Miguel Ángel Subirán, apartado del 'caso Cursach' por irregularidades, pone a disposición judicial un archivo sonoro secreto que destapa la guerra interna en la Fiscalía balear.
Uno de los fiscales Anticorrupción de Baleares, Miguel Ángel Subirán, ha grabado cientos de horas de conversaciones privadas con sus compañeros del Ministerio Público y agentes policiales durante el último año y ha puesto parte de su archivo sonoro a disposición judicial.
Subirán, que llevaba una década en Anticorrupción y ha investigado algunos casos de gran relevancia en las Islas durante los últimos años, ha sido recientemente apartado de su puesto acusado por la Policía de cometer un rosario de delitos en la investigación del denominado caso Cursach. Esta causa, en la que ha participado Subirán, examina en profundidad las actividades del mayor empresario de ocio de Mallorca, Bartolomé Cursach, propietario de conocidas discotecas como Tito's, BCM o, hasta que estalló el escándalo, la franquicia mallorquina de Pachá. En este sumario los investigadores, con Subirán al frente, le han atribuido el soborno continuado a policías y políticos, habiendo llegado en una fase inicial del proceso a investigarle por tráfico de drogas e incluso por ordenar un supuesto asesinato. Con los indicios que se reunieron contra él se dictó una orden de prisión preventiva en marzo de 2017 por la cual permaneció 13 meses encarcelado, pudiendo salir de prisión tras pagar un millón de fianza.
Sin embargo, las pesquisas del caso de corrupción más importante que tienen en estos momentos los juzgados de las Islas saltaron por los aires tras aflorar chats de WhatsApp entre los investigadores, en los que participaba el propio Subirán y el juez instructor Manuel Penalva.
En ellos, algunos de los integrantes del mismo proferían insultos y descalificaciones contra los investigados, evidenciando su falta de imparcialidad. También aludían a prácticas presuntamente irregulares a la hora de realizar detenciones con el fin de ablandar a investigados y lograr testimonios favorables. Su contenido provocó que el propio juez instructor, Penalva, fuera apartado del caso y tomara el relevo en su lugar el juez Miquel Florit.
Miquel Florit
Por este motivo, y en paralelo a la instrucción del caso Cursach, se investiga ahora si los responsables de la investigación también conformaban un grupo criminal. Esta vez para inducir el testimonio de testigos clave, filtrar informes a los medios para teledirigir a la opinión pública o directamente fabricar pruebas falsas.
En el marco de esta nueva investigación policial contra los jefes iniciales de las pesquisas, el fiscal Subirán atribuye las acusaciones «mendaces» a un complot en su contra con la colaboración del jefe de Anticorrupción balear, Juan Carrau.
Interpreta la actuación de quien fuera su íntimo amigo y compañero en múltiples casos, como una maniobra para apartarle de la causa, lo que haría peligrar el sumario y podría provocar la absolución de Cursach.
Por ello Subirán tomó la decisión, al iniciarse las pesquisas contra él, de grabar en secreto y de forma continuada a sus compañeros en el Ministerio Público, registrando conversaciones con fiscales de diferente rango. De esta forma atesora numerosas comunicaciones que ya ha anunciado al Juzgado de Instrucción número 12 de Palma que va a ir desvelando progresivamente para reforzar su estrategia de defensa.
Como botón de muestra, ha puesto en manos del nuevo juez que instruye el caso Cursach una conversación de 15 minutos con su compañero Eduardo Navarro, uno de los fiscales más respetados de las Islas. Esta grabación la ha aportado mediante un escrito que firma conjuntamente con el juez Penalva.
En la misma, Subirán le pregunta a Navarro, que también ha participado en alguna derivación de la causa contra el dueño de las mayores discotecas de Mallorca, a qué se debe la persecución de su otrora amigo Carrau contra él. Su compañero le admite que «todo tiene un tufo muy raro» aunque se muestra en todo momento muy cauto y elude ir más allá.
Ambos fiscales abordan un episodio concreto protagonizado por Carrau en el que arrebató una causa que llevaba Navarro en relación con una de las testigos protegidas sobre la que se sustentaba la investigación contra Cursach. Concretamente la madame de un prostíbulo palmesano que aseguró que el empresario sobornaba a altos cargos del PP con servicios sexuales y que posteriormente se desdijo y se revolvió contra los investigadores, aflorando también mensajes privados que se había intercambiado con ellos.
Carrau, pilar de la lucha contra la corrupción en las Islas durante los últimos años, advirtió indicios de que Subirán y el juez instructor Penalva habrían manipulado a la testigo y decidió asumir la causa.
En la conversación grabada, Navarro admite a Subirán que «no le gustó nada» la actuación de Carrau pero que desconoce las razones por las que se apropió del sumario que llevaba él. «Yo le dije a Tomeu -Bartomeu Barceló, fiscal jefe de Baleares- y a Ladis -Ladislao Roig, teniente fiscal de las Islas- que no quería tener nada que ver con eso» pero «Tomeu dio por bueno lo que me dijo Juan (Carrau)».
No obstante, la acusación contra Cursach, a pesar de los escándalos protagonizados por los investigadores, sigue viva y la Fiscalía llegó a reclamarle ocho años de prisión por sobornar a funcionarios.
La aparición del archivo sonoro secreto de Subirán provoca ahora el estallido de la guerra interna que libra la Fiscalía de Baleares desde hace varios años.
Las hostilidades entre facciones del Ministerio Público comenzaron cuando uno de sus más conocidos miembros, Pedro Horrach, abandonó la carrera fiscal para trabajar como abogado. Una de sus primeras actuaciones fue, precisamente, la defensa de uno de los implicados secundarios en el caso Cursach, lo que desató la ira de algunos de los fiscales y policías con los que había trabajado y llevó al fiscal del caso Urdangarin a retirarse de la causa.
Pero la fractura en el seno del Ministerio Público de las Islas se visualizó por primera vez cuando algunos de sus más jóvenes miembros, como Navarro, investigaron al histórico jefe de la Policía Judicial en Baleares Antonio Cerdá.
El ex máximo responsable de la Policia Judicial de Baleares, Antonio Cerdà. ALBERTO VERA
Este último, que había liderado junto a Horrach el caso Nóos, fue descubierto por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, estando ya jubilado, reuniéndose en secreto en el parking de un hospital mallorquín con el miembro de uno de los clanes de narcotraficantes más importantes de Mallorca, a su vez testigo del caso Cursach. Al mismo tiempo que un juez intervino los teléfonos de este clan, que presumía de tener a sueldo a un «pez gordo» de la Policía.
El fiscal jefe balear, Tomeu Barceló, desautorizó de inmediato a sus subordinados. Dijo públicamente que Cerdá era amigo suyo y un gran policía. Los jóvenes fiscales siguieron investigando y pusieron en serio entredicho la coartada de Cerdá para reunirse con el narco pero finalmente han pedido el archivo.
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