Sakineh Mohammadi.
En el juicio, dos de los cinco jueces del tribunal la declararon inocente, señalando que ya había sufrido una condena de flagelación y que no había pruebas suficientes de adulterio contra ella.
Sin embargo, los otros tres, incluido el presidente del tribunal, la declararon culpable basándose en el “conocimiento del juez”, un principio de la legislación iraní que permite a los jueces adoptar una decisión en relación con la culpabilidad del acusado, aun en ausencia de pruebas claras o concluyentes.El Tribunal Supremo confirmó la condena de muerte el 27 de mayo de 2007.
Su indulto pende de la decisión de la Comisión de Amnistía e Indulto, que ya se lo ha negado dos veces.
El gobierno iraní hizo público un comunicado el 8 de julio en el que informaba de que Sakineh Mohammadi Ashtiani no sería lapidada; posteriormente, el 13 de julio el Ministro de Exteriores de Irán, Manucher Mottaki, desmintió estas afirmaciones atribuyéndolas a “propaganda occidental”.
Ante esta situación, es necesario que las autoridades iraníes aclaren a sus hijos y abogados cual es la condición jurídica actual de Sakineh Mohammadi.
Manucher Mottaki
Hasta que tanto ella como su abogado hayan recibido una notificación oficial, estas declaraciones contradictorias no permiten descartar que Sakineh Mohammadi pueda ser lapidada.El 14 de julio, Sajjad Qaderzadeh, hijo de Sakineh Mohammadi Ashtiani, fue citado en la Prisión Central de Tabriz, y se cree que ha sido interrogado por funcionarios del Ministerio de Información, que posiblemente le han amenazado para que no conceda más entrevistas sobre el caso de su madre.
"Es la ley islámica", comenta un funcionario del Ministerio de Orientación Islámica de Irán al que no le ha gustado la información sobre la condena a morir lapidada dictada contra Sakineh Mohammadi Ashtiani.
La idea de que el apedreamiento hasta la muerte es un castigo ordenado por Dios para los adúlteros la repiten también clérigos y zelotes, que recurren a los textos sagrados en busca de justificación.
Sin embargo, la pena no está mencionada en el Corán, hay ulemas que discrepan y muchos analistas atribuyen a motivos políticos su introducción en el Código Penal.
La sentencia de Ashtiani, suspendida temporalmente ante la presión internacional, reabre el debate de la universalidad de los derechos humanos.
"El concepto de interpretación es muy importante aquí", explica Mehdi Zakerian, presidente de la Asociación Iraní de Estudios Internacionales.
Aunque Irán ha ratificado la Declaración Universal de Derechos Humanos y las dos convenciones que la desarrollan, se opone a la idea de universalidad.
Sin duda, la República Islámica tiene que cumplir y respetar esos acuerdos, pero ha adoptado lo que este experto denomina "una nueva diplomacia", que defiende que los países occidentales no pueden imponer su propia visión.
"Irán encabeza a los países islámicos que justifican que la sharía y el papel de la familia son más importantes que los derechos humanos definidos por Occidente sin atender al sexo, la religión o el origen", afirma Zakarian.
Además, recuerda que "a diferencia de los países occidentales, en Irán la legislación nacional prevalece sobre la internacional".
Tachada de medieval e inhumana en Occidente, la lapidación tampoco tiene buena prensa en Irán por mucho que las autoridades recurran al escudo de la religión, la cultura o las tradiciones para defenderla. "
No he visto ningún decreto en el Sagrado Corán sobre ese castigo", ha declarado Zahra Rahnavard, la mujer del líder reformista Mir-Hosein Musavi, a raíz del caso Ashtiani y a sabiendas de lo delicado del asunto.
Abogados, defensores de los derechos humanos y feministas que luchan por la abolición de ese tipo de leyes, a menudo terminan en la cárcel o en el exilio.
De hecho, la lapidación para los adúlteros no se introdujo en el Código Penal hasta 1983, cuando se renovó ese texto a raíz de la revolución islámica.
Desde entonces hasta 1997, Irán ha ejecutado a una media de 10 personas al año por ese procedimiento, según estimaciones de las organizaciones de derechos humanos.
Aquel año, llegó al Gobierno el reformista Mohamed Jatamí y aunque no cambiaron las leyes, se suavizaron sus aristas.
El deseo de mejorar las relaciones con el resto del mundo permitió lo que la UE llamó "diálogo crítico" que, entre otras cosas, consiguió que en 2002 el poder judicial declarara una moratoria de los apedreamientos.
Mohamed Jatamí
La decisión no convenció a los jueces más conservadores, que siguieron dictando condenas de lapidación. Al no trasladarse a las leyes, tampoco se aclaró si esas sentencias debían de conmutarse.
Algunos reos fueron ahorcados, otros quedaron encarcelados en medio del limbo legal y los menos salieron en libertad, gracias sobre todo a una red de mujeres y abogados que trabajaba para eliminar esa pena del Código Penal.
Pero después de la llegada a la presidencia de Mahmud Ahmadineyad, en 2005, el nuevo clima alentó que volvieran a aplicarse las sentencias de lapidación.
Mahmud Ahmadineyad
Al año siguiente, hubo dos casos extraoficiales en Mashhad, y en julio de 2007, un portavoz judicial confirmó la muerte a pedradas de Jafar Kiani en Qazvin.
"No existe ninguna correlación entre la lapidación y los valores islámicos", defiende el ayatolá Mohammad Ebrahim Yannati.
Pero como señala Mehrangiz Kar, "los clérigos que opinan así no tienen ningún poder dentro del régimen".
Kar, abogada y activista de los derechos de la mujer, trabajó en varios casos de lapidación antes de verse obligada a abandonar su país en 2001.
Mehrangiz Kar
Sin embargo, el ex presidente Ali Akbar Hashemí Rafsanyaní, que ha sido uno de los políticos más poderosos de Irán, llegó a tachar de "jueces con mal gusto" a quienes imponían esa pena.
"Apoyar la lapidación es un acto político simbólico", interpreta por su parte Darius Rejali, profesor del Reed College de Oregón y autor de Torture and Democracy (Princeton, 2007).
"Se parece mucho a los políticos que en EE UU defienden la pena de muerte para mostrarse 'duros frente a la delincuencia' (...). Lo mismo ocurre con la lapidación en Irán, para algunos conservadores, atrae apoyo político", explica en un correo electrónico.
Ali Akbar Hashemí Rafsanyaní
Kar es partidaria de que la comunidad internacional, en sus relaciones con la República Islámica, dé prioridad a los abusos de derechos humanos frente al programa nuclear.
"Si se crea un clima de moralidad internacional contra el país violador, ayudaría a que cambie de actitud", coincide otro activista desde el anonimato porque sigue trabajando dentro de Irán.
El año pasado una campaña internacional logró salvar la vida de Kobra Najjar, cuya condena a morir lapidada se conmutó por 100 latigazos.
Las presiones internas y externas también contribuyeron a que el poder judicial excluyera la lapidación del nuevo Código Penal que en 2008 presentó ante el Parlamento, donde sigue debatiéndose.
Kobra Najjar
Aunque pocos iraníes creen que el Consejo de Guardianes, un órgano no electo con poder de veto sobre todas las decisiones del Parlamento, vaya a dar su visto bueno, el mero debate revela la naturaleza política del asunto.
La sentencia de apedreamiento contra Sakineh Ashtiani ha sido solo la última en conocerse.
Lo polémico de estas condenas y la vergüenza que se hace recaer sobre las familias de las víctimas contribuyen a que no se difundan.
Esta lista confirma la denuncia que Amnistía Internacional hiciera en 2008 de que ese castigo se aplica más a menudo a las mujeres que a los hombres.
El futuro de Sakineh.
Sakineh Mohammadi Ashtiani no será lapidada. Ante la movilización internacional, las autoridades iraníes han anunciado que no ejecutarán la sentencia dictada por los jueces.
Pero, atención: Sakineh Mohammadi Ashtiani aún no está a salvo, ya que todavía pueden aplicarle lo que en Irán llaman púdicamente "pena sustitutoria", es decir, la muerte por ahorcamiento, por ejemplo.
Ahora bien, ¿qué crimen cometió Sakineh Mohammadi Ashtiani, una madre de familia de 43 años?
¿Qué imprescriptible falta la hizo merecedora, hace cuatro años, de 99 latigazos y, más tarde, de una condena que consiste en ser enterrada viva hasta el cuello para que una horda de machotes le destroce la cabeza a pedradas?
Sí, ¿cuál fue ese crimen que pese a que, lo repito, la Embajada de Irán en Londres acabe de anunciar la anulación in extremis de la orden de lapidación, la retiene en el corredor de la muerte de la prisión de Tabriz a la espera de un castigo que, aunque aparentemente menos bárbaro, será igual de atroz?
Sayed Alí Jamenei
Su crimen, su único crimen, un crimen que, entre paréntesis, ella niega haber cometido, y pese a que tres de los cinco jueces que se pronunciaron sobre el caso expresaron serias dudas sobre su culpabilidad, la abocan a una salvaje ejecución, no es otro que el de haber mantenido relaciones extramatrimoniales con un hombre varios años después de... ¡la muerte de su marido!
La acusación sería grotesca si sus consecuencias no fuesen tan abominables.
Sería digna de figurar en el extenso repertorio de dislates y locuras de los Estados totalitarios si no fuera porque al menos seis personas (cinco hombres y una mujer) han sido lapidadas desde el año 2002, pese a la moratoria decretada entonces sobre este tipo de castigo.
Esa moratoria que no impide que las lapidaciones se sigan produciendo, es considerada nula y sin efecto por distintas autoridades religiosas, políticas y judiciales iraníes:
¿acaso Alireza Jamshidi, portavoz del Ministerio de Justicia, no declaró en enero de 2009 que el concepto de moratoria no tenía sentido alguno en el derecho iraní?
Alireza Jamshidi
¿Acaso el Consejo de Guardias de la Revolución no lucha con uñas y dientes para impedir que la lapidación quede fuera del nuevo Código Penal, que algunos reformistas parecen deseosos de retocar?
Por todas estas razones, el de Sakineh Mohammadi Ashtiani es un caso de vital importancia.
Desede aquí podeis enviar vuestro llamamiento al ayatolá Sayed Alí Jamenei, guía supremo de la República Islámica de Irán, cuya dirección de correo electrónico acaba de hacer pública Amnistía Internacional (info_leader@leader.ir).
Asimismo, deben enviárselo al ministro de Justicia, el ayatolá Sadegh Lariyaní, a la dirección siguiente, igualmente publicada por Amnistía Internacional, y a través de la cual parece que se puede llegar hasta él:
Office of the Head of the Judiciary; Pasteur St. Vali Asr Ave.; south of Serah-e Jomhouri; Tehran 1316814737; Islamic Republic of Iran.
Sadegh Larijani
También pueden enviar una copia al secretario general del Alto Consejo para los Derechos Humanos, Mohamed Javad Lariyaní: Pasteur St; Vali Asr Ave.; south of Serah-e Jomhouri; Tehran 1316814737; Islamic Republic of Iran.
Hay que inundar de mensajes los despachos de estos funcionarios.
Todos deben ser conscientes de que el mundo tiene los ojos fijos en ellos y en el destino de Sakineh Mohammadi Ashtiani, así como de las otras 11 personas (ocho mujeres y tres hombres) que, en otros corredores de la muerte, esperan para saber si serán lapidadas o no.
Hay que recordarles que un gran país como el suyo, heredero de tan excelsa cultura, no puede aferrarse a unas prácticas punitivas tan atrozmente bárbaras y que contravienen tan abiertamente el "Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos", del que Irán es signatario.
HABLA EL ABOGADO
A sus 37 años, Mostafaeí se ha hecho un nombre como especialista en cuestiones de derechos humanos y de menores condenados a muerte.
Mohammad Mostafaeí, abogado de Sakineh M. Ashtianí.-
De los 13 condenados a morir apedreados que ha defendido, 10 están en libertad y tres siguen en la cárcel. También ha logrado liberar de la horca a 13 de los 45 menores cuyas familias recurrieron a él (cuatro han sido ejecutados y el resto aún están pendientes).
Más que un trabajo, es una misión.
Pregunta. ¿Le gustan los casos difíciles o este país tiene un sistema judicial difícil?
Respuesta. Empecé hace ocho años dedicándome a casos relativos a mujeres, pero hace cinco me enteré de que una chica llamada Nazanín había sido condenada a muerte por un asesinato cometido cuando tenía 16 años.
Accedí a su expediente y fui a verla en la cárcel para presos peligrosos en la que estaba ingresada.
Su aspecto inocente contrastaba con la gravedad del delito que se le atribuía. No podía dar crédito a las acusaciones y decidí ayudarla. El juez terminó por admitir que había actuado en defensa propia. Así empecé a trabajar sobre las ejecuciones de menores.
P. Irán ha firmado la Convención de los Derechos del Niño que prohíbe la ejecución de menores. ¿Se ha producido algún avance?
R. El artículo 37 de esa convención prohíbe para ellos la pena capital y la cadena perpetua. Hablé de ello con los jueces, pero me decían que contravenía la religión y por eso lo rechazaban.
Como el Consejo de Guardianes vigila por la compatibilidad de las leyes con el islam, busqué acceso a los textos de sus debates y encontré que en una reunión concluyeron que ese artículo no iba contra la religión. Así que me puse a ayudar a estos adolescentes.
Cuando tuve 16 casos, escribí mi primera carta al jefe del poder judicial y tuvo mucho impacto.
El resultado de mi trabajo ha sido concienciar a las autoridades de que hay otras fórmulas distintas a la ejecución de menores.
P.¿Por qué decidió denunciar en su blog el riesgo de lapidación de Ashtianí?
R. Ashtianí solicitó el indulto en tres ocasiones y se lo negaron. En su expediente, sin embargo, había muchas irregularidades y tras hacerlo público las autoridades se dieron cuenta.
Al resto de los países les llama la atención que Irán sea el único en aplicar esta forma de ejecución. Mi objetivo es acabar con ese tipo de pena.
P. En Occidente la gente se horroriza solo con mencionarla, pero las autoridades insisten en que es la ley islámica. ¿Es la ley islámica o la ley de los hombres?
R. En el Corán no está recogida. Irán la introdujo en el Código Penal después de la revolución islámica basándose en [la doctrina de] las fuentes de emulación [las máximas autoridades religiosas del islam chií].
La mayoría de las autoridades y de los iraníes consideran la lapidación una pena muy cruel.
La mayor parte de los detenidos por adulterio no son condenados a lapidación porque los jueces son conscientes de que no se trata de una pena adecuada, pero como está en el Código Penal, algunos dictan sentencias y las remiten a una instancia superior para su ratificación.
Cuando conocemos algún caso, intentamos mediar ante la comisión de indultos para evitar la ejecución, como en el caso de Ashtianí. Se trata de un tipo de pena que no es digno del ser humano.
P.¿Son los derechos humanos universales o, como defiende Irán, deben estar sujetos a particularidades culturales?
R. La mayoría de los derechos humanos son de sentido común y, por tanto, globales, como el derecho a la vida o a tener un juicio justo. También hay que tener en cuenta las particularidades de cada región, pero eso no debe convertirse en un pretexto para violar los derechos humanos.
P.¿Garantiza el sistema judicial iraní el derecho a un juicio justo?
R. Nuestro Código Penal restringe el derecho de asistencia letrada al no permitir la presencia del abogado durante el proceso de instrucción, los interrogatorios y las audiencias previas al juicio. Eso contradice el derecho a un juicio justo.
Además, la ausencia de abogado en esa fase, da lugar a malentendidos. Cuando llegan ante el tribunal muchos encausados declaran que confesaron bajo presiones o torturas. Y en muchas ocasiones es cierto.
A veces también violamos las garantías en la práctica, a pesar de que estén protegidas en la legislación. Por ejemplo, la ley establece que una vez que se ha establecido un delito, se impone una fianza y la persona queda en libertad.
Sin embargo, a veces no sucede, o se impone una fianza muy alta, incluso en ocasiones la orden de detención llega después de que la persona haya sido detenida.
P. Tal fue su caso el año pasado. ¿Por qué le detuvieron?
R. Vino a Irán alguien que había conocido en un viaje a Alemania, quedé con él y unos amigos para cenar en un restaurante y agentes de la policía secreta nos detuvieron sin ninguna orden judicial.
Me enviaron a la prisión de Evin y registraron mi oficina y mi casa.
Cinco días después, dejaron en libertad al alemán, y dos días más tarde, a mí. Aunque se dieron cuenta de que no había motivo para ello, como emitieron una orden judicial para justificar la detención, tuve que pagar una fianza.
Luego el caso se cerró, pero hace siete meses me pararon en el aeropuerto y me retiraron el pasaporte.
No lo he recuperado hasta la semana pasada.
NOTA DE Amnistía Internacional.
El Gobierno iraní ha reaccionado a la presión internacional contra la lapidación de Sakineh con una campaña de acoso y amenazas.
El abogado de Sakineh, Mohammad Mostafaei (en la foto), está en paradero desconocido desde el 25 de julio, un día después de ser interrogado por las autoridades iraníes, quedando luego en libertad.
Antes de desaparecer, Mohammad dejó escrito en su blog: “Es posible que me detengan”. Ese mismo día, su mujer y su cuñado fueron detenidos.
Además, esta semana hemos mantenido una reunión con la Embajada de Irán en Madrid, a petición suya, lo que demuestra que la presión internacional está surtiendo efecto.
Desde Amnistía Internacional ya hemos enviado más de 236.000 firmas a las autoridades iraníes contra la ejecución de Sakineh y necesitamos que nos ayudes a conseguir muchas más para ejercer toda la presión posible.
ANTES DE LA MASACRE.
Desde la década de 1960, las leyes de pases fueron el instrumento principal utilizado por el Estado para detener y perseguir a sus opositores políticos. 
LA MASACRE
Menos de 20 oficiales de policía estaban presentes en el centro al inicio de la protesta. Más tarde, la multitud creció a cerca de 20.000, y el estado de ánimo se puso feo. 
MUERTE Y LESIONES.
MOTIVOS.
LA RESPUESTA.
La masacre de Sharpeville condujo a la prohibición de la CAP y el ANC y fue uno de los catalizadores de un cambio de la resistencia pasiva a la resistencia armada por estas organizaciones. 
CONSECUENCIAS.
Día Internacional para la eliminación de la Discriminación Racial.
LOS SEIS DE SHARPEVILLE.
Las condenas fueron reconocidas ampliamente por la comunidad internacional como ilegales y racistas, en particular en Naciones Unidas la Resolución 610 y 615 . 
De los seis, sólo cuatro apelaron y los otros dos indicaron que no serían ejecutados. 
