Las Instituciones españolas se están deslegitimando hasta extremos que nos excluyen del marco democrático europeo. Para la Justicia este proceso es singularmente grave. El gobierno en democracia consiste en un equilibrio imprescindible de poderes. Cuando este balance de control político no se produce, todo el poder recae en muy pocas manos y oscuros despachos.
Entonces las Instituciones, aparentemente democráticas, se convierten en una mascarada y se mofan de los ciudadanos. Cuando el Parlamento y la Justicia dependen absolutamente del poder ejecutivo, concentrado en un grupo escaso de personas, la Democracia deja de latir, y se abre paso la corrupción en sus más variadas formas.
Hoy en España no existe ni separación ni equilibrio de poderes. Los corruptos han colonizado amplias áreas institucionales. La primera consecuencia es que la Justicia no podrá investigar las actividades de determinados personajes poderosos, muy ligados a largas historias de corrupción. Cuando los jueces intenten instruir causas penales contra estos individuos, se verán presionados, impedidos o separados. No podrán desempeñar su trabajo. Los corruptos, como las termitas, durante muchos años han corroído lo mejor del sistema, del que ahora sólo queda la cáscara.
Actualmente, se quiere evitar que la ciudadanía conozca EL PRINCIPAL RELATO SOBRE LA CRISIS EN ESPAÑA. Este relato consiste en narrar cómo se ha gestionado CAJA MADRID desde el año 1995 hasta el año 2010 (período Blesa).
Este relato comenzó a revelarlo el juez Elpidio José Silva. Por este motivo le apartaron inmediatamente de su cargo, valiéndose de expedientes disciplinarios absolutamente faltos de verdad, e inventando todo tipo de pretextos infamantes.
Además, los casos Blesa y Banco de Miami llevan meses sin impulsarse, esperando que la opinión pública los olvide, o que prescriban, o que puedan perjudicarse gravemente las pruebas en que se basan. Los corruptos sepultan pruebas, correos corporativos, tumban y acusan en falso a los jueces honestos, detienen procedimientos judiciales, mienten y pervierten las Instituciones.
Ahora el juez Silva incluso se encuentra sometido a un procedimiento penal, el cual carece del menor atisbo de verdad. Simplemente por hacer su trabajo, tal como exige la ciudadanía que paga a los jueces, Elpidio Silva tiene que responder ante un Tribunal desviado, acusado por un Fiscal sin norte y por el propio exbanquero Miguel Blesa.
Jamás debiera haberse producido esta situación en España. Es impropia de un país que pretende sumarse a Europa. Una finalidad del procedimiento penal contra el juez Silva es impedirle que vuelva a instruir los casos Blesa y Banco de Miami. Pero otra finalidad, de mayor calado, es impedir que estas causas avancen. A la vez se atemoriza a otros jueces.
La ciudadanía no va a seguir consintiendo esta situación. Las españolas y españoles, con mucho esfuerzo, pagamos Instituciones muy costosas como lo son la judicatura y la fiscalía. Pero, cuando parte de esas Instituciones no funciona en absoluto o son amordazadas, a la ciudadanía no le queda más remedio que ahondar en los principios más profundos de la Democracia. Al fin y al cabo, por ahora es nuestra forma de gobierno en España.
Cuando las Instituciones se deslegitiman y dejan de responder, el poder vuelve a movilizarse desde la sociedad. Esta expresión de poder básico no secunda en absoluto a ningún partido político. Es poder ciudadano en estado puro. Y arranca de “plataformas y comunidades de base”, las cuales no van a tolerar un estado de cosas ruinoso y enormemente nocivo para la sociedad española y para nuestro futuro generacional.
Por estas causas, como primera acción de este movimiento ciudadano, cientos de miles de personas van a querellarse contra los causantes de esta situación de impunidad. DE FORMA HISTÓRICA, BATIENDO TODOS LOS PRECEDENTES JUDICIALES DE LA HISTORIA, mediante cientos de miles de firmas, la ciudadanía española va a mostrar su honradez, frente a los corruptos.
Actualmente se cuenta con más de 150.000 firmas de apoyo, que corresponden a personas que han expresado su deseo de incorporarse a una querella. Se dirigirá contra todos aquellos que estén provocando la situación judicial descrita en relación con los casos Blesa y Banco de Miami. Pero, sin la menor duda, millones de ciudadanas y ciudadanos consideran que es insoportable que sigamos soportando esta situación deshonrosa, que algunos malhechores nos conduzcan a la miseria, que impidan trabajar a la Justicia amedrentando a los jueces; y que llamen crisis a la mentira, la estafa y el expolio.
LA MAGISTRADA QUE JUZGA A ELPIDIO SILVA FUE CONCEJALA DEL PARTIDO POPULAR Y CONSEJERA DE LA ASAMBLEA DE CAJA MADRID BAJO EL MANDATO DE BLESA.
Al juicio contra el magistrado Elpidio José Silva por encarcelar al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, hay que añadir DOS nuevos detalles que hasta ahora habían pasado por alto:
La identidad de una de las magistradas de la sala. Se trata de María Tardón, que además de presidenta de la Sección 27 de la Audiencia Provincial, antes fue concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid y fue consejera de la asamblea de Caja Madrid bajo el mandato de Blesa que llegó al órgano de gobierno de la entidad en 2003 y fue reemplazada en el puesto en abril de 2005, cuando regresó a la carrera judicial.
María Tardón
Tardón llegó a ser una de las concejales con más relevancia en el último equipo de Gobierno de José María Álvarez del Manzano, en el que llegó a ser tercera teniente de alcalde. Ocupó la Concejalía de Atención Social, Policía Municipal, Movilidad Urbana y Protección Civil, donde llevó a cabo una importante reforma de la Policía Municipal.
La contaminación de la Magistrada es tal, que no debe permanecer en el Poder Judicial, habría que revisar todas sus sentencias y a cuantos del Partido Popular ha absuelto.
El Juez Elpidio José Silva tiene toda la razón de solicitar la nulidad por la imparcialidad con la que se le ha tratado, y apoyamos sus palabras cuando dice: “La actitud descabellada” que ha mostrado hoy el tribunal, que ha vuelto a perder la apariencia de objetividad” refiriéndose a que no se le ha aceptado la renuncia de su letrado defensor, el imputado puede utilizar todos los medios que crea conveniente incluso para retrasar el proceso y es legal como la de no declararse culpable, la ley faculta la libre designación de letrado y los puede cambiar cuantas veces lo quiera.
Más:
Campaña de apoyo al Juez Elpidio José Silva Pacheco - Caso Blesa Facebook
Grupo de Apoyo al Juez Elpidio José Silva Facebook
Campaña de apoyo al juez Silva
Campaña Elpidio Twitter
Alianza Anticorrupcion España Facebook
Independencia Judicial Nueva Web
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