«No hubo relación con profesores ni se impartió curso alguno. Vino un señor que conocía a uno de los camareros y le dijo que si queríamos hacer un curso, pero que no hacía falta hacerlo. Que firmáramos unos papeles y que nos daban una carpeta y dos libros. A los pocos días nos trajeron unos papeles y nos dijeron 'firmad ahí'. Me fié, nos fiamos de ese señor que nos dijo que todo era gratuito. Se aprovecharon de nuestra buena fe para engañar. Lo único que hemos sacado en claro de este montaje son dos libros que quedan a su disposición».
Los documentos. Testimonios de personas que supuestamente hicieron los cursos y las conclusiones de la Agencia Tributaria. / Foto IDEAL
Son las explicaciones que da Francisco, profesional de la hostelería en Andalucía, a la Inspección Regional de la Agencia Tributaria, con sede en Málaga. Una resolución del Tribunal Económico-Administrativo del Ministerio de Hacienda considera probado un fraude masivo en cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía y adjudicados a la extinta Federación Andaluza de Hostelería. Uno de esos cursos, justo por el que le preguntaron a Francisco, era sobre cómo servir el vino.
La Agencia Tributaria estima que la Federación de Hostelería recibió para este curso en concreto, que se impartió «a distancia» para 12 alumnos, 148.580 euros. Cifras que considera «absolutamente desproporcionadas». Un supuesto fraude que se produjo al menos durante cuatro años (de 2008 a 2011) con decenas de cursos y con subvenciones que rondan el millón y medio de euros.
Tras considerar probados los fraudes en los cursos, la Agencia Tributaria persigue a la Federación Andaluza de Hostelería por dos deudas que suman más de un millón de euros. Expedientes abiertos por impagos en el IVA y el Impuesto de Sociedades. Una está pendiente de pago en fase de embargo y otra, aún en periodo voluntario, está suspendida por recursos. La Federación se declaró en concurso el 2015 y desapareció. Ahora las deudas se les reclaman a federaciones de hosteleros provinciales y sectoriales de toda Andalucía, a las que el fisco tiene contra las cuerdas.
Barra libre
Hacienda cuestiona los usos de la Federación con el dinero público desde 2008, cuando detectó una subvención de 3.500 euros para una 'Acción con empresarios saharahuis'. Para justificar esa ayuda la Federación aportó una factura de 1.960 euros de la sociedad que gestionaba una conocida discoteca de Granada emitida el 11 de septiembre de 2008, donde se constaba que se pagó «90 barra libres a 20 euros cada una». «En resumen, que parte del dinero recibido para la loable acción de promoción con empresarios saharauis ha sido invertido en 90 barras libres en la discoteca. El resto es declarado como beneficio y no destinado a ningún fin conocido».
También figuran subvenciones y pagos para otras actividades, como una guía responsable de Alimentos sin gluten' por valor de 22.500 euros «sin que se hayan aportado pruebas documentales de los servicios prestados, ni siquiera la guía que debía crearse y editarse según las condiciones de la subvención recibida» en 2009. La Federación explicó luego que la guía existe y que se aportó a Turismo Andaluz, pero a Hacienda no le consta.
Aunque el grueso del supuesto fraude tiene como protagonista instrumental a una empresa de Jaén: un centro de formación, con sede en la Plaza Coca de la Piñera. Según Hacienda, una entidad supuestamente emisora de facturas falsas para inflar gastos y desviar subvenciones. La Federación Andaluza de Hostelería subcontrataba sistemáticamente con ella los cursos de formación. Unas adjudicaciones bajo sospecha, porque habitualmente se presentaban a concurso para cubrir esos servicios otras sociedades que tienen «la misma dirección y pertenecen al círculo de empresas» de los responsables de esta empresa. A la sociedad bajo sospecha se le hicieron pagos en cada ejercicio investigado de cientos de miles de euros (en torno a un millón y medio de euros en todo el periodo analizado). Pero cuando Hacienda la requirió, no fue capaz de aportar ni un papel.
«Curiosa» denuncia
Se lo admitió a los inspectores el administrador de la empresa, R.P.G., que compareció en la sede de la Agencia Tributaria el 20 de diciembre de 2012 para explicar que «no dispone de documento contable alguno». Explicó que se los habían robado, y mostró una denuncia del año anterior para acreditarlo. Según su versión, se dejó el coche abierto en el parking de un supermercado y le robaron una mochila con ropa de deporte y dos carpetas archivadoras con toda la documentación de los cursos.
La Agencia Tributaria no se creyó esta historia: «Ciertamente curiosa dicha denuncia, pues no se especifica la marca de las zapatillas de deporte o del chándal, pero sí es capaz de recordar con una memoria digna de elogio, las referencias que contenían las dos carpetas», escribieron los técnicos de la Agencia Tributaria en un informe oficial. «Hay que añadir que el administrador es incapaz de recordar, a pesar de la prodigiosa memoria que parece ostentar en la denuncia mencionada, ni un solo curso de los que supuestamente habría impartido dicha entidad, y es más no es capaz de recordar ni a uno solo de los empleados de la empresa de la que es administrador, dato realmente curioso y que no hace sino reafirmar el carácter de emisor de facturación irregular por parte de esta entidad», añaden desde el Fisco.
En un rastreo de cuentas bancarias de la empresa, Hacienda detectó retiradas de efectivo por importe de 298.350 euros «sin justificación alguna que las ampare». Y llamaron la atención sobre el hecho de que esta empresa lleve años sin presentar declaraciones de impuestos.
Los inspectores también interrogaron al gerente de la empresa, A.M.A., que admitió que no había documentación alguna porque supone que se la habían robado a R.P.G., y aportó un curioso dato sobre los cursos que impartían: «Que los márgenes de beneficio son muy grandes (.). Que a un profesor se le paga a 10 euros la hora, por encima de lo que fija el convenio, pero la Junta de Andalucía te puede pagar a 150 euros la hora. La diferencia es beneficio para la empresa. Lo mismo pasa con el alquiler». En el expediente constan testimonios de profesores confirmando que a ellos les pagaban 10 euros la hora.
Cursos ficticios
También se interrogó a alumnos de los cursos. Más bien supuestos alumnos. «En el restaurante asador donde trabajaba el gerente nos comentó que nos iban a impartir un curso de inglés y que ya nos llamarían, pero tras esa conversación no supe nada más del curso, fui despedida y hasta la fecha», se asegura en uno de los testimonios que constan en el expediente.
«Hemos visto que la actividad de la Federación Andaluza de Hostelería en los años analizados por esta inspección ha consistido fundamentalmente en recibir subvenciones públicas que han sido desviadas a entidades no declarantes de impuestos y sin infraestructura (.) Se puede concluir que -la empresa con la que se contrataba- no realiza una actividad empresarial normalizada y que es utilizada para desviar fondos (subvenciones) que se reciben de entidades públicas andaluzas, en beneficio de determinadas personas, ya que posteriormente el dinero es retirado en efectivo», dicen los inspectores.
La Agencia Tributaria sostiene que «no se han efectuado los servicios descritos en las facturas emitidas por la empresa que se ha investigado, y que se han desviado fondos de entes públicos andaluces sin aplicación conocida».
Pero el expediente de Hacienda no es por fraude con los cursos, sino por no pagar los impuestos. Los técnicos entienden que con este esquema de funcionamiento la Federación Andaluza de Hostelería no se puede considerar una entidad sin ánimo de lucro exenta de tributar por las subvenciones, ya que «realiza una actividad que recibe cuantiosos ingresos por subvenciones y reduce al mínimo sus costes, por lo que obtiene un gran beneficio». Así que tiene que tributar. Se le reclama alrededor un millón de euros en dos expedientes.
En 2013, el que era presidente de la Federación hizo alegaciones discrepando de estas actas de inspección, asegurando que quien debería pagar es la empresa que debía impartir los cursos «auténtico responsable». Añadía el entonces presidente que si Hacienda tiene indicios de que han usado de forma indebida fondos públicos debería paralizar la vía administrativa y haber presentado una denuncia penal, y que «no se aprecia connivencia entre la Federación y el resto de entidades mencionadas en el informe». También se alegó que «los alumnos críticos son una ínfima parte del conjunto. Otros alumnos reconocen los cursos. Es evidente que se han realizado».
Firmeza
Sin embargo la Agencia Tributaria se mantuvo firme argumentando que «la inspección ha acreditado la imposibilidad de la prestación de servicios consistentes en la impartición de las numerosas actividades formativas, elaboración de materiales, control, seguimiento y evaluación de acciones formativas, basándose fundamentalmente en la falta de personal de la empresa, el desconocimiento del más mínimo aspecto de la actividad por parte de los administradores de las sociedades implicadas, la inexistencia de documentación mercantil alguna, su perfil defraudatorio, la falta de cualificación de los administradores .que llevan a concluir con la imposibilidad de que la empresa efectuara las tareas contratadas». Así que las facturas no son deducibles, sino que hay que tributar por ellas.
Además, el fisco no se cree «la absolutamente independencia» de la empresa respecto a la Federación que se alega desde esta última. Se cita un acta de una comisión en la que aparece el gerente de esta sociedad, A.M.A. citado como representante de la Federación. «Se han acreditado elementos fácticos de interrelación entre ambas entidades», dicen los inspectores, que siguen intentando cobrarse de las deudas a través de las patronales provinciales que formaban parte de la ya desaparecida Federación Andaluza de Turismo.
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