Una paciente padecía una enfermedad irreversible y su hijo pidió la aplicación de la ley de Muerte Digna, vigente en Andalucía tras la negativa de un facultativo.
El desconocimiento de la Ley por parte de algunos medicos hace que esta no se aplique en todos los hospitales con la celeridad que debería.
El desconocimiento de la Ley por parte de algunos medicos hace que esta no se aplique en todos los hospitales con la celeridad que debería.
La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha obligado al hospital Blanca Paloma de Huelva, concertado, a retirar una sonda nasogástrica a una paciente del centro en aplicación de la Ley de Muerte de Digna, según indicaron fuentes del departamento.
Esta ley, vigente en la comunidad autónoma andaluza desde marzo 2010 y pionera en España, regula los derechos del paciente durante la última etapa de su vida y las obligaciones de los médicos que les traten, regulando expresamente la limitación del esfuerzo terapéutico, es decir que se retire o no se inicie un tratamiento en pacientes sin posibilidad de recuperación y prohíbe prolongar de manera "inútil" la vida, conocido como ensañamiento terapéutico.
Este último es el caso de Ramona Estévez, la paciente sobre quien la Junta ha obligado al centro hospitalario a aplicar la ley y que se encontraba desde el 26 de julio de 2011 ingresada por un infarto cerebral al parecer irreversible.
José Ramón Páez, el hijo de Ramona Estévez
Según adelantó el diario El País en sus últimas declaraciones, fue el hijo de la paciente, José Ramón Páez, quien solicitó al centro la retirada de la sonda que le pusieron el 4 de agosto al entender que con ella "la habían convertido en una máquina".
Esta situación vulneraba la voluntad que la paciente había transmitido para los últimos días de su vida por lo que su hijo decidió, con ayuda de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), interponer una queja ante la Consejería de Salud y el propio centro hospitalario, queja a la que la Junta respondió obligando al centro a retirarle la sonda.
Estévez ingresó el 26 de julio tras sufrir el infarto en el hospital público Juan Ramón Jiménez de Huelva donde los médicos, tras realizar un TAC, declinaron sondarla para "no martirizarla" porque "no sentía nada", si bien fue al ser trasladada al Blanca Paloma cuando los médicos optaron por la sonda como medida necesaria para alimentarla indicando a la familia que lo contrario estaba castigado con el Código Penal, por lo que esta accedió.
La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, destacó "la normalidad" con la que se aplica la denominada Ley de Muerte Digna, pionera en España, y señaló que el hospital Blanca Paloma, de Huelva, ha colaborado en el caso de Ramona Estévez, a quien se le retiró la sonda nasogástrica.
Montero explicó que su departamentono no tuvo que dar ninguna "orden" a este centro del grupo Pascual, concertado con el Servicio Andaluz de Salud (SAS), para que atendiera la petición de los familiares de Ramona Estévez, sino que bastó una "aclaración" sobre la aplicación de la ley de muerte digna.
Precisó que la petición de los hijos de esta paciente, en coma irreversible tras sufrir un derrame cerebral, supone "un rechazo al tratamiento", supuesto "perfectamente contemplado" en la ley andaluza y que "nada más" conocer la situación de Ramona Estévez y ponerse en contacto con el hospital onubense se aclaró "cualquier cuestión" susceptible de duda.
"La aplicación de la Ley de Muerte Digna se está haciendo con total normalidad en todos nuestros centros sanitarios, pero si alguna persona entiende que no se respetan sus derechos o tiene algún obstáculo para poder desarrollarlos tiene a su disposición todos los mecanismos para poder reclamarlos y, entre ellos, dirigirse a la propia Administración", indicó.
Montero reveló otros casos en los que profesionales han demandado aclaraciones sobre actuaciones terapéuticas, incluso a través del servicio de información telefónica Salud Responde, aunque ha recordado que tanto los centros como los profesionales sanitarios tienen "la obligación" de conocer esta ley, "de obligado cumplimiento tanto en centros públicos como privados".
La consejera recordó que los centros hospitalarios "son los responsables" de arbitrar los mecanismos para el cumplimiento de la ley de muerte digna y recomendó que aprueben protocolos de actuación para agilizar este tipo de actuaciones y no demorar las peticiones de los pacientes o de sus familiares.
Ramona Estévez, a quien ya se le desconectó la sonda nasogástrica, sufrió un derrame cerebral el 26 de julio y fue derivada del hospital público Juan Ramón Jiménez al centro privado Blanca Paloma, donde la familia se negó a que fuese sondada.
El 4 de agosto, el médico que atendía a Estévez dio a la familia un ultimátum: "O le ponía la sonda o le quitaba el suero y nos la llevábamos a casa bajo nuestra responsabilidad, advirtiéndonos de que no alimentarla estaba castigado por el Código Penal, y cedimos ante el chantaje".
Fue entonces cuando se dirigió al director del centro para interponer una queja, lo que motivó la consulta de éste con la Consejería de Salud y la posterior retirada de la sonda.
José Ramón Páez, el hijo de Ramona Estévez se mostró "contento" por la aplicación de una norma que "se debe respetar".
Se mostró satisfecho por "haber cumplido el deseo" de su madre, aunque lamentó haber tenido que recurrir a la interposición de una queja para que se aplique una ley que "debe de respetarse".
"Habían convertido a mi madre, y así lo hice constar a los médicos y en el escrito, en una máquina de bombear sangre y si técnicamente es posible éticamente es inadmisible e inhumano", precisó Páez.
Con respecto al estado de salud de su madre, precisó que desde que se le retiró la sonda permanecía con cuidados paliativos, "ya no recibe ningún tipo de alimentación, por lo que estamos esperando a que poco a poco su cuerpo vaya consumiendo sus propias energías hasta que descanse definitivamente".
Páez ha querido dejar claro que "no tiene nada en contra del hospital", cuyos servicios considera buenos, sino contra la actuación del médico, que no les dejó ejercer su derecho, según puntualizó.
Por su parte, desde la dirección del centro hospitalario de la Blanca Paloma se ha precisado que por el momento no se va a hacer ningún tipo de pronunciamiento sobre este caso.
Petición realizada por la Asociación El Defensor del Paciente, el 24 de mayo de 2016, instando a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a que se pronunciara, a cerca de un caso detectado de publicidad engañosa relacionada con atención hospitalaria, por parte de la empresa Pascual que gestiona hospitales en Huelva, Cádiz y Málaga.
Para ver más:
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