LA ZONA HISTÓRICA : Los fantasmas del archivo "JANO".

Desde su creación en julio de 1977, el Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), heredó de su predecesor, el Servicio Central de Documentación (SECED), una operación permanente impropia de un régimen democrático que, no obstante, se mantuvo viva después de aprobarse la vigente Constitución de 1978. Su nombre en clave, ciertamente apropiado, era “Jano”, el dios bifronte etrusco que miraba en direcciones opuestas: con una cara observaba el pasado viendo todo lo sucedido en el mundo y con la otra oteaba el futuro, siendo capaz de predecir lo pendiente de suceder. Estas dos facultades le otorgaban poder para actuar con gran sabiduría en el tiempo presente.


La fuerza demoledora de la “Operación Jano” radicaba en la existencia y permanente actualización de un archivo secreto que contenía información muy detallada de toda persona que tuviera, o pudiera tener, alguna relevancia futura en el campo político, económico, social, militar, universitario, diplomático, etc. Según José Ignacio San Martín, director general jefe del SECED, se trataba de un fichero completísimo de personalidades del régimen y de la oposición, así como de líderes de opinión y representante de los denominados “grupos de presión”. 

José Ignacio San Martín

En el momento de su creación, se trataba de la base documental más “mecanizada” del SECED, prácticamente al 90 por 100 de su nivel óptimo. Inicialmente, la elaboración del archivo “Jano” se encomendó al Departamento de Contrainteligencia, que lo custodiaba celosamente en un sótano del local de la calle Menéndez Pelayo donde se basaba dicha unidad. Cuando en el año 1988 se inauguró la sede central del CESID, en la madrileña Cuesta de las Perdices (hoy avenida del Padre Huidobro), se trasladó allí con protocolo de máxima seguridad.

En su nueva ubicación, el acceso a la base documental de “Jano”, bloqueada a ultranza por la persona del staff directivo responsable del archivo central, requería una autorización escrita y expresa del director general del CESID. Una potestad que éste nunca delegó en ninguna otra persona, considerando que la más mínima fuga de su contenido vulneraría la labor encubierta del servicio de inteligencia y, sobre todo, porque provocaría graves incomodidades políticas e interpretaciones inéditas poco oportunas sobre acontecimientos de la historia más reciente de España que sin duda no convendría remover.

En los anales del Centro tan sólo otro expediente gozó de un código de protección interna similar: el relativo a los acontecimientos del golpe de Estado del 23-F. No obstante, pese a este férreo control, algunos datos y hechos contenidos en ambos expedientes trascenderían con el tiempo a círculos muy restringidos.

En el mítico archivo “Jano” se incluía la documentación relativa a la denominada “Operación Fantasma”, desarrollada específicamente sobre la vida privada de José María de Areilza, conde de Motrico, diplomático, antiguo Consejero Nacional del Movimiento enfrentado al régimen franquista y figura política importante durante la Transición Española. De hecho, el propio rey Juan Carlos I, que le consideraba un hombre leal a la monarquía y experimentado en política internacional, procuró que en diciembre de 1975 Carlos Arias Navarro le nombrara ministro de Asuntos Exteriores en el primer Gobierno de la monarquía, siendo, junto a Manuel Fraga, uno de los “hombres fuertes” de aquel gabinete.

José María de Areilza

Fervientemente dedicado a consolidar la monarquía parlamentaria titulada por el rey Juan Carlos I, en 1976 Areilza fundó junto a Pío Cabanillas el primer Partido Popular, integrado después en la UCD, agregación de formaciones políticas para cuyo liderazgo era candidato reconocido…

Aunque el servicio de inteligencia ya disponía de fotografías del conde de Motrico compartiendo mesa y mantel con radicales abertzales, el cenit de la “Operación Fantasma” se alcanzó con la instalación de un micrófono en la mesa de su despacho para detectar sus vulnerabilidades y, de esta forma, utilizarlas en su contra para desbancarle de la carrera política, dejando, con su exclusión, el campo libre a Adolfo Suárez para liderar la incipiente UCD.

Manuel Fraga, el otro gallo de pelea y entonces ministro de la Gobernación, había quedado apartado en la sucesión de Arias Navarro por los sucesos derivados de la “Operación Reconquista”, que en mayo de 1976 propició altercados en la tradicional romería carlista a la cima de Montejurra concluidos con tres muertos y varios heridos. 


Lo curioso es que en aquellas fechas Fraga se encontraba en el extranjero y que el encargado de los asuntos de su departamento era precisamente Adolfo Suárez, a la sazón ministro Secretario General del Movimiento.

Ni que decir tiene que la operación contra el conde de Motrico tuvo éxito y que, gracias a los datos obtenidos, el presidente de la UCD no fue el conde de Motrico. Al parecer, fue su amigo Pío Cabanillas quien le persuadió con la información facilitada por el CESID para que dejara expedito el camino a Suárez. 

“Como cualquiera puede suponer el tipo de información en cuestión era, por así decirlo, de índole particularmente personal”.

En 1981, según explicó en su día el semanario “El Siglo”, Areilza reconoció a sus colaboradores más íntimos que Suárez se había servido, en efecto, de los servicios secretos para evitar su llegada a la presidencia de la UCD y del Gobierno.

Por azares de la vida, hay quien afirma que la “Operación Fantasma” tuvo una postrera relación con el otro archivo (el del 23-F) que el CESID custodiaba con tanta cautela como el de “Jano”. 

Años después del nombramiento de Suárez como presidente del Gobierno, la misma operación que sirvió para auparle políticamente, ahuyentando a su más significado competidor, se volvió contra él a la hora de dirimir responsabilidades en la asonada del 23-F. El chantaje a Areilza y la propia existencia de la “Operación Fantasma” pudieron ser los argumentos que algunos miembros del CESID implicados en aquella intentona golpista pusieron encima de la mesa, nunca mejor dicho, amenazando con hacerlos públicos en el caso de que fueran procesados ya con Calvo-Sotelo en la Presidencia del Gobierno..

De una forma u otra, el archivo “Jano” se mantuvo lamentablemente actualizado, al menos en lo que respecta al personal militar, hasta el nombramiento de Eduardo Serra como ministro de Defensa. Un área de la División de Interior se dedicaba a elaborar informes sobre los coroneles más idóneos para el ascenso al generalato, potestativo del Gobierno, y sobre los propios generales con posibilidades de ulterior promoción, en un ejercicio encubierto del control político, y aún partidista, de las Fuerzas Armadas, instrumentado de forma bastarda desde la plataforma de “Jano”.

En todo caso, el periodista Pedro J. Ramírez niega esta última limitación de “Jano” al ámbito militar en su libro “El Desquite” (La Esfera de los Libros, 2004). En él afirma que en mayo de 1997 el teniente general Calderón, en aquellos momentos director del CESID, dio luz verde para la continuación de una “Operación Jano” sobre su persona, que, tras un tibio e infructuoso intento de acercamiento de la Casa al periódico El Mundo, resultaba ciertamente incómoda, y hasta peligrosa, para el afán de impunidad de los implicados en el GAL. Entonces, el periodista en cuestión recibiría un mensaje con inauditas connotaciones de amenaza transmitido por Aurelio Madrigal, a la sazón secretario general del CESID: 

“que le digan a Pedro J. que no se ande con coñas y que tenga cuidado con las medias de seda”. Pocos meses después, el mensaje tendría una versión menos críptica.




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