto a alfalfa, paja y astillas de madera. Previamente se le extraerían los marcapasos, así como los implantes artificiales que se hayan ido acumulando en el organismo a lo largo de la vida. Se incorporarían los microbios y se cerraría. En unos 30 días, las temperaturas en el receptáculo suben hasta los 65 grados. La descomposición destruiría el cuerpo (piel, huesos, todo)  así como los agentes patógenos. 

El resultado sería casi un metro cúbico de tierra por finado. La familia podría llevársela a casa para abonar el jardín o, si lo prefieren, donarlo. El esparcimiento de este producto seguiría las mismas restricciones que las cenizas en casos de incineraciones. 

Aunque a primera vista este proceso se antoje poco apetecible, hay que considerar que en EEUU, en la mayoría de los casos, a los muertos se los embalsama. Este trámite tampoco es del gusto de todos. La razón es que en este país, a diferencia de España, los entierros se producen bastante tiempo después del fallecimiento, generalmente para que la familia tenga tiempo de organizarse y llegar a la ceremonia -no todos suelen vivir en el mismo estado-.

Katrina Spade, el Equipo Recompose, directores de funerarias, científicos, senadores y activistas de base junto al gobernador Jay Inslee firmando la ley SB5001 el 21 de mayo de 2019.

El proceso de embalsamamiento consiste en extraer los líquidos naturales del cadáver y sustituirlos por productos químicos conservantes, que con el tiempo se filtran al subsuelo, lo que supone un riesgo para el medio ambiente a largo plazo. 

El Green Burial Council es una entidad que promueve los entierros ecológicos. Entre otros métodos, apuestan por la inhumación directamente bajo tierra, en ataúdes biodegradables, sin embalsamamiento, ni fosas de cemento. Tampoco les gustan las incineraciones por las emisiones que producen.

“Con los cementerios llenos incluso en las áreas rurales, tenemos que desarrollar una alternativa que realmente aborde los problemas del espacio, la accesibilidad, las repercusiones ambientales y las necesidades emocionales de las familias”, explica a Newsweek Lee Webster, una de sus miembros.

Actualmente, según los datos de NFDA, el 51 por ciento de las familias escogen la cremación como método funerario, frente al 42 por ciento que elige el entierro. Esta organización estima que en 2030 será el 70 por ciento de la población la que optará por la incineración, una técnica que arroja a la atmósfera hasta 250 kilos de dióxido de carbono

Por contra, el compostaje humano, según sus partidarios, es una opción ecológica que puede satisfacer esta creciente demanda de una alternativa al entierro tradicional.  


Antes de elaborarse esta legislación, la Universidad del Estado de Washington probó con éxito la idea en siete cuerpos donados. Antes, en 2016, ya se testó el proceso pero introduciendo varios cadáveres en una estructura de mayor tamaño, tipo silo, junto a materia orgánica. 


El senador estatal Jamie Pedersen, del Partido Demócrata, presentó el proyecto de ley ante la cámara de Washington, que la aprobó por consenso en abril. A su juicio, este método supone una alternativa verde a las inhumaciones e incineraciones habituales. En su opinión, el gobernador Jay Inslee, también demócrata y muy preocupado por el cambio climático, no pondrá reparos a su normativa, que debería firmar durante el mes de mayo.

Disolver el cadáver

De conseguir el visto bueno, la ley entrará en vigor en mayo de 2020, y también legalizaría la hidrólisis alcalina. Ese método permite disolver los cuerpos en líquido utilizando una base de hidróxido de potasio o carbono a altas temperaturas. Esto diluye los órganos y los transforma en un fluido que se filtra varias veces antes de ser arrojado al desagüe. Quedan sólo los huesos, que se trituran para entregar a la familia del difunto un polvo similar a las cenizas. En la última década, más de una docena de estados lo han aprobado.


Lo que todavía nadie ha hecho es aplicar la técnica del compostaje que, por otra parte, es bastante común en la ganadería, según apunta Lynne Carpenter-Boggs, científica de suelos de la Universidad del Estado de Washington y asesora de Recompose. Gracias a este método, durante un brote de gripe aviar, se convirtió en abono a las aves infectadas.

La compañía sostiene que existe mucho interés por este sistema, especialmente desde estados vecinos como California, y otros como Colorado y Vermont. También asegura haber recibido mensajes de particulares desde otros países. De extenderse esta nueva técnica, los funerales en EEUU podrían comenzar a celebrarse, literalmente, en el jardín de casa.