LA ZONA PÚBLICA : Los otros "dedos" de la Junta

Invercaria es una empresa pública perteneciente a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía. 

Se constituye en el año 2005 y está participada al 100% por la Agencia IDEA. Especializada en el capital riesgo, su misión es contribuir al fortalecimiento del tejido empresarial andaluz mediante el desarrollo de pequeñas y medianas empresas PYMES, a las que aportan capital y ayudan en la gestión. 

La empresa se encuentra sometida a investigación judicial por casos de presunta corrupción y mal uso de dinero público. El juzgado de Instrucción 16 de Sevilla dirime la posible responsabilidad penal en el manejo de los fondos públicos. 

Lo que, a tenor de las declaraciones judiciales, quedó constatado es la discrecionalidad con la que se manejó la política de contrataciones, tanto de las empresas –que ejercían de socios-proveedores– como de los trabajadores, que en la mayoría de los casos no pasaron ningún proceso de selección.

El magistrado del caso tomó declaración en calidad de testigos a Salvador Linares, ex director del proyecto de Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), y la coordinadora del mismo, Pilar Jiménez. 

"El esfuerzo, el entusiasmo y el amor por un proyecto es lo que mueve este mundo de emprendedores y de sacrificio continuo". Lo demás es "sólo dinero".

De esta entusiasta e idealista manera se presentaba la presidenta de Invercaria Laura Gómiz en la página electrónica de esta sociedad pública de capital de riesgo. Un 'saluda' que ya ha sido retirado de la web y cuyo contenido contrasta mucho con el de la conversación grabada entre la ya ex presidenta de Invercaria y su director de Promoción, Cristóbal Cantos, en la que le solicitaba a éste que elaborara informes fraudulentos. Leer más?

Salvador Linares y Pilar Jiménez, entraron a trabajar en el proyecto –financiado con fondos públicos– sin un proceso de concurrencia competitiva. El primero tenía relaciones profesionales con Gonzalo Alba Beteré –ex trabajador de Invercaria imputado en la causa por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsificación y tráfico de influencias y que entró a su vez a trabajar allí por mediación del sobrino de Felipe González –; la segunda conocía a Tomás Pérez-Sauquillo –presidente entonces de la sociedad de capital riesgo– porque es familiar lejano de su madre, según consta en su declaración, según La Razón.es.

Gonzalo Alba Beteré

Según señaló Pilar Jiménez en sede judicial, aunque su cargo era el de coordinadora de FIVA, lo que realmente realizaba eran funciones de secretaria consistentes en «asistir a reuniones de los técnicos para transmitirle la idea del diseño de portal que quería Tomás Pérez-Sauquillo; llevar a la notaría documentación; a gestoría facturas; revisar las notas de prensa; o invitar a las empresas a la presentación del proyecto FIVA por carta y por correo electrónico». Licenciada en Historia, tenía un sueldo de 1.916 euros al mes netos. 

Al parecer, su madre es "familiar lejano" de Pérez Sauquillo, y admitió que el expresidente de Invercaria "le ofreció la oportunidad de trabajar en FIVA en un contrato por cuenta ajena" en calidad de coordinadora, realizando "funciones de secretaria". 

Tomás Pérez-Sauquillo (a la derecha) llega acompañado por su abogado. | Carlos Márquez

Como la actividad del proyecto FIVA –en el que la Junta invirtió 1,6 millones de euros– disminuyó, le redujeron la jornada «la mitad o menos» e Invercaria le contrató como auxiliar administrativo el resto de horas hasta las 40 semanales –donde también hizo labores de traducción de español a inglés–.

Por su parte, el ex director del proyecto FIVA, Salvador Linares Medina, también tuvo un camino laboral de ida y vuelta. Fue contratado para este proyecto y cuando fue despedido recaló en la empresa pública con un contrato mercantil con una remuneración de 22.000 euros para asesorar al presidente de Invercaria sobre las empresas participadas.

Tomás Pérez-Sauquillo junto a Laura Gómiz, la prsidenta de Invercaria. | Press Agency

Laura Gómiz, ex directora de Invercaria, durante el juicio por la demanda de Cristóbal Santos, el funcionario que se negó a falsificar los informes en la sociedad capital riesgo que ella presidía.. | J. Morón

Sobre el portal de internet, Linares culpó a Novasoft –una de las empresas que actuaban como socios-proveedores– del mal desarrollo del proyecto tecnológico y aseguró que «cree que hubo menos horas trabajadas de las previstas para el desarrollo de esa herramienta». Una anomalía que puso en conocimiento «de los directivos de FIVA y de Invercaria».

Pese a ello, cree que el portal era «viable» y que la clave para que fracasara fue «la falta de apoyo o abandono por parte de la Consejería de Innovación», de la que depende Invercaria y que era de donde salía el dinero.

El presidente de Novasoft, a su llegada al juzgado. | Carlos Márquez

Salvador Linares, a su llegada a los juzgados de Sevilla ROCIO RUZ

Antonio Nieto Garrido, apoderado de Invercaria

Cristóbal Cantos, exdirector de Promoción de Invercaria, que denunció presiones para elaborar informes falsos, a su llegada a los Juzgados de Sevilla, el 15 de mayo del 2012, para declarar como testigo ante el juez de instrucción 16 donde aseguró que aportaría nueva documentación en apoyo de su denuncia. EFE

A los casos de Salvador Linares o Pilar Jiménez hay que sumar otros como el del ex director financiero de Invercaria Antonio Nieto, que entró a trabajar por amistad con Tomás Pérez-Sauquillo y que admitió que sólo tenía estudios de Bachillerato y no tenía «ni idea de capital riesgo» o el ya mencionado de Gonzalo Alba, amigo de Juan María González, sobrino de Felipe González y que también estaba contratado por Invercaria y llegó a presidirla durante meses.

Juan María González Mejías, el "sobrinísimo"

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