LA ZONA PÚBLICA : Torreblanca se rebela contra el lastre de la delincuencia y el paro.

En las Navidades de 2017, miles de vecinos de Torreblanca se echaron a la calle en demanda de más seguridad en sus calles. Llevaban semanas soportando robos y alzaron la voz para denunciar que no querían que la delincuencia acabara destrozando un barrio obrero en el que viven más de 20.000 almas. Meses después de aquella movilización, el Ayuntamiento anunciaba que ponía en marcha la Policía de barrio y que Torreblanca era la primera zona de Sevilla en la que entraba en funcionamiento. Nunca llegaron a cumplirse las palabras del alcalde Juan Espadas.

Casi tres años después de aquello, los vecinos soportan un repunte de la violencia en sus calles. Los culpables, varios clanes que tratan de hacerse con el mayor número de viviendas ocupadas para mercadear con ellas o explotarlas como narcopisos. En el último episodio, varios integrantes de Los Pingajos tirotearon a una familia, con un bebé de 10 meses, porque se resistía a dejar su casa. Todo ocurrió a plena luz del día y los vecinos han vuelto a decir basta.

Hace unos días varias entidades se reunían. Entre los acuerdos alcanzados, la petición de una reunión urgente con la delegada de distrito, Adela Castaño, y el delegado de Gobernación, Juan Carlos Cabrera. «No podemos seguir esperando a que vengan más policías. Lo que ocurrió el otro día pudo acabar en tragedia. Nos está llegando lo peor de barrios como las Tres Mil o Los Pajaritos, a veces realojados por los propios servicios sociales», señala el presidente de la asociación de comerciantes y profesionales de Torreblanca, Juan María Soto Vera.

El gueto que se expande

Los pequeños empresarios, junto a vecinos, colectivos sociales y la Iglesia a través de la Hermandad de Los Dolores se están organizando para tratar de frenar la degradación progresiva del barrio. El temor es que la delincuencia y la marginalidad se vaya extendiendo. Si hace unos años, el deterioro social se centraba en las casitas, en el entorno de la plaza del Platanero; a día de hoy los problemas ya han desbordado los límites de esta suerte de gueto y los clanes ya controlan viviendas en la zona de los pisos blancos. El último tiroteo se inició en esta parte del barrio, a bastante distancia de las casitas.

«Allí se fueron quedando muchos pisos vacíos con la crisis del ladrillo. Y así empezaron a ocuparlos. Hubo quien les vendió su casa a muy bajo precio antes de que se la quedara el banco en venganza por el desahucio. Otros se vieron obligados a marcharse porque la convivencia en el bloque se hacía imposible», señala un miembro de la plataforma Torreblanca Unida que prefiere guardar el anonimato por razones de seguridad. Sus palabras las corrobora la Policía Nacional, que ve en el mercado negro de estos pisos ocupados, la principal fuente de conflictos entre clanes.

El recrudecimiento de la lucha entre estas organizaciones criminales ha llegado en un momento muy difícil para Torreblanca, el cuarto barrio más pobre de España con una renta por persona de 5.944 euros anuales. La crisis del coronavirus se ha cebado con las economías más débiles y este trozo del este de Sevilla no ha sido una excepción. El confinamiento dejó sin ingresos de la noche a la mañana a muchas familias que estaban fuera de la red asistencial de los servicios sociales municipales porque hasta el 14 de marzo tenían trabajo aunque fuera sin contrato o en la venta ambulante. «La ayuda pública ha tardado en llegar y las primeras semanas se vivieron momentos muy duros». Teresa Herrera es profesora del IES Torreblanca. Además, es la artífice de una cadena de ayuda que ha dado comida a 350 familias en plena pandemia y ha conseguido recaudar 19.000 euros gracias a las aportaciones de entidades como la Hermandad de la Macarena, «pero sobre todo de familias normales que han arrimado el hombro».

El desencadenante fue el comentario que le hizo la madre de un alumno cuando la llamó para ver cómo llevaban el confinamiento. «Me dijo que una chica –otra madre del colegio– se había desmayado en la calle porque llevaba tres días sin comer. Lo poco que le llegaba era para sus hijos». Esa madre no recibía ayuda de los servicios sociales porque trabajaba como pinche de cocina sin contrato. Cuando cerró el bar, se quedó en la calle y sin ayuda de ningún tipo. «Cuando decidimos iniciar una colecta mayor para ayudar a más gente, nos vimos sorprendidos por la demanda. Terminamos ayudando a centenares de familias a las que no llegaban ni la Cruz Roja ni los servicios sociales».

Profesionales de la paga

Desde este movimiento vecinal que se está organizando para llevar a cabo iniciativas en beneficio del barrio hacen un diagnóstico pesimista de la eficacia de las ayudas que llegan a familias de Torreblanca de la mano de programas municipales. «Hay una falta de control absoluto. Te encuentras a profesionales de la ayuda, que la perciben por duplicado y tienen ingresos no declarados; frente a familias que se han quedado sin nada y han tenido que esperar un mes hasta que los Servicios Sociales los han evaluado», afirma Teresa Herrera.

Desde los comerciantes señalan la vieja competencia de las ventanitas, el comercio clandestino que se realiza desde una vivienda y que no hay gobierno que consiga erradicar. La impunidad es absoluta en algunas zonas de la ciudad donde el vendedor no se esconde y coloca hasta carteles en el exterior anunciado su actividad. «Ellos no pagan impuestos y cuando ha llegado el coronavirus, como no declaran nada, han recibido ayuda. En cambio, en nuestra asociación hay seis negocios que ya no van a poder abrir tras el confinamiento. Muchos comerciantes que lo están pasando muy mal y no han tenido ese apoyo», señala el presidente de la asociación de comerciantes, Juan María Soto.

Tras la experiencia de la red que han conseguido montar para ayudar a centenares de familias con la alimentación y productos básicos, el siguiente proyecto es una escuela de verano con vocación de mantenerse a lo largo del año como un centro que ofrecerá actividades y meriendas a los menores a cambio de que hagan los deberes y no abandonen los estudios. La hermandad de Los Dolores ha cedido un local para empezar en las próximas semanas. «Allí podemos atender a unos 30 niños, pero nuestro objetivo es sacar de la calle al mayor número de menores posibles. Estoy convencida de que la base para corregir muchos problemas del barrio está en la educación. Es muy difícil que esos niños no reproduzcan la vida que llevan si no salen de ese círculo vicioso. Por eso, en muchas ocasiones en el instituto nos resistimos a expulsar al alumno porque eso significa que acabará en la calle, y muy probablemente haciendo algo nada bueno», detalla Teresa Herrera, quien fundara hace unos años la Asociación por el derecho a estudiar (ADAE) que funciona con éxito en Rochelambert.

En estos momentos están recaudando fondos y han puesto en circulación, como hicieran tras el estallido de la pandemia, un número de cuenta para que entidades y particulares hagan sus aportaciones. El motor social que funciona en las entrañas de este barrio no quiere dar la guerra por perdida y pide a las administraciones que no dejen caer también a Torreblanca.

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LA ZONA DE PADRES : Los niños Villarreal.

Cristina (10), Ana (8) y Rodrigo (5) llevan dos años y medio secuestrados en un centro de menores de la Comunidad de Madrid, sometidos a maltratos y abusos, y bajo la tortura de no permitírseles ver, hablar, ni recibir cartas ni muestras de cariño de sus padres, con los que insistentemente manifiestan querer regresar, de los que fueron arrebatados mediante la burda sustitución de un informe que evaluó positivamente a la familia por otro falso que pedía su retirada.

El 18 de noviembre del 2015 a las 9:30 de la mañana, una veintena de policías irrumpió en la vivienda de la familia Villarreal sin previo aviso destrozando puertas y ventanas.  Algunos de ellos se abalanzaron sobre Rodrigo, de dos años, que dormía en su cuna. Otros sacaron a Cristina y a Ana, de siete y cinco años, de la ducha, arrastrándolas a la calle con el pelo mojado, desnudas y envueltas en una toalla, a pesar de las heladas temperaturas de esa mañana, y ante la mirada atónita de los vecinos que se agolpaban frente a la vivienda. Mientras tanto, los padres de los niños, Marina y Adrián, eran obligados a permanecer sentados en el suelo sin moverse, sin permitírseles ni un beso, ni una palabra de consuelo a sus hijos. A las niñas las metieron en un coche, al niño en otro, y desaparecieron.

Sin duda, semejante despliegue policial y tamaña brutalidad sólo podían responder a una urgencia extrema, a una cuestión de vida o muerte. Sin duda, ¿verdad? PUES NO. Los niños Villarreal no corrían ningún peligro, su integridad física nunca se puso en duda. No se acusaba a los padres de violentos, ni abusadores, ni psicópatas. Los niños estaban en perfecto estado de salud, eran muy amados y felices. Estaban bien alimentados, acudían al médico, tenían una vivienda digna, con juguetes y ordenadores. El pequeño Rodrigo aún era amamantado por su madre a recomendación de su pediatra. Pero la Comunidad de Madrid había decidido declarar a los niños en situación de “desamparo” y retirar a sus padres la custodia basándose en un informe descaradamente falso, suplantando y ocultando el informe auténtico del estudio psicosocial que valoró positivamente a la familia y concluyó que no había necesidad de ningún tipo de intervención.

Para entender este caso que parece de ficción, pero desgraciadamente es absolutamente real como lo prueban irrefutablemente informes, documentos y grabaciones, tenemos que remontarnos unos cuantos años atrás. En el 2011 Marina y Adrián, por entonces con una niña y esperando la segunda, pusieron una denuncia a la teniente alcalde de la localidad de Aragón en la que residían, tras descubrir irregularidades en el cobro por parte del ayuntamiento de una subvención para creación de empleo, siendo ellos directamente perjudicados. 

El alcalde, que resultó ser tío de la denunciada y jefe de Servicios Sociales de la comarca, les amenazó con quitarles a sus hijas como represalia, y desde entonces este organismo comenzó a acosar a la familia. Trataron de abrir un expediente de desprotección para las menores, instando incluso a la Comunidad de Madrid a hacer lo propio cuando la familia se mudó allí.  Esta sin embargo desestimó como motivo de desprotección lo que figura textualmente en el expediente como “enfrentamientos con funcionarios del Ayuntamiento”.

En mayo del 2012, recién instalados en el domicilio de la fallecida bisabuela de los niños y estando toda la familia en casa, Ana, con entonces dos años, consiguió hacer llegar a sus manos un bote de un producto de limpieza de muebles (la bisabuela tenía una tienda de muebles), y sus padres decidieron llevarla inmediatamente al hospital para cerciorarse de que la niña no se lo había llevado a la boca. Allí, tras realizarle tratamiento preventivo, se confirmó que no había habido ingesta, tal como queda reflejado en los informes hospitalarios. El personal sanitario no notificó a los servicios sociales, por no considerar que existiera motivo alguno para hacerlo. Aún así, un “espía anónimo” informó a los servicios sociales de este incidente. Se encargó al Centro de Atención a la Infancia de la localidad madrileña donde residían, en concreto a la educadora social Tania y al psicólogo Jorge, la realización de un estudio psicosocial a la familia. Este tuvo una duración de seis meses (desde julio hasta el 28 de diciembre de 2012) y consistió en numerosas reuniones y entrevistas con todos los miembros de la familia, juntos y por separado, y visitas al domicilio familiar. El informe (titulado “VALORACIÓN PSICOSOCIAL”) fue positivo para la familia, mencionando expresamente la actitud colaboradora de los padres hacia los evaluadores, sus buenas aptitudes parentales, la adecuada higiene y seguimiento médico de las niñas, la idoneidad de la vivienda, y el cariño mutuo entre padres e hijas, concluyendo así: “Tras la valoración realizada de la situación de las menores, valoramos que en el momento actual no existe ningún riesgo moderado o grave en las niñas, que motive nuestra intervención”.

Pero el Centro de Atención a la Infancia no envió a la Comunidad de Madrid este informe. En su lugar, envió otro informe realizado seis meses más tarde con un periodo de evaluación de un día, el 15 de julio de 2013, titulado únicamente “INFORME”, firmado por la misma educadora social que realizó el informe anterior, Tania G. B., y por un nuevo psicólogo, Alfonso V., el cual nunca había visto ni a los niños, ni a la madre, ni hablado con ellos, ni visitado el domicilio familiar, ni realizado por tanto ningún tipo de evaluación de la familia. El informe, lleno de contradicciones y errores (confundiendo incluso los nombres de las niñas), se basaba en el anterior positivo (sin mencionar su existencia), pero ahora afirmaba todo lo contrario al anterior, sin aportar ni una sola prueba documental o física de las acusaciones realizadas, y pedía la “medida de protección en centro residencial para los tres menores”.  Además, contrariamente a lo que exige la ley de protección del menor que establece la necesidad de revisar la medida cada ciertos meses y elaborar un plan de trabajo con los padres para que estos corrijan los motivos del desamparo y los menores puedan retornar cuanto antes a su familia, en este caso se retiran los menores de forma definitiva y sin posibilidad de recuperación, en un contexto de absoluta ilegalidad y total indefensión de la familia.

Los abusos no acaban aquí. En el juicio de familia, celebrado el 7 de julio de 2016 (ocho meses después de la retirada de los menores), no se admitió que los padres aportaran ninguna prueba para demostrar la falsedad de las acusaciones: ni el extracto de sus cuentas bancarias, ni la póliza e informes del seguro médico privado de los niños, ni testigos, ni informes periciales; ni se les permitió abrir la boca en el juicio. Sólo se tomó declaración a la educadora Tania G. B., que reconoció que el psicólogo Jorge y ella realizaron el único estudio psicosocial que existió de la familia, que éste fue positivo, que no se realizó ningún estudio, ni entrevista, ni visita adicional entre este y el segundo informe negativo, que el psicólogo Alfonso V. que firma este último informe no conoció nunca a la familia, y que ella misma nunca había visto al hijo pequeño cuya retirada de tutela también pedía. Cuando se le pregunta cuál es entonces la causa del radical cambio en su valoración y el origen de las nuevas acusaciones, alude de forma vaga a una reunión de profesionales cuya identidad no revela. Pero el citado falso INFORME reconoce sin tapujos que, lejos de tratarse de profesionales independientes, todos los participantes en la reunión eran personas contra los que Marina y Adrián habían presentado algún tipo de queja o a los que les habían resultado molestos, lideradas por los servicios sociales de Aragón que les habían amenazado años atrás como represalia por su denuncia a la teniente alcalde. Es decir, se selecciona cuidadosamente un grupo de personas con una enemistad personal hacia este matrimonio y entre ellos deciden, arbitrariamente y ocultando la valoración psicosocial a la familia realizada unos meses antes, la retirada de tutela de los tres menores, amañando un nuevo informe y encontrando un psicólogo dispuesto a poner en él su firma. El juicio puede verse y escucharse en YouTube. Pese a la criminalidad manifiesta de todo esto, cinco días más tarde, la jueza resuelve inexplicablemente a favor de la Comunidad de Madrid.

Tras la retirada de los niños, en un principio se permitió a los padres visitarlos dos días por semana una hora. Rodrigo, al que se había obligado al destete de forma brusca (a pesar de que todos los organismos pediátricos nacionales e internacionales alertan de los importantes daños físicos y emocionales de la interrupción repentina de la lactancia materna), según el director del centro y los educadores estaba sufriendo mucho, lloraba constantemente, comía muy poco y no dormía, por lo que tuvieron que sedarlo durante meses. Existen grabaciones de vídeo de algunas de las primeras visitas que los padres han colgado en YouTube a modo de denuncia, con imágenes absolutamente desgarradoras de la separación forzosa de Rodrigo de sus padres. Puede verse al pequeño durante la visita aferrado al pecho de su madre, mamando en actitud de éxtasis. Puede verse luego al niño desesperado y angustiado cuando llega el momento de la despedida, llorando desconsolado, gritando “Noooooo”, e intentando zafarse de la persona que se lo lleva. A los pocos días de su internamiento, Rodrigo enfermó de las vías respiratorias y contrajo una cojera (según la residencia, a consecuencia de un virus), y tuvo que ser ingresado en el hospital. Sus padres, temiendo por la vida del niño, solicitaron por vía administrativa y judicial de forma urgente que se permitiera a su madre cuidarle y amamantarle, pero no se le permitió. Que el estado de los niños empeoró radicalmente tras su internamiento está documentado con grabaciones y fotos realizadas por los padres. Ana, que decía no querer comer la comida del centro, llegó con seis años a pesar menos que su hermano de tres. Por denunciar y documentar los padres heridas y marcas de agresiones en los niños mediante fotografías, se les restringieron primero, y luego se les eliminaron totalmente las visitas. Como los niños continuaban manifestando incansablemente a sus padres por teléfono que querían salir de ahí y volver a casa (¡incluso un año después de no poder ver a sus padres!), conversaciones que también están grabadas, se les eliminaron también las llamadas. Sin que se les haya informado del centro, los padres se han conseguido enterar de que Rodrigo ha sido hospitalizado al menos dos veces más desde que ingresó en residencia, pero ésta se niega a darles los motivos. Actualmente se les niega toda información sobre el estado de sus hijos. Los padres califican el trato que han recibido por parte del personal del centro como una auténtica “tortura psicológica”. “Nos enteramos por nuestras hijas de que era un hombre el que las bañaba, cuando ellas en casa un año antes ya se duchaban solas. Dijimos que no nos parecía bien que fuera un hombre que no es su padre el que está lavando sus partes íntimas. También nos quejamos de que las vistieran con pantaloncitos muy cortos y estrechos, por no parecernos apropiado para unas niñas de esa edad que además tienen que jugar. En la visita siguiente trajeron a Ana, con apenas seis años, con una minifalda, un top y unos tacones. Como diciendo, toma, os preocupa que vuestras hijas puedan sufrir abusos sexuales en el centro, pues ahora os vais a enterar. Llegaron incluso a decirnos que si ellos quieren, pueden sacarles un órgano a los niños sin decirnos nada. ¿Esto no es torturar deliberadamente a unos padres?”, explica Marina con voz entrecortada.

El de los hermanos Villarreal no es un caso aislado. Centenares de familias y varias asociaciones han denunciado a la Administración por informes de retirada de tutela falsos y manipulados. Los escándalos de maltratos, abusos sexuales y redes de prostitución en centros de menores tutelados por la administración, embarazos no deseados, violentas peleas entre menores, desaparición de niños fugados de los centros, penurias materiales, condiciones insalubres, etc., están a la orden del día. El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha expresado su preocupación porque el sistema de protección del menor en España no respeta los derechos de los niños, dedicando montones de recursos a retirarlos de las familias en vez de ayudar a éstas a superar sus dificultades, actuando sin control judicial, y sin tener en cuenta la opinión de los niños. Pero es que los menores tutelados son un negocio, como cada vez más voces se atreven a denunciar. Por la tutela de los tres hermanos Villarreal, la Comunidad de Madrid recibe unos 12 000 EUR al mes, 150 000 EUR al año, en su mayoría provenientes de fondos europeos. Por los 50 000 niños tutelados que se calcula que hay en España, estaríamos hablando de una fuente de ingresos de varios miles de millones de euros al año, que alimenta a una cohorte de trabajadores sociales, educadores, psicólogos, y funcionarios, y lucra a las empresas que gestionan las residencias de menores. En resumen, un buen incentivo para que surjan tramas corruptas dentro de una administración que ejerce escaso control sobre sus instituciones, otorga a cualquier trabajador social el inmenso poder de retirar tutelas a su juicio particular, y cuyos funcionarios gozan de presunción de veracidad ante la justicia.

PIDE A LA COMUNIDAD DE MADRID QUE RECTIFIQUE INMEDIATAMENTE Y DEVUELVA A CRISTINA, ANA Y RODRIGO VILLARREAL A SU FAMILIA. PIDE QUE SE INVESTIGUEN LOS POSIBLES DELITOS COMETIDOS Y SE HAGA RESPONDER A LOS CULPABLES ANTE LA JUSTICIA. FIRMA Y DIFUNDE LA PETICIÓN, PERO POR FAVOR, VISITA TAMBIÉN LA PÁGINA DE FACEBOOK “RESCATEMOS A LOS NIÑOS VILLARREAL” PARA DESCARGAR, FIRMAR Y ENVIAR UN MODELO DE CARTA A LAS INSTITUCIONES Y PERSONALIDADES QUE ALLÍ SE INDICAN. Cuantas más voces seamos, más difícil será acallarnos.

Y si puedes y quieres hacer una contribución económica para que la familia Villarreal pueda reanudar su lucha legal en los juzgados por recuperar a sus hijos, actualmente bloqueada por motivos desconocidos, puedes hacerlo en: https://www.gofundme.com/SOS-rescate-ninos-Villarreal

Desgraciadamente, en España la justicia no es igual para todos.

Por el derecho de estos niños a tener unos padres y crecer en el seno de una familia que les ama y protege. Para que se ponga fin a esta tortura física y psicológica de tres niños y sus padres. CONTRA EL TRÁFICO ENCUBIERTO DE MENORES AMPARADO POR EL ESTADO Y FINANCIADO CON NUESTROS IMPUESTOS. Para que no quede impune este crimen y que no se repita con ninguna otra familia. Porque los siguientes podrían ser tus hijos, sobrinos o nietos.

Muchas gracias de todo corazón.

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LA ZONA PÚBLICA : Los olvidados de Tamaraceite.

La deriva política del PP en Las Palmas de Gran Canaria - escribe MARÍA AMADOR - hará realidad su melómano sueño de convertir Tamaraceite en un macro centro comercial (...).

La deriva política del PP en Las Palmas de Gran Canaria hará realidad su melómano sueño de convertir Tamaraceite en un macro centro comercial. Los poceros se frotan las manos con los nuevos proyectos urbanísticos vendidos como la solución a todos los problemas de esta castigada zona de Gran Canaria. 

El famoso “corredor verde” se hará realidad, pero será de billetes de 500 euros que forrarán a los que van a destruir nuestro patrimonio cultural y etnográfico con el Plan Parcial Tamaraceite Sur. 

Una iniciativa que surge en unos momentos donde un porcentaje altísimo de vecinos y vecinas del secuestrado municipio de San Lorenzo están bajo el umbral de la pobreza, víctimas de las mentiras y zarandajas de quienes gobiernan para montar festejos o pseudoactos culturales a lo grande y recortar de forma salvaje en servicios sociales, sanidad, educación, transporte público e infraestructuras, mientras se beneficia a constructores, especuladores, ricachones y otras faunas vinculadas al poder más casposo y reaccionario.

Un panorama desolador que vivimos y sufrimos en este desgraciado pueblo, donde no existen programas de prevención de las toxicomanías, ni siquiera se desarrollan planes de integración para personas que sufren el brutal desempleo, no se fomenta la economía social, el autoempleo, el fin de las enormes tasas de fracaso escolar y no se llevan a cabo acciones dirigidas a la población juvenil. 

El PP, su concejala plenipotenciaria y el mismo Cardona flipan con sus costosas marchas en bici, con los cagaderos de perros en las zonas nobles de la ciudad, con sus montajes de cine + comida basura en Santa Catalina y se olvidan de los barrios, se olvidan de la gente de Tamaraceite, de San Lorenzo, de Tenoya, de todos los barrios de esto  que ahora llaman “distrito” y que malgobiernan con políticas elitistas, esperpénticas y despilfarradoras, muy alejadas de lo que verdaderamente la ciudadanía necesita, generando tristeza, infelicidad y mucha frustración entre miles de personas que sufrimos esta mentira de crisis inventada por la derechona y sus amigos bankieros.

Seguiremos resistiendo desde estas páginas libres y no vamos a permitir más abusos contra nuestro pueblo. Tenemos muy claro que esta casta política sin escrúpulos acabará pagando en las urnas, en la memoria popular colectiva el inmenso daño sobre miles de personas de nuestro pueblo, sobre millones de trabajadores/as de un estado español donde ya el suicidio es la primera causa de muerte violenta.

La historia es nuestra y la hacen los pueblos y por eso no pararemos hasta que esta lacra desaparezca y vuelva de nuevo el color y la alegría a nuestras vidas.

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LA ZONA FLASH : Un flash "solidario".

De entre las curiosidades alojadas en la Red, una especialmente peculiar, era recogida como alternativa novedosa solidaria. En esta, se instaba a las personas que quisieran expresar este tipo de acto altruista y "humano" de una forma que, en el fondo, tampoco resultaba tan descabellada, pero sí difícil de acatar y digerir por una ONG, dado la insistencia con la que este tipo de organizaciones difunden su: "sin ánimo de lucro" que, sin embargo, contrasta con las aportaciones de multimillonarios con intereses, a veces, no muy lícitos. Aunque, paradojicamente, existen ONG´S que promueven este tipo de iniciativas, suelen ser de ámbito religioso como World Vision y según los datos, no se han documentado iniciativas de este tipo organizadas por cualquier ONG sin fines recaudatorios para catástrofes, hambrunas o desplazados. La Comunidad "Revolución Siria 2011. España" alojada en la Red Facebook, ofrecía un evento solidario denominado: "DESAYUNO SOLIDARIO con SIRIA en el día de EID (fiesta de la ruptura del ayuno), el 19 de agoto de 2015.

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LA ZONA FLASH : Las aguas ¨menores¨ de Arcgisa.

El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) de Castellar, Jaen, denunciaba la situación en la que se encontraba una familia de esta población que tenia cortado el suministro de agua desde hacla cinco años por Arcgisa. Esta familia formada por una mujer de 89 años y su hijo enfermo de corazón solo tenia unos ingresos de 300 euros". Más.


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LA ZONA FLASH : Las "colas" del hambre de la España Borbónica del S. XXI.

Con este pie, que da título a esta entrada, se difundía en las, tan censuradas Redes Sociales, una imagen recogida de un Blog que se hacía eco de las miserias que la televisión no mostraba en España en 2015, relativas a una masiva "cola" de público para recoger comida gratuita proporcionada por organismos sociales, religiosos o de voluntarios en toda España. Más.

 

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LA ZONA PÚBLICA : ¿Qué es ser pobre?

En Estados Unidos, una familia formada por una sola persona con ingresos brutos anuales de 10.320 euros (11.670 dólares) es oficialmente 'pobre'. En España, el umbral de la pobreza está en 8.321 euros. En Alemania, el límite en 2013 era de 11.748 euros.

Plaza de Vega, Castañera, clienta y pobre de solemnidad. Fuente.

Encima, ésa es solo una manera de estimar la pobreza: por medio de los ingresos. Hay otras dos. Una es analizando la riqueza, o sea, lo que se tiene después de restar lo que se debe. La otra, analizando lo que se gasta, es decir, el consumo.

Hace dos semanas, la ONG británica Oxfam (en España, Intermon-Oxfam) publicó un informe en el que analizaba la desigualdad mundial en función de la riqueza. Su conclusión era que, en el año 2016, el 1% más rico de la población mundial tendrá más que el 99% restante. 

El título del informe deja pocas dudas sobre su contenido: Cuando se tiene todo y se quiere más. Su repercusión fue enorme: Hillary Clinton lo citó en un discurso; fue primera página en el Guardian y en USA Today; y hasta fue recogido por el poco sospechoso de anticapitalismo The Wall Street Journal.

Todos estos análisis tienden a acaparar la atención mediática. Si se mide la pobreza por el lado del consumo, tenemos el 'mantra' de los 1.900 millones de personas que viven con menos de 1,25 dólares (1,11 euros) diarios, al que tienen gran querencia desde 1990 todos los presidentes del Banco Mundial.

Y, si se hace por el lado de los ingresos (lo que se gana, sin contar activos y deudas), está el reciente estudio del profesor de la Universidad de Berkeley Emmanuel Saez, colaborador de Thomas Piketty, el autor del best-seller sobre desigualdad 'El Capital en el Siglo XXI, que afirma que, entre 1993 y 2013, los ingresos del 1% más rico en Estados Unidos han crecido un 62,4%, mientras que los del resto lo han hecho en un miserable 7,3%. Es más: como explicaba el martes pasado en 'The New York Times' el investigador del Instituto Peterson para la Economía Mundial y profesor de la Universidad de Michigan Justin Wolfers, entre 2009 y 2012, los ingresos del 1% subieron un 11%, hasta los 856.750 euros, mientras que los del 99% restante caían un 0,23%, hasta los 38.850. Si hacía falta una prueba de que la crisis ha sido hecha para favorecer a los más ricos, aquí está.

La verdad es que no. O, al menos, no necesariamente.

La mayor controversia afecta a Oxfam. Su estudio mide la riqueza, basándose en el informe del banco suizo Credit Suisse Global Wealth Databook. 

La ONG no explica lo que es "riqueza". Pero el banco, sí: "El valor de mercado de los activos financieros y de los activos no financieros (principalmente, vivienda y tierras) menos la deuda". Eso implica que si, por ejemplo, una persona tiene una hipoteca de 150.000 euros para una casa de 125.000 está en el 10% más pobre del mundo. 

Por el contrario, un pastor nómada de África que no tiene acceso a financiación de ningún tipo, pero cuyos camellos valen 1.000 dólares, es mucho más rico. De hecho, el 27% de los alemanes están, según esa estimación, entre las personas más pobres de la Tierra. Y luego decimos que Alemania es rica...

A eso se suman otras distorsiones. Por ejemplo: la riqueza de los ricos ha subido por sus inversiones en Bolsa, mientras que la de los demás ha caído por el desplome del precio de la vivienda. Y, por último, está el dólar. Según Credit Suisse, "la subida de las bolsas y la apreciación del euro y las subidas de la renta variable explican por qué la riqueza subió en un billón de dólares en Francia, Italia y Alemania, y en más de 500.000 millones de dólares en España". Al mismo tiempo, los indonesios son 260.000 millones de dólares más pobres, y argentinos y los rusos son 135.000 millones cada uno. ¿La razón? "En su mayor parte, atribuible a movimientos negativos de la divisa".

Pasa caminando por delante de un pobre de solemnidad la cúpula del PP con Rajoy al frente Más.

Así es como, para estar en el 10% más rico del mundo a mediados de 2014, bastaba, de acuerdo con el Global Wealth Report, también de Credit Suisse y realizado con la misma metodología, con tener una riqueza neta de 77.000 dólares, o 56.402 euros. El baremo para el 1% era de 798.000 dólares, o 584.535 euros. Así pues, si usted tiene 2.673 euros, una vez que ha descontado sus deudas, debe saber que está, según estos estudios, en el 50% más rico de la población mundial. Si tiene 56.402 euros, en el 10%.

El Catastro de la Ensenada llama así a los vecinos que de forma oficial eran considerados indigentes. Pero solo se trata de una consideración administrativa, que no siempre corresponde a la ausencia absoluta de ingresos y/o propiedades. Más.

El análisis de Saez es más matizado, aunque, al igual que Oxfam, escoge los años que más le interesan a la hora de hacer sus predicciones. En 2013, el Gobierno de Obama subió los impuestos a las rentas más altas. Por tanto, los ricos de EEUU hicieron aflorar esas ganancias en 2012, para así tener tipos fiscales más bajos. Eso explica la brutal subida de la riqueza del 1% en 2012. El economista de Berkeley tampoco cuenta la evolución demográfica de Estados Unidos, como ha señalado Scott Winship, del think tank conservador Manhattan Institute. La conclusión parece ser que, aunque los más ricos hayan aumentado sus ingresos en mucha mayor medida que los demás, pero la magnitud de la desigualdad no es tan grande como sugiere Saez.

Declaración de ser pobre de solemnidad / últimas voluntades / Pozoamargo - Cuenca / Madrid 1735. Fuente.

Queda, por último, la medida del consumo. Que es la que le gusta al Banco Mundial. De nuevo, tiene fallas. Una persona puede gastar cero si es hijo de un millonario y su padre le da una asignación mensual. Pero, en general, se trata distorsiones menores que las que suceden al medir la riqueza como activos menos activos. Al contrario que Credit Suisse y Oxfam, el Banco Mundial, además, corrige las desviaciones que producen los diferentes niveles de precios para reflejar que un dólar en Mali da para mucho más que en Madrid donde, a su vez, da para mucho más que en Washington.

No obstante, medir la Paridad de Poder de Compra (PPP, según sus siglas en inglés), que es como se llama a ese intento de poner sobre la mesa el poder adquisitivo de cada divisa siempre es controvertido. Pero, en general, parecen distorsiones menores que las que suceden al medir la riqueza como activos menos activos. 

El informe de Oxfam es bueno para medir el poder económico: quien más tiene, más manda. Y puede afrontar mejor crisis como enfermedades o colapsos financieros. Pero no parece que se la mejor fórmula para analizar la evolución de la desigualdad en el mundo.

TEXTO ORIGINAL

De unas declaraciones aparecidas en 'The Wall Street Journal' en mayo de 2016, por parte del multimillonario Warren Buffett, se deducía un "aviso a navegantes" sobre ayudas sociales (públicas). Estas declaraciones corroboraban la hipótesis que apuntaba a que este tipo de ayudas podrían convertirse en un suplemento o "sustitutivo" de rentas obtenidas por el trabajo, mermando y controlando a su vez, la capacidad adquisitiva del trabajador sometido mediante un "sueldo/limosna" otorgado por la administración. Las ayudas europeas en materia social, eran ya un hecho del que participaban las políticas de sus estados miembros. Ver.

Encuesta de condiciones de vida (ECV). Baremo según el cual se consideraría estar en umbral de riesgo de pobreza. Ver.

Riesgo de pobreza (año anterior a la entrevista) Tasa de riesgo de pobreza por comunidades autónomas. Ver.

Informe Eurostat 2011 – Indicador Arope (combina: población bajo el umbral de la pobreza, población con privación material severa y población con baja intensidad de trabajo por hogar). Más.

Las políticas subsidiarias de la Unión Europea en materia de ayudas contemplan la posibilidad de erradicar la pobreza y alimentar a los desfavorecidos, a través de Programas cuestionables desarrollados y gestionados por Asociaciones y entes municipales en donde se pueden dar situaciones paradójicas entre quienes verdaderamente son beneficiarios reales y quienes reciben este tipo de ayudas dado el especial entramado burocrático que compone este tipo de políticas denominadas de Ayuda Social.

La Obra Social La Caixa, colabora con Campañas como la de "Hoy voy a aprender algo nuevo" aportando un Kit de material escolar en Andalucía en el Curso 2016-2017, a través de Programas y convenios llevados a cabo con Diputaciones, casualmente gobernadas tanto bajo el epígrafe socialista como Popular, entre las que se encuentran: Huelva, Sevilla, Cádiz, Algeciras. Esta fórmula mediante la que se intenta ofrecer la mejor imagen de las entidades bancarias va asociada a otro tanto por el que el político de turno se anota otro tanto con medidas paliativas que generan un circulo vicioso por el cual la ciudadanía ve recompensado su voto aun a pesar de ser víctima silenciosa del mercadeo al que es sometido moralmente en manos de la especulación encubierta que se hace con la pobreza o riesgo de padecerla. La maquinaria encargada de decidir y hacer de puente entre esta ciudadanía y las administraciones se encuentran aliadas en la base conformada por los Servicios Sociales que actúan a sabiendas de que la Ley no está diseñada ni coherentemente, ni equitativamente en lo que a la correcta administración de este tipo de políticas.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicaba el 18.10.16 una nueva convocatoria de apoyo a las entidades locales por la que se destinaban tres millones de euros para acciones de solidaridad y garantía alimentaria, mediante ayudas directas a municipios menores de 20.000 habitantes. Las cifras millonarias fluctúan en torno a las políticas "inspiradas" y derivadas de la nueva doctrina denominada "crisis", a través de la que se apaciguan a los gobiernos como el de España y sus Autonomías, en este caso, referida a uno de sus gobiernos autonómicos (Junta de Andalucía). Las coordinaciones entre Diputaciones y Organismos vinculados a la Iglesia como Cáritas, hacen el resto. En cuanto a las cifras que se "evaporan" durante el proceso de reparto de cantidades tan astronómicas, ha quedado constancia, 

La Normativa por la que se rige esta política de Apoyo a las Entidades Locales para Acciones de Solidaridad Alimentaria, incluyen apartados tan surrealistas como propensos a ser susceptibles de ser puestos en tela de juicio, entre los que se encuentran los de recibir este tipo de ayudas mediante unos requisitos de confidencialidad para nada considerados acordes con una correcta transparencia.

Los ejemplos derivados de las políticas sociales subsidiadas que perpetúan la exclusión social, siguen copando titulares en donde personajes de distinto calado y talante político, posan afanosos y triunfantes tras la victoria.

Extracto de Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 15/5618 dirigida a Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, España, instando a que se resuelvan los expedientes de beneficiarios de las ayudas al alquiler de 2015 y que se paguen. Dicha Consejería, al parecer, habría dictado las resoluciones sin incluir el requisito de "no tener contraída una deuda tributaria y/o con la seguridad social".  

 

 

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