Un estudio demuestra que España se sitúa en tercer puesto de la Unión donde hasta el 58% de los ciudadanos percibe falta de independencia judicial por las injerencias del Gobierno y la política, por detrás sólo están Bulgaria y Eslovaquia.
Rafael Catalá, ministro de justicia de España, junto a la comisaria europea para la Justicia, Vera Jourová. Stephanie Lecocq EFE
Según el informe anual de la Comisión Europea sobre el estado de la justicia en los países de la Unión, España figura como el tercer Estado donde un mayor porcentaje de personas percibe que la justicia no es independiente.
Hasta un 58% de los españoles la consideran como “mala” (39%) o “muy mala” (19%), lo que supone que sólo dos de los 28 países están peor: Bulgaria y Eslovaquia.
Según el citado estudio, son las “interferencias y presiones del Gobierno y políticas” el primer motivo de la percepción de la falta de independencia aducido por la ciudadanía.
Jueces para la Democracia (JpD), se ha hecho eco del estudio, afirmando que unas “inopinadas” declaraciones del Ministro de Justicia, Rafael Catalá, con relación a la investigación que se sigue en el Tribunal Supremo por el denominado “procés”, son “poco respetuosas con la separación de poderes y la independencia judicial”.
La asociación destaca que en tales afirmaciones, Catalá “pronostica con total seguridad el futuro procesal de los investigados y anticipa, sin ningún rubor, las fechas y el contenido de las resoluciones judiciales, hasta el punto de afirmar que la sentencia se dictaría antes del mes de diciembre del presente año”.
Jueces para la Democracia da por hecho que el ministro ha tenido que ponerse en contacto con los magistrados del Constitucional, bien para dar órdenes o bien para conocer los plazos previstos. A este respecto Jpd afirma que “tales contactos son inadmisibles en un Estado de Derecho y no tienen otro objetivo que tratar de influir en el sentido de la resolución a dictar por el Alto Tribunal”.
Estas injerencias, afirman, socavan la confianza de los ciudadanos en los Tribunales, y lastran la credibilidad de actividad diaria de magistrados y magistradas en el ejercicio de su función.
JpD también echa en cara la inacción y el silencio del Consejo General del Poder Judicial, (CGPJ) máxime cuando es el órgano que precisamente tiene por misión fundamental defender la independencia de los jueces.
La Asociación reafirma una vez más su compromiso por la independencia Judicial. Es imprescindible alejar a la justicia de toda sospecha de parcialidad o manipulación, reclamando un poder judicial fuerte e independiente.
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