La Guardia Civil de Algeciras detenía a 84 médicos que prestaban su servicio en el Área de Gestión Sanitaria (AGS) del Campo de Gibraltar por un presunto delito de cohecho. Los profesionales sanitarios habrían cobrado por firmar certificados de defunción que posteriormente cobraban, entre 30 y 50 euros cada uno de ellos, cuando dicho servicio no debe ser remunerado ya que forma parte de sus competencias.
Según EL MUNDO fuentes cercanas a la operación, denominada 'Tanatos', los médicos habían sido interrogados y puestos en libertad. Prestaban sus servicios en los centros dependientes del AGS del Campo de Gibraltar que incluye a los hospitales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en La Línea de la Concepción y el Punta de Europa, en Algeciras. A estos hay que sumar los centros de salud repartidos por todo el área de influencia de la bahía de Algeciras e incluso no se descartaba que pudieran existir algunos casos en zonas más cercanas a la capital de la provincia, Cádiz.
Hospital Punta Europa de Algeciras
La operación se iniciaba hacía varios meses cuando los agentes tuvieron sospechas de las presuntas irregularidades cometidas por algunos doctores. Rápidamente se puso en marcha una investigación que confirmaba algunas de las pesquisas. De hecho, en las últimas semanas, los agentes habían recabado información en los hospitales afectados y se habían llevado documentación que podría estar relacionada con el caso. En relación a la posible cantidad de dinero defraudado no se disponía de cifras pero, las mismas fuentes señalaban, que "podía ser una cantidad importante".
Desde la Junta de Andalucía, según confirmaron en un comunicado oficial, ya se había abierto una investigación interna para intentar esclarecer los hechos. La consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales anunciaba que "tomaría las medidas necesarias para esclarecer estos hechos, que estaban siendo investigados por la Fiscalía".
Además, la Junta comunicaba que abriría los expedientes necesarios con el objetivo de depurar responsabilidades en el caso de que se demostraran estos delitos.
La administración tuvo conocimiento de que la Fiscalía, a través de la Guardia Civil, procedía a investigar a facultativos del Campo de Gibraltar por un presunto delito de cohecho y de falsedad documental, a raíz de la denuncia de una funeraria, que habría denunciado ante el juez que había médicos que cobraban por expedir certificados de defunción y que incluso habrían llegado a modificar horas y fechas de los fallecimientos.
Inmediatamente, se procedió a abrir una información reservada paralela a la investigación judicial, con el objetivo de depurar responsabilidades, en caso de que se comprobara que los hechos eran ciertos.
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