La Policía Militar de Río de Janeiro, que parece seguir la máxima de “disparar primero y preguntar después”, está contribuyendo al alarmante aumento de la tasa de homicidios, pero sus agentes casi nunca son investigados ni comparecen ante la justicia. Así lo afirma Amnistía Internacional en un análisis inédito de datos estadísticos publicado a un año del comienzo de los Juegos Olímpicos de Río 2016.
El informe “Mataste a mi hijo”: Homicidios cometidos por la Policía Militar en la ciudad de Río de Janeiro revela que casi el 16% de los homicidios registrados en la ciudad en los últimos cinco años fueron cometidos por agentes de policía que estaban de servicio: en total, 1.519 homicidios policiales. Sólo en la favela de Acari, situada en el norte de la ciudad, Amnistía Internacional encontró indicios que apuntan claramente a que hubo ejecución extrajudicial en al menos nueve de los 10 homicidios perpetrados por la Policía Militar en 2014.
“La estrategia brasileña de ‘guerra contra las drogas’, destinada a combatir el narcotráfico, la violencia y la crisis de seguridad pública, problemas acuciantes en el país, ha fracasado rotundamente y está dejando una estela de sufrimiento y destrucción. Se pierden demasiadas vidas por culpa de esta combinación tóxica de fuerzas policiales corruptas, violentas y carentes de recursos, comunidades tan pobres y marginadas que apenas son visibles y un sistema de justicia penal que no imparte justicia ni otorga reparaciones a quienes sufren violaciones de derechos humanos.”
Según la investigación de Amnistía Internacional, la Policía Militar de Río de Janeiro ha empleado habitualmente fuerza innecesaria y excesiva durante las operaciones de seguridad que ha lanzado en las favelas de la ciudad. La mayoría de las víctimas de los homicidios policiales registrados entre 2010 y 2013 son hombres jóvenes negros de 15 a 29 años.
Tales homicidios casi nunca se investigan. Cuando muere una persona como resultado de la intervención policial, un agente de la Policía Civil cumplimenta un parte de incidencia para determinar si el homicidio se cometió en defensa propia o si procede emprender una investigación penal. La realidad es que muchos casos se clasifican como “actos de resistencia”, lo cual impide emprender investigaciones independientes y ampara a los autores, que no se ven obligados a comparecer ante tribunales civiles.
La ONG Río de Paz hizo un Acto en honor a Eduardo de Jesús el 5. abr. 2015.
En la práctica, al clasificar los homicidios policiales como el resultado de un enfrentamiento, incluso cuando no lo ha habido, las autoridades culpan de la muerte a las propias víctimas. Este proceder se usa a menudo como cortina de humo para encubrir ejecuciones extrajudiciales. En los casos en que la policía vincula a la víctima con grupos criminales, la investigación suele limitarse a respaldar el testimonio de los agentes de que el homicidio se cometió en defensa propia, en vez de determinar las circunstancias de la muerte.
Amnistía Internacional también ha descubierto que con frecuencia se altera el lugar de los hechos, pues los agentes de policía retiran los cadáveres sin la diligencia debida o colocan junto a él armas u otras “pruebas”. Cuando la víctima está presuntamente vinculada al narcotráfico, la investigación tiende a centrarse en sus antecedentes penales para legitimar el homicidio.
Eduardo de Jesus, de 10 años, murió a manos de la Policía Militar mientras estaba sentado a la puerta de su casa en el complejo de favelas de Alemão el 2 de abril de 2015.
Según su madre, Terezinha Maria de Jesus, de 40 años, todo sucedió en cuestión de segundos.
“Sólo escuché un estallido y un grito [...]. Entonces salí corriendo y me encontré con aquella escena horrible: mi hijo caído en el suelo”, contó.
Cuando se enfrentó a la fila de agentes de la Policía Militar que estaban delante del cadáver de su hijo, uno de ellos le apuntó a la cabeza con el rifle y le dijo: “Así como maté a tu hijo, también puedo matarte a ti, porque maté al hijo de un delincuente”.
Terezinha dijo que la policía desmontó casi de inmediato la escena del crimen. Los agentes intentaron llevarse el cadáver de Eduardo, pero los miembros de la comunidad se lo impidieron. Uno de los policías trató de colocar una pistola junto al cadáver para incriminar al niño.
Al día siguiente de la muerte de Eduardo, los agentes responsables del disparo que acabó con la vida del muchacho fueron apartados de sus puestos y se les confiscaron las armas para someterlas a un análisis pericial. El suceso está siendo investigado por la División de Homicidios de la policía. La realidad, sin embargo, es que la mayoría de los casos no se investigan debidamente y los responsables casi nunca comparecen ante la justicia.
Desde el homicidio de Eduardo, su familia ha recibido amenazas y se ha visto obligada a mudarse por miedo a sufrir represalias.
“La estrategia de miedo que pone en práctica la Policía Militar cuando lanza operaciones en las favelas, como acosar a los residentes y amenazar a los activistas, no resolverá los problemas de seguridad de la ciudad. Estos problemas sólo se solucionarán con una estrategia concertada para reducir los homicidios y garantizar que todas las violaciones de derechos humanos se investigan exhaustivamente y que se lleva ante la justicia a los responsables”, afirmó Atila Roque.
Brasil tiene una de las cifras de homicidios más altas del mundo: en 2012 hubo 56.000 homicidios.
En 2012, más del 50% de las víctimas de homicidio tenían entre 15 y 29 años, y el 77% eran negros.
Entre 2005 y 2014 se registraron en el estado de Río de Janeiro 8.471 casos de homicidios cometidos por agentes que estaban de servicio, de los cuales 5.132 tuvieron lugar en la ciudad de Río de Janeiro.
El número de homicidios perpetrados por policías de servicio y registrados como “actos de resistencia” en la ciudad de Río de Janeiro constituye casi el 16% del total de homicidios cometidos en la ciudad en los últimos cinco años.
Al revisar el estado de las 220 investigaciones de homicidios policiales abiertas en 2011 en la ciudad de Río de Janeiro, Amnistía Internacional ha descubierto que, transcurridos cuatro años, tan sólo en un caso se han presentado cargos contra un agente de policía. A fecha de abril de 2015, siguen abiertas 183 investigaciones.
Los agentes de policía que trabajan en el Complexo da Maré, en Río de Janeiro, se burlan de la utilización del arma: "Tamo venir hijo de ... ¡Oh, mi pequeño bebé aquí, O. Bebé cantará ahora. Cantará pro bandido Mimir "
“Río de Janeiro es una historia de dos ciudades. Por un lado, la ostentación y el glamur concebidos para impresionar al mundo y, por el otro, una ciudad marcada por las intervenciones policiales represivas que están diezmando a un porcentaje significativo de toda una generación de hombres jóvenes, negros y pobres”.
Atila Roque, director de Amnistía Internacional Brasil.
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