Plomo, cadmio y bromo son los ingredientes que cubren las tierras de Agbogbloshie, uno de los barrios de Accra donde no paran de llegar contenedores con chatarra europea.
Agbogbloshie es el nombre del mayor mercado mundial de electrónica, aunque quizá habría que especificar más: chatarra electrónica. Este barrio, de nombre casi impronunciable para un hispanohablante, pertenece a la ciudad de Accra, capital de Ghana (África), y es el principal vertedero de desechos tecnológicos del mundo. Al oeste de la ciudad y situado en pleno golfo de Guinea, está el puerto de Tema, que recibe más de 600 contenedores al mes repletos de equipos electrónicos obsoletos. La mayoría de envíos tiene la misma procendencia: Europa.
Pobladores de Ghana trabajando en Agbogbloshie.
Según Eurostat, en los países de la Unión Europea el 4% de la basura generada en el continente es electrónica, es decir, unos 10 millones de toneladas al año. En España se llega al millón de toneladas, de los que se considera que 750.000 son reciclables.
Estrechando aún más los datos, cada español genera de media 17 kilos de desechos al año. La ONU va más allá y cuantifica el total mundial de basura electrónica en 50 millones de toneladas, una cifra que no ofrece señales de que vaya a disminuir, según señalan los departamentos de investigación del organismo internacional. Y todas con un destino: Agbogbloshie, en Ghana. Aunque las autoridades del país han intentado poner punto final al macrovertedero, los esfuerzos han sido en balde. Las primeras operaciones comenzaron en el verano de 2015, pero la llegada de contenedores a este barrio de Accra supone el sustento de muchas familias.
Según el estudio de Oteng-Ababio, en Ghana la recuperación de metales valiosos genera a los trabajadores ingresos de unos 3,5 dólares diarios, casi dos veces y medio el sueldo diario de un trabajador medio en Ghana. Este es el motivo por el que miles de personas se han visto atraídas por el negocio de la basura electrónica. Un ejemplo. Se calcula que 100.000 teléfonos móviles pueden contener unos 2,4 kilos de oro, equivalentes a 122.000 euros; más de 900 kilos de cobre, valorados en 93.800 dólares; y 25 kilos de plata, igual a 26.000 euros.
Tierras contaminadas
Plomo, cadmio, bromo, dioxinas cloradas y un largo etcétera son los componentes que copan las miles de hectáreas del vertedero. Según cálculos de varias ONG, la dimensión de Agbogbloshie equivale a once campos de fútbol. Los materiales se tratan en fogatas al aire libre, liberando polvo y humos contaminantes derivados de la quema, sobre todo de la combustión de PVC. Debido a la nula experiencia en el tratamiento y reciclaje de estos desechos, muchos trabajadores, niños incluidos, terminan cayendo enfermos.
Un estudio de la ONU certificó en 2014 que en Agbogbloshie la concentración de plomo en el suelo llega a superar mil veces el nivel máximo de tolerancia, y la contaminación del agua y la tierra exterminó en menos de una década toda la biodiversidad de la zona. Otro informe de Naciones Unidas reveló que las pruebas realizadas en una escuela cercana a un depósito de residuos electrónicos destapó una contaminación por plomo, cadmio y otros contaminantes perjudiciales para la salud de más de 50 veces por encima de los niveles libres de riesgo.
Hasta hace tan solo unos años, China y la India eran los destinos preferidos para el envío del 70% de la basura tecnológica. Después Occidente trasladó el vertedero a África. Aunque la exportación de residuos electrónicos es ilegal en la UE, la Agencia de Protección Ambiental estadounidense lo clasifica como reciclaje legítimo. "Nuestro equipo vio cómo los contenedores de residuos electrónicos de Alemania, Corea, Suiza y Países Bajos se abrían en el puerto de Tema, el más grande de Ghana. Los datos de los contenedores revelaron que todos los europeos habían sido enviados a través Amberes (Bélgica)", denuncia Greenpeace en un informe 2015.
Exportaciones ilegales
La Convención de Basilea de Naciones Unidas regula el comercio de los productos de desecho. Según este acuerdo internacional, residuos y artículos peligrosos -incluidos los electrónicos- no pueden ser exportados a países en vías de desarrollo. La razón es que estos países, en general, no cuentan con las infraestructuras necesarias para llevar a cabo el tratamiento de los desechos de una manera correcta con el medio ambiente.
A pesar de que se dice que el envío de material electrónico usado se hace para "reducir la brecha digital", se sabe que en muchos casos estos equipos son inservibles (entre un 25% y un 75%). Se transportan en contenedores etiquetados como "mercancía de segunda mano", ya que las leyes de la UE sí permiten exportar productos reutilizables. A pesar de ello, Ghana es uno de los países con mayor brecha digital del continente africano.
Como ya es conocido, dicho nuevo Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas -en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, conocido como “Reglamento General de Protección de Datos”- será de efectiva aplicación a partir del día 25 de mayo de 2.018, quedando, asimismo, derogada en dicha fecha, la hasta ahora vigente Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, y su Reglamento de desarrollo.
Tal como señala la Agencia Española de Protección de Datos, el nuevo Reglamento General al ser, valga la redundancia, un Reglamento Comunitario, una norma jurídica de aplicación inmediata y directa, que no requiere, por tanto, que se proceda como paso previo para su aplicación, a su transposición en el derecho interno de las normas contenidas en el mismo.
No obstante ello, si bien la previsión inicial del Legislador Comunitario, era la existencia de una normativa a nivel global para todos los Estados miembros de la Unión Europea que regulara en su integridad todo el ámbito relativo a esta materia, ello al final no ha sido posible por la existencia de múltiples particularidades y especificidades en los ámbitos de los diferentes derechos nacionales.
Al final esto ha determinado que cada uno de los países podrá dentro de sus respectivas competencias legislativas existentes al efecto, incluir algunas precisiones o desarrollos en materias en las que el RGPD lo permite.
Lo que puede producir una cierta incertidumbre jurídica ya que tales desarrollos normativos volverán a producir disensiones internas y disparidades de unos Estados frente a otros, en la regulación interna sobre determinados aspectos atinentes al régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal, si bien es cierto, que dichas diferencias no tendrán, ni los caracteres ni la magnitud que presentaba la implementación práctica de la citada Directiva Comunitaria 95/46/CE.
Debe indicarse, tal como afirma la indicada Agencia Española, que dicho Reglamento General de Protección de Datos contiene muchos conceptos, principios y mecanismos similares a los establecidos por la Directiva 95/46 y por las normas nacionales que la aplican.
Por ello, las organizaciones que en la actualidad cumplen adecuadamente con la Ley Orgánica 15/1.99, de 13 de diciembre (LOOPD) española tienen una buena base de partida para evolucionar hacia una correcta aplicación del nuevo Reglamento.
La nueva regulación, continuista en la práctica
Esto es sumamente importante, ya que la nueva regulación es en la práctica continuista de la hasta ahora vigente, introduciendo ciertamente la actualización de algunas cuestiones, que, por el transcurso del tiempo, y el crecimiento exponencial producido en el uso y la multiplicidad de los flujos de datos personales, y el que se producirá seguro en los próximos años, necesitaban ser revisadas a los efectos de adecuar la regulación necesaria en esta materia a las exigencias tecnologías, sociales y económicas existentes en la actualidad.
No debe pasarse por alto, tampoco, la existencia de nuevas obligaciones, y tal vez, una mayor responsabilidad de los operadores jurídicos que tratan los datos personales, pero ello no ha de servir de excusa para buscar la implantación del nuevo Reglamento General de una manera complicada, porque más que nunca se hace preciso aplicar criterios sencillos y fáciles que permitan obtener dicha evolución de un régimen jurídico a otro, sin causar graves problemas de funcionamiento a los responsables del tratamiento en general y a las empresas en particular.
Debe partirse del hecho de que uno de las premisas básicas de la nueva normativa consiste en devolver al ciudadano el empoderamiento sobre sus propios datos de carácter personal. Cuando se menciona el término “empoderamiento”, se está haciendo referencia a la devolución a toda persona de la capacidad de decidir de manera efectiva, sobre la disposición y el control de dichos datos, de modo y manera que pueda determinar en cada momento quien puede tratar tales datos, y a que fin o fines está autorizado para destinar dicho tratamiento.
A esta nueva realidad, la Agencia Española de Protección de Datos, le adiciona dos principios, sobre los cuales debe pivotar toda la actividad que cualquier responsable lleve a cabo en el tratamiento de los datos personales.
Estos principios son los que se indican seguidamente:
El principio de responsabilidad proactiva
De acuerdo con el mismo, y tal como se establece en el Reglamento General, el mismo se configura sobre la base de la necesidad de que el responsable del tratamiento aplique medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el Reglamento.
En términos prácticos, este principio requiere que las organizaciones analicen qué datos tratan, con qué finalidades lo hacen y qué tipo de operaciones de tratamiento llevan a cabo.
A partir de este conocimiento deben determinar de forma explícita la forma en que aplicarán las medidas que el RGPD prevé, asegurándose de que esas medidas son las adecuadas para cumplir con el mismo y de que pueden demostrarlo ante los interesados y ante las autoridades de supervisión.
En síntesis, este principio exige una actitud consciente, diligente y proactiva por parte de las organizaciones frente a todos los tratamientos de datos personales que lleven a cabo.
El enfoque de riesgo
Así, debe indicarse, que el Reglamento General señala que las medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento deben tener en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento, así como el riesgo para los derechos y libertades de las personas.
De acuerdo con este enfoque, algunas de las medidas que el RGPD establece se aplicarán sólo cuando exista un alto riesgo para los derechos y libertades, mientras que otras deberán modularse en función del nivel y tipo de riesgo que los tratamientos presenten.
La aplicación de las medidas previstas por el RGPD debe adaptarse, por tanto, a las características de las organizaciones.
Lo que puede ser adecuado para una organización que maneja datos de millones de interesados en tratamientos complejos que involucran información personal sensible o volúmenes importantes de datos sobre cada afectado no es necesario para una pequeña empresa que lleva a cabo un volumen limitado de tratamientos de datos no sensibles.
Sobre estos pilares:
(I) el empoderamiento del ciudadano sobre sus datos personales;
(II) el principio de responsabilidad pro activa;
(III) el enfoque de la actividad de tratamiento vinculado manifiestamente a los riesgos es, fundamentalmente, sobre el que se ha de construir la implantación del nuevo régimen jurídico derivado del tratamiento de los datos de carácter personal, y por ende, de la privacidad.
Adicionalmente a ello, debe tenerse en cuenta otros elementos de singular importancia en la interpretación y aplicación del Reglamento General.
Es importante tener en consideración, que hemos pasado de una situación normativa caracterizada de manera principal, por una hiper regulación, en el sentido de que todo o la mayor parte de las relaciones jurídicas al efecto, se encontraban previstas legalmente en esta materia, o al menos así se trataba de interpretar, a una nueva situación, caracterizada esta vez, por la posibilidad de que tanto el responsable del tratamiento, como los encargados del mismo tengan una mayor autonomía a la hora de sentar las bases, en el modo y en la forma que desean llevar a cabo la organización de los tratamientos de datos de carácter personal bajo su responsabilidad.
Un ejemplo muy singular de esta manifestación se encuentra en las medidas técnicas y las de carácter organizativas de los tratamientos, que ha de llevar a cabo e implementar el responsable de los mismos.
En este momento existe libertad absoluta para su adopción, lo que implica la búsqueda de aquellas medidas que puedan proporcionar de manera específica una mayor seguridad, pero al mismo tiempo, que dichas medidas sean lo más económicas posibles, y si puede ser, incluso con un sustancial ahorro de costes.
Del mismo modo, se hace preciso tener en consideración, que con la aplicación efectiva del nuevo Reglamento General no sólo cobra especial importancia el cumplimiento de la normativa, que entre otras manifestaciones se materializa en la pro actividad a la que hemos hecho referencia, sino también en la acreditación del cumplimiento que se ha llevado a cabo, el cual se concreta en la justificación de las actuaciones que se han acometido, las decisiones que se han tomado al respecto.
En este sentido, hay que prestar una especial atención a la actividad desarrollada en pro del cumplimiento en esta materia.
En la mayoría de los operadores jurídicos, la misma alcanza al cabo del año un volumen muy notable, la cual se encuentra en consonancia directa con la voluntad del responsable de desarrollar dicho tratamiento conciliándolo con el derecho que asiste a cada uno de los titulares de los datos.
Prueba de la actividad desplegada por el responsable
Cobra, en su consecuencia, ahora, una especial sustantividad la prueba de la actividad desplegada por el responsable. Por eso debe hacerse especial hincapié, y exigir a los responsables y consecuentemente con ello, a los DPO las medidas que están adoptando para justificar la labor acometida.
Buscando un símil, cuando se hace referencia a Big Data, algún autor ha citado como ejemplo, los llamados “desechos digitales”.
Cuando compramos una entrada de un concierto, de un partido de futbol, muchas veces el consumidor lo hace de manera compulsiva ante la saturación de las líneas de comunicación, esos datos que aparentemente carecen de valor, bien tratados, proporcionan mucha información acerca de la voluntad de determinado consumidor de participar como espectador en determinado evento.
Trasladado dicho ejemplo a la actividad cotidiana en el tratamiento de datos de carácter personal, se evidencia que muchas son las actuaciones que se acometen, pero de las que no queda constancia alguna, y por tanto, carecen de virtualidad probatoria.
Por ello, parece necesario tomar conciencia de esta situación, y tratar de justificar y acreditar todas y cada una de las tareas realizadas, por nimias que estas sean, pues todas juntas no hacen sino demostrar ante el regulador, ante la autoridad judicial, o ante los consumidores o terceros, la voluntad real de dicho responsable del tratamiento, por llevar a cabo un cumplimiento diligente y ortodoxo de la normativa vigente, evidenciando su actuación activa en pro del respeto a los derechos y libertades fundamentales de las personas afectadas por el uso de sus datos personales.
Complementariamente a ello, ante cualquier conflicto que se pudiera suscitar, el hecho de poder probar un cumplimiento real y eficaz de dicha normativa, llevado a cabo de manera continuada y proyectado en el tiempo, sobre la base de una voluntad y una decisiones marcadamente encaminadas en esta dirección, libera de muchos problemas al responsable del tratamiento, el cual contará con una capacidad de defensa mayor.
Máxime si se tienen en cuenta el volumen que pueden llegar las nuevas sanciones administrativas en materia de privacidad, que pueden alcanzar los 20 millones de euros, o el 4% de la facturación global del año inmediatamente anterior, y entre estas dos cuantías, la que finalmente resulte mayor, si bien es cierto que para su determinación habrá que esperarse primero a la futura Ley Orgánica que desarrolle dicho Reglamento, y posteriormente, a la disposiciones a su vez reglamentarias que complementen esta última.
Barack Obama, con el cofundador de Avaaz y ex representante de los Estados Unidos, Tom Perriello
El “Enough Project” (Proyecto Suficiente), afirma que su misión es prevenir el genocidio en África, pero ha sido notablemente silencioso cuando se trata de la hambruna genocida en Somalia.
Finalmente, el mundo se ha dado cuenta de como Avaaz - es un instrumento clave del imperio - convertido en la nueva ONG asignada para crear la aquiescencia de la desestabilización de países destinatarios.
The Enough Project ha trabajado mano a mano con Avaaz en el pasado.
Perriello y el cofundador de Avaaz, Ricken Patel, también cofundaron y codirigieron DarfurGenocide.org, que se lanzó oficialmente en 2004. “DarfurGenocide.org es un proyecto del cofundador de Avaaz, Res Publica, un grupo de profesionales del sector público dedicado a promover el bien gobernanza y culturas cívicas virtuosas”. Hoy, esta organización ahora se conoce como “Voces Darfurianas” :
“Voces Darfurianas es un proyecto de 24 horas para Darfur”.
De todos los socios listados de DarfurGenocide.org, con la excepción de uno ubicado en Londres, Inglaterra, todas las entidades involucradas son estadounidenses y se encuentran en territorio estadounidense.
Hoy E.P. está encabezado por el protegido de la Sra. Smith, John Prendergast, cuya historia como jefe de E.P. es de subterfugio y está al servicio de Pax Americana.
E.P. afirma que su misión es prevenir el genocidio en África, como en el nombre de "Proyecto Suficiente", pero que se ha mantenido en silencio cuando se trata de la hambruna genocida en Somalia durante la sequía del Gran Cuerno de África en 2011-12 donde 250,000 niños somalíes murieron de hambre a muerte.
Pronto el genocidio en Somalia llegará a su punto máximo con cientos, hasta 1,000 niños al día muriendo de hambre con solo un silencio ensordecedor que emana del Proyecto Suficiente de la CIA.
E.P., con el apoyo de su hermano mayor, el Centro para el Progreso Americano, solo una vez en su historia levantó un verdadero genocidio, que en 2007-8 cuando Gayle Smith estaba en el pasto político, siendo una demócrata rabiosa durante los años de Bush Jr. en la oficina. Luego formó parte de la "oposición" demócrata al régimen de Bush y, por tanto, levantó brevemente el bloqueo de alimentos y asistencia médica en Ogaden en Etiopía, donde se ha dado el único caso de expulsión de la Cruz Roja y Médicos sin Fronteras, permitido en una región con hambruna.
Una vez que la Sra. Smith se subió al carro Obama For President, no se escuchó ninguna otra mención sobre el genocidio en el Ogaden.
Hoy, E.P. está demostrando su lealtad a Pax Americana al jugar al tramposo para el cambio de régimen en Sudán del Sur, como al negarle a China el acceso al petróleo africano a través de la invasión de "fuerzas de paz" en nombre de la responsabilidad de proteger la infamia libia. Estados Unidos ha abandonado al ex "líder rebelde" Riek Machar a favor de la intervención militar directa de la ONU y el gendarme de Estados Unidos en África, la Unión Africana.
Los chinos han comenzado a expandir su producción de petróleo, así que esperen escuchar gritos más fuertes de indignación de personas como E.P. sobre varios crímenes e incluso "genocidio" en Sudán del Sur, seguido de demandas de más intervención militar extranjera en el país.
Con todas sus mentiras y subterfugios, ¿no crees que aquí en África hemos tenido suficiente del suficiente proyecto de la CIA?
La realidad detrás de la poco transparente “transparencia” tan aclamada y divulgada por ciertas ONG’s, a través de sus Webs con auditorias, contabilidad, origen de sus fondos, etc, oculta ese misterioso trasfondo de sus “fondos opacos” de los que nunca se debe dar la más mínima pista. AVAAZ, al igual que tantas otras organizaciones “pantalla” de cientos de Fundaciones conectadas a la filantropía feroz y sus políticos asociados, forma parte del tándem que acapara a millones de ciudadanos, a través de internet configurando una amplia gama de adeptos que son movilizados “a la carta”, a nivel mundial para “transformar” aquello que nuestros políticos no conseguirán nunca desde sus tribunas.
Los incendios que arrasaron los montes de As Neves han dado paso al descubrimiento de uno de los conjuntos de petroglifos más interesantes de los últimos años en Galicia. Más de 25 caballos hay representados sobre una piedra de plana en el monte de A Coutada.
El grabado de más de 4.000 años de antigüedad estuvo siempre cubierto con un manto de tierra que desapareció con el fuego. Lo descubrieron hace unas semanas el arqueólogo Xosé Lois Vilar, el etnógrafo Xilberte Manso y Cándido Verde Andrés y Xosé Álvarez, entusiastas del patrimonio que se esconde en los montes gallegos.
Habían ido a comprobar el estado de los petroglifos localizados en este Ayuntamiento después de los incendios. Su hallazgo casual fue toda una sorpresa. Xosé Lois Vilar, director de la sección de arqueología del Instituto de Estudos Miñoranos, manifiesta que es el descubrimiento más importante de arte rupestre en las dos últimas décadas «pola súa riqueza iconográfica, factura técnica, conservación e localización xeográfica». (por su riqueza iconográfica, técnica de la facturación, la conservación y la ubicación geográfica).
Integrantes del IEM, del gobierno local y vecinos, en el petroglifo descubierto en Taboexa. // D.P.
La piedra tiene múltiples representaciones y, entre ellas, destaca un cuadrúpedo esquemático de un metro de longitud, que es el más grande encontrado hasta ahora en Galicia, «e posiblemente un dos máis grandes de toda a península», (es posiblemente una de las más grandes de toda la península), apunta Xosé Lois Vilar.
Équidos grabados con diferentes técnicas y estilos, con trazos simples esquemáticos o mediante el vaciado de la piedra, conducen a pensar a los especialistas que la gran piedra grabada de As Neves es un mosaico de figuras que fue completado en diferentes épocas. La piedra se encuentra en un plano inclinado y en la misma pueden apreciase también figuras abstractas, antropomorfos sexuados, además de más de una veintena de zoomorfos orientados en direcciones divergentes ocupando toda la zona. En su mayoría son representaciones de équidos y de algún perro, dada una mayor presencia en las figuras de colas espesas, orejas y ausencia de cuernos.
El petroglifo redunda en la observación realizada por los arqueólogos en el sentido de que los caballos predominan en las representaciones rupestres en el sur de la ría de Vigo. «O animal case exclusivo e multirrepresentado non é o cervo como se ten afirmado ata agora, senón os équidos», (El animal casi exclusivo y multirrepresentado no es el venado, como se ha dicho hasta ahora , sino los équidos), apunta Vilar. El objetivo de estas representaciones es motivo de investigación. Los expertos apuntan a que se trataría de una demostración de poder por parte de nuestros ancestros.
Musealización
El alcalde de As Neves, Xosé Manuel Rodríguez, valoró el alcance de este hallazgo, que será toda una referencia de la riqueza arqueológica del municipio, que ya tiene otros buenos ejemplos en su territorio. El Ayuntamiento tramitará ante la consellería de Cultura la catalogación del petroglifo. Sobre la mesa hay una propuesta para que una de las figuras se convierta en un icono cultural del concello de As Neves. Los responsables municipales quieren llegar a un acuerdo con la Xunta para llevar a cabo una musealización que no resulte agresiva para el entorno. Los arqueólogos apuntan la necesidad de limpiar el conjunto arqueológico e incluso la instalación de una plataforma de madera que permita su visión a los visitantes. El petroglifo se encuentra en muy buen estado de conservación gracias a haber permanecido cubierto bajo una capa de tierra y vegetación. Además se encuentra un lugar de fácil acceso, en una ladera situada a veinte metros de una carretera.
Verano de 1993, Palma de Mallorca. Mario Conde, tras comprar el 50% de la revista Época, le asegura al rey Juan Carlos I: "Majestad, aquí ya no se volverá a publicar ninguna foto suya". Marzo de 2017: el digital de Eduardo Inda publica una grabación del monarca emérito a un amigo que data de los años 90, en la que asegura que "nunca he sido tan feliz", en referencia al romance que mantiene con Marta Gayá, una mujer de la alta sociedad mallorquina y que continúa manteniendo una estrecha relación con el ex jefe de Estado.
La periodista Ana Romero confirma ahora en el libro El rey ante el espejo (Esfera de los libros) lo desvelado por Público hace un año, cuando reveló una grabación al comisario Enrique García Castaño -"tronco" del comisario José Manuel Villarejo y de sus periodistas presuntamente infiltrados, Eduardo Inda y Manuel Cerdán- y al ex número 2 de la Policía, Eugenio Pino, y desmontó el intento de estos altos mandos policiales y sus portavoces de salir indemnes de los procedimientos judiciales que les acorralan y que ya han llevado a Villarejo a prisión acusado de blanqueo, cohecho y organización criminal.
Marta Gayá
Conde, enemigo, delincuente y revelador de secretos
Aparte de la información que Villarejo y sus hombres de confianza, Eduardo Inda y Manuel Cerdán, pretendían sacar sobre Corinna, los otros dos escándalos con los que querían chantajear al rey Felipe VI y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que dirige Félix Sanz Roldán, eran los romances de Juan Carlos I con Bárbara Rey y Marta Gayá.
Eduardo Inda
Estos amoríos formaban parte de la rumorología desde la década de los noventa, pero cuando pasan a ser parte del complot de las cloacas, acaban convirtiéndose en arma arrojadiza contra la actual Casa Real.
¿Quién tenía esa información? Entre otros, el banquero caído en desgracia Mario Conde, que durante la época del pelotazo económico en España se convirtió en el guardia de corps de Don Juan de Borbón, hasta que su hijo Juan Carlos I, con ayuda de Felipe Gónzalez, lo aparta del camino con la intervención de Banesto.
Lo cierto es que, como desvela ahora Ana Romero, esa información que sirvió en los 90 como moneda de cambio a Mario Conde con el anterior jefe del Estado, no ha servido en esta etapa de Felipe VI para frenar ninguna investigación.
Mario Conde
Cloacas en apuros
Según Romero, algunas de estas informaciones habían llegado en los años 90 a la pareja periodística que formaban Manuel Cerdán y Antonio Rubio en El Mundo. Según este último, actual director del máster de periodismo de investigación de Unidad Editorial, la información de que los servicios secretos habían pagado a Bárbara Rey fuera de España no se publicó en su momento porque no se podía demostrar.
Sin embargo, Villarejo, Inda y Cerdán no tuvieron escrúpulos en desvelarla en 2017, sin ninguna prueba, simplemente para librarse de las diferentes causas judiciales en las que están involucrados.
El único partido que interpuso una querella por estos hechos -chantaje a las altas instituciones del Estado- fue Podemos tras las revelaciones de Público en 2017. Pero el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, la remitió a los juzgados de instrucción de Madrid alegando que no era competencia de la Audiencia Nacional. Un año después, los juzgados de Plaza de Castilla no han dado salida a esta orden de investigación de la Audiencia Nacional.
