La Fiscalía Provincial de Huelva remitió al Juzgado de 1º Instancia e Instrucción nº 2 de Valverde del Camino (Huelva), la segunda causa por la que fue objeto de registro la Diputación Provincial y la Oficina del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) en el Distrito de Pescadería inaugurado en 2013 en la capital onubense.
La formación UPyD, candidata a la Alcaldía de Huelva, era quien se encargaba de presentar esta denuncia el día 12 de febrero de 2015 por presuntas irregularidades de contratación en Diputación sobre el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA).
Estas se basan en presuntas irregularidades cometidas por dicha Diputación en cuanto a contrataciones para hacer otras funciones con fondos del Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA).
Según consta en dicha denuncia, esta Diputación "sistemáticamente viene obteniendo indebidamente esta subvención de proyectos de obras y servicios de interés general generador de empleo estable, que en el año 2013 ascendió a la cantidad de 282.965,38 euros, presentando el que llama 'Proyecto de asesoramiento, tramitación y control de las obras incluidas en el PFEA 2013' y posteriormente el 'Anexo al proyecto de asesoramiento, tramitación y control de las obras incluidas en el PFEA 2013' por importe de 9.241,26 euros y, además, con dichas subvenciones sufraga y financia las contrataciones de trabajadores afines año a año".
Estos hechos, según esta formación, podrían ser constitutivos de diversos delitos contra la Hacienda pública, cohecho, fraude, tráfico de influencia o falsificación de documentos. Por tanto, pedía a la Fiscalía que ordenara la incoación de diligencias de investigación.
Miguel Ángel Delgado candidato de UPyD a la alcaldía por Huelva.
Según la formación, con el dinero percibido por esta subvención y las anteriormente obtenidas por el mismo sistema en años anteriores, la Diputación "lleva contratando durante trece, diez y seis años a una serie de personas" que realizan distintas funciones -abogados y arquitectos, entre otras profesiones-, considerándola "una plantilla estable de diez personas que comienzan sistemáticamente sus contratos a partir del día 1 de septiembre donde vuelven a ser contratados por la Diputación con cargo a la subvención del año siguiente hasta junio".
Según la denuncia, con el dinero percibido por esta subvención y las anteriormente obtenidas por el mismo sistema, la Diputación Provincial de Huelva lleva contratando durante trece años a:
Samuel Carballar Rinco, Titulado superior. Arquitecto.
Francisco Javier Luengo Martínez, Titulado medio. Empresariales.
Y durante diez años a:
Lidia Rodríguez Bejarano, titulado medio. Arquitecto Técnico.
María del Carmen Domínguez Arenas. Administrativa.
Enrique M. González Caballero. Administrativo.
María del Puerto Garzón Rufo. Delineante.
Aránzazu Vázquez López. Delineante.
Durante seis años a:
La Oficina registrada perteneciente al Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) del Distrito de Pescadería en Huelva.
Por lo que considera que “que este proyecto presentado por la institución, "acogido a la modalidad de generador de empleo estable y subvencionado indebida e irregularmente con cargo al PFEA, incumple ampliamente la normativa aplicable".
En la denuncia también se refieren a una contratación en concreto, la de Eduardo Sánchez Masa, hijo del Director Provincial en Huelva del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), Eduardo Sánchez Montalban.
La primera causa que motivó el registro en ambas dependencias el 20 de febrero de 2015, era la denuncia interpuesta por dos particulares relacionada con subvenciones supuestamente ilegales sobre el PFEA en Tharsis, (Huelva).
La ex diputada de UPyD, Irene Lozano, era objeto de polémica, tras ser incluída en el puesto número 4 como independiente en la lista del PSOE por la circunscripción de Madrid en las elecciones legislativas convocadas para el 20 de diciembre de 2015, por decisión del líder del Partido, Pedro Sánchez. El motivo de la polémica se basaba en las opiniones vertidas por la aún diputada en 2014. El "rescate" político de la polémica ex diputada servía de caldo de cultivo para que las declaraciones fueran utiliazadas como arma arrojadiza hacia la formación "rescatadora" poniendo en evidencia el proceder por ambas partes, dando lugar a que surgieran juicios paralelos, por parte de la opinión pública, respecto a dichas declaraciones.
A pocas fechas de la celebración de las Elecciones generales de España de 2015 y habiéndose celebrado las autonómicas y municipales en mayo del mismo año, la información sobre esta causa, -a través de los Medios o, a nivel político-, brillaba por su ausencia. Ninguna formación política provincial o, a nivel autonómico, constaba haber solicitado información, a cerca del proceso. Un silencio que daba pie a especulaciones de tipo politico/judicial.
Las respuestas al registro, por parte del presidente del ente, Ignacio Caraballo, eran recogidas en su Web, el 24.02.15. Esta respuesta, a modo de Comunicado, desapareció del Portal Digital del ente, que se mostraba visible por última vez, el 05 de abril de 2016.
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