La juez de instrucción número 1 de Lleida anulaba en un auto el confinamiento decretado horas antes por la Generalitat —que entraba en vigor a las 00.00 de ese lunes— de Lleida y otros siete municipios de la comarca del Segrià donde viven unas 160.000 personas. Los vecinos de estas localidades debían “permanecer en su domicilio” excepto para trabajar, cuidar a niños o a personas mayores, ir al médico o comprar comida, y las entradas y salidas de los municipios quedaban restringidas salvo por motivos laborales, de salud o de actividades esenciales.
Dos 'mossos' en un control en Lleida, vigilan el acceso a la A2 dirección Barcelona. En vídeo, la justicia paraliza el confinamiento domiciliario en Lleida y en otros siete municipios. (FOTO: EUROPA PRESS | VÍDEO: ATLAS)
La juez, sin embargo, considera que las medidas son desproporcionadas y recuerda que esta es “una competencia estatal y se ejerce, además, con la garantía de la intervención del Congreso”. Y añade en el auto: “En todo caso, el presidente de la Generalitat, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, podrá solicitar del Gobierno la declaración de estado de alarma”. El aumento de nuevos contagios en la comarca del Segrià, que se enfrenta desde mediados de junio a uno de los mayores brotes registrados en España desde el fin del confinamiento, había obligado al Govern a tomar medidas drásticas, pero la justicia las ha tumbado al considerar que exceden sus competencias.
“Las medidas pretendidas no solo no son proporcionales sino que se basan en datos y expresiones genéricas que hacen que una medida tan gravosa y restrictiva resulte indiscriminada a la par que desproporcionada, no habiéndose identificado ni subjetiva ni limitado temporalmente la actuación administrativa pretendida”, asegura la magistrada. La Generalitat, añade, podría haber realizado otras actuaciones, como “individualización del confinamiento domiciliario respecto a las personas detectadas y una recomendación de un confinamiento” en virtud de la ley de protección civil de Cataluña.
La magistrada duda del informe con el que la Generalitat le pidió que ratificara su decisión, que habla de una transmisión comunitaria que puede ser “importante” en la zona. “No nos aportan ningún dato más, ni por qué es importante, si la importancia es extrema y grave, o en base a qué datos se puede determinar la existencia de esta peligrosa transmisión comunitaria, en definitiva, no existe motivación en datos ni en fundamentos, para establecer esta afirmación”, concluye el auto.
El confinamiento perimetral de la comarca decretado el sábado 4 no ha evitado que los casos sigan subiendo. Este domingo la Generalitat informó de 816 nuevos positivos en toda Cataluña, buena parte de ellos correspondientes a la comarca del Segrià, que acumula 1.500 casos desde que se inició el brote, vinculado a empresas hortofrutícolas en plena campaña de la recogida de fruta. En solo 24 horas registró 190 casos más. La transmisión del virus ya es comunitaria, es decir, es muy difícil trazar el origen de los infectados que van apareciendo.
Según la consejera de Salud, Alba Vergès, el confinamiento perimetral ha permitido reducir el índice de transmisión de 1,9 a 1,2, pero no ha sido suficiente, por lo que era necesario imponer medidas que limiten los contactos sociales. La consejera admitió que el Govern llegó a valorar si la campaña de la fruta, que atrae a unos 30.000 temporeros a esta zona y al otro lado de la frontera con Aragón, podría llevarse a cabo.
Las restricciones anunciadas este domingo por Vergès y el consejero de Interior, Miquel Buch, implicaban una vuelta a la fase 0 de la desescalada. La decisión de la juez de paralizarlas es recurrible en un plazo de 15 días. Esta llega después de que el fiscal jefe de Lleida, Juan Boné, interpusiese un escrito ante el juzgado de instrucción número 1 alegando que la competencia para confinar es estatal. Horas más tarde, la magistrada Elena García-Muñoz ha dado la razón al fiscal y no ha ratificado judicialmente la decisión de la Generalitat. El boletín oficial ya había publicado la resolución, firmada por los consejeros de Salud y de Interior.
El Govern pretendía que solo saliesen a trabajar quienes no pudiesen teletrabajar y perteneciesen a los servicios esenciales. También quería cerrar centros deportivos (piscinas, gimnasios) y culturales (bibliotecas, teatros, cines) y limitar la práctica del deporte en grupo con personas que formasen parte de la unidad de convivencia. Asimismo, quería prohibir las reuniones de más de 10 personas, tanto dentro de los hogares como fuera, incluidas las bodas, los servicios religiosos y las ceremonias fúnebres.
Las tiendas iban a estar abiertas pero se debía acudir con cita previa. Bares y restaurantes abrirían pero solo para atender envíos a domicilio y recogida de pedidos. Los centros de actividades de verano para niños y jóvenes seguirían abiertos, pero todos sus participantes deberían tener residencia en la comarca. Vergès repitió varias veces durante una rueda de prensa en Lleida en la que anunciaron las medidas: “Tenemos que cortar las cadenas de transmisión. Los contactos deben limitarse a las personas con las que convivimos”.
Las medidas, en fin, implicaban un confinamiento domiciliario en ocho municipios donde hay un crecimiento “muy pronunciado” de los casos, según Vergès (Lleida, Alcarràs, Aitona, La Granja d’Escarp, Massalcoreig, Seròs, Soses y Torres de Segre, además de las entidades municipales de Such y Raimat), y la restricción de la movilidad. Pese a ello, los responsables políticos repitieron que no se trataría de un “confinamiento total” y que precisamente tomaban estas medidas para evitarlo.
Ese cierre total, destacó el alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, tendría “un impacto económico muy fuerte” en la zona. “Estamos en una situación grave”, aseguró, y pidió se garantizaran los sueldos de los trabajadores que “durante 15 días” no pudieran desplazarse, bien por no poder salir o entrar a los municipios afectados.
Miquel Buch ya había anunciado durante la rueda de prensa que la orden del Govern tendría que ser aprobada por la autoridad judicial. Sin estado de alarma, una Administración no puede decretar la restricción del libre movimiento de los ciudadanos. ”Estamos trabajando con los juzgados correspondientes para que nos den el visto bueno”, dijo Buch por la tarde. “Y nada nos hace pensar que no nos lo den, porque ya nos lo dieron la semana pasada”, añadió, en referencia al permiso para confinar perimetralmente la comarca del Segrià. La Generalitat también pudo establecer un confinamiento en la Conca d'Òdena el 12 de marzo, antes de que el Gobierno declarara el estado de alarma.
La petición a los jueces se basaba en “los datos epidemiológicos y la salud de las personas”, dijo Buch, que añadió muy serio: “Seamos conscientes de lo que pasa. Mañana nos puede pasar esto en cualquier otro sitio. Mantengamos la guardia alta”.
La situación sanitaria empeora por momentos en Lleida. El principal hospital, el Arnau de Vilanova, ya ha tenido que derivar pacientes graves a Barcelona para despejar su unidad de cuidados intensivos. Este domingo ha abierto una tercera planta para pacientes de covid-19 y se está planificando abrir otra en otro centro, el hospital de Santa María. Hay 14 personas ingresadas en la UCI, con una media de edad de 56 años. El porcentaje de personas que dan positivo en la prueba del coronavirus es del 35% en el Segrià, frente a un 5% o 10% de media en el resto de Cataluña, señaló Vergès. Esta tasa debería ser lo más baja posible, de forma que hubiera que hacer muchos test para encontrar un positivo.
El presidente, Pedro Sánchez, se reúne el lunes a primera hora con el comité de seguimiento del coronavirus para tratar, entre otras cosas, la situación de Lleida y de los otros focos del virus en España, y del plan nacional de preparación y respuesta ante los brotes que prepara el Ministerio de Sanidad.
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