A finales de 2005, la revista hongkonesa Asia Weekly escogió en su portada a 14 defensores y abogados de los derechos humanos en China como "las personas más influyentes del año", un título colectivo con el que reconocía su labor y la de muchos otros compañeros en promover la protección de estos derechos en el país asiático e instaurar el imperio de la ley.
Fue uno de los momentos más dulces del incipiente weiquan, como así se conoce a este movimiento, que dos años antes había logrado, gracias a la acción conjunta de varios letrados, modificar la regulación que permitía detener a los inmigrantes rurales que iban a la ciudad sin los papeles reglamentarios.
Sin embargo, muy pronto empezaron a cambiar las cosas. En 2006, el Partido Comunista se embarcó en una campaña para consolidar su liderazgo. En el acto inaugural, el entonces jefe de la seguridad china, Luo Gan, anunció que para proteger la estabilidad política iban a adoptar "medidas contundentes" contra aquellos que saboteaban el sistema "bajo la excusa del weiquan". De las 14 personas que aparecían en aquella portada, 13 fueron más tarde encarceladas, golpeadas o amenazadas, y la restante huyó a Canadá. Ahora, Xi Jinping ha recogido el testigo de Gan y está terminando la tarea.
La que algunos ya califican como "la semana negra" comenzó el 8 de julio de 2015, cuando Wang Yu, una reconocida abogada de derechos humanos de 44 años, se despidió de su marido y su hijo en el aeropuerto cuando estos embarcaban rumbo a Australia y volvió a su casa.
Hacia las 3 de la madrugada, mientras Yu estaba en el interior, la corriente eléctrica e Internet se cayeron. Fue en ese momento cuando mandó un primer mensaje a un amigo diciéndole que oía a gente murmurando en el exterior. Una hora después envió un segundo mensaje avisando de que alguien estaba intentando forzar la puerta. Su amigo luego la llamó, pero la mujer no contestó, y desde entonces nadie ha podido establecer contacto con ella.
Con esta desaparición se dio inicio a la mayor campaña conocida nunca contra los abogados de derechos humanos en China. Desde ese día, 222 letrados y simpatizantes del weiquan han sido detenidos, llamados a declarar o permanecen ilocalizables según informó China Human Rights Lawyers Concern Group (CHRLCG). Además, tres oficinas han sido registradas y numeroso material confiscado.
La gran mayoría de los interrogados ha sido puesta en libertad, pero 14 de ellos permanecen detenidos mientras que 11 han sido formalmente acusados de "incitar a la subversión contra el poder del Estado" y de "provocar disturbios y crear problemas", cargos muy vagos empleados por las autoridades en este tipo de casos y que acarrean penas de hasta 15 años de prisión.
"La gravedad de este ataque no tiene precedentes. Las autoridades intentan destruir la emergente red de abogados y defensores de los derechos humanos y expandir el temor entre todos aquellos que los apoyan", declaró el investigador para China de Amnistía Internacional William Nee.
Xi Jinping
Un miembro del CHRLCG que prefiere no ser identificado declaró que, de entre los 270.000 abogados que ejercen en la actualidad en China, se calcula que unos 300 pertenecen a este movimiento del weiquan. Su pecado, hacerse cargo de aquellos casos "sensibles" que molestan al Estado y a su intereses o su discurso. "Ellos aceptan los casos de corrupción, de libertad religiosa, sobre los derechos civiles o los abusos de las autoridades, y eso les ha puesto en el punto de mira".
La abogada Wang Yu, detenida el 8 de julio de 2015 en China.
Como ejemplo, Nee cita el caso de un policía que mató de un disparo a un hombre desarmado delante de su madre y de sus tres hijos en una estación de tren de Qingan, en la la provincia de Heilongjiang. Tras el tiroteo, el abogado de la madre del fallecido, Xie Yang, fue atacado por una banda de hombres sin identificar, por lo que varios abogados más viajaron a Qingan. Sin embargo, fueron detenidos por las autoridades, algo que desencadenó la ira de mucha gente y que decenas de letrados firmaran un comunicado condenando los abusos policiales, lo que aún atrajo más atención. "Con este ataque, el Gobierno está mandando un mensaje claro a los abogados: no cojáis más casos sensibles, no utilicéis las redes sociales para presionar, nada de protestas callejeras", añadió Nee.
Si uno revisa la lista de los ahora detenidos, se encuentra con que prácticamente todos los abogados que han defendido a alguno de los activistas más famosos de los últimos tiempos en China está ahí. La misma Yu fue la encargada del caso del uigur Ilhem Tothi, que cumple cadena perpetua por "incitar al separatismo", y su firma de abogados, la denostada Fengrui, se hizo cargo de los casos del artista Ai Weiwei o el periodista Zhang Miao, asistente del periódico alemán Die Zeit que fue encarcelado nueve meses por ayudar a un periodista a cubrir la 'revolución de los paraguas en Hong Kong.
Ilham Tohti
Los medios gubernamentales chinos no han tardado en reaccionar, y en lo que va de semana han aparecido numerosas editoriales y artículos defendiendo la labor del Ejecutivo. A los detenidos se los ha tachado de "malhechores", "ovejas negras de la profesión", "banda criminal" y hasta de "peligro para la estabilidad del estado", y en todos ellos se les acusa de haber organizado más de 40 manifestaciones a las puertas del juzgado "en las que pagaban a los asistentes" y de utilizar información falsa "para crear conflictos entre las autoridades y la sociedad".
"Esta no es una acción aislada, sino que está en línea con el ataque a la sociedad civil que el Gobierno de Xi Jinping viene ejecutando desde que llegó al poder", dijo Frances Eve, investigador de la asociación Defensores de los Derechos Humanos en China. "Durante los últimos años han atacado a diferentes grupos independientes que no se han querido integrar en su sistema y han aprobado regulaciones que estrechan aún más el control. Este grupo informal de abogados es quizás la última organización independiente del gobierno que queda".
En esta línea, días antes de su detención, Wang Yu habló en contra de la criminalización de los ciudadanos por expresar sus opiniones. "Como ciudadanos, la gente debería ser capaz de poder criticar al Gobierno sin ser acusada de "incitar a la subversión"".
Pu Zhiqiang
Ahora queda por ver qué sucede, tanto con los detenidos como con los que han quedado libres. Quizás sirva el ejemplo lo sucedido con el abogado Pu Zhiqiang, uno de los rostros más conocidos de este movimiento legal de derechos humanos que fue detenido hace más de un año y hace poco conoció que se enfrenta a una pena de hasta ocho años de prisión. "Xi ve a los defensores de los derechos humanos como una amenaza para el régimen", declaró al SCMP el analista político Ching Cheong. "No hay dudas de que mantener la estabilidad social va a ser su principal prioridad".
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