LA ZONA ECOLÓGICA: El mediador

En la Audiencia Provincial de Huelva empezó el juicio correspondiente al caso de los cuatro empresarios y un agente de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía acusados de delitos contra la ordenación del territorio, así como de realizar construcciones ilegales en una finca de Bonares (Huelva).

La Fiscalía de la Audiencia Provincial pidió un total de 17 años de prisión para cuatro empresarios y un agente de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía por delitos contra la ordenación del territorio, y en el caso del funcionario por los delitos de cohecho y omisión del deber, ya que habría aceptado sobornos a cambio de evitar que fuesen denunciadas las actividades de transformación y cambios de uso, además de por la existencia de construcciones ilegales en una finca de Bonares.
Según el escrito de acusación, el empresario J.M.S. contaba con una finca de cien hectáreas en el paraje El Avispero, y al objeto de obtener "altos beneficios" con la agricultura intensiva de frutos rojos llevó a cabo al menos desde 2005, un cambio de uso forestal a agrícola, "expresamente prohibido" por la legislación medioambiental vigente.

Máquinas en el Avispero a finales de 2006, cuando se realizaban los trabajos de transformación del terreno forestal en agrícola.

Este mismo empresario concibió la idea de arrendar parte de las hectáreas compradas para que "apareciesen otras personas en las solicitudes de la administración y así enmascarar su actividad ilegal, dados que tenía numerosos expedientes abiertos por la Administración autonómica".

Los trabajos que se han realizado en el Avispero de Bonares.

Este cambio de uso prohibido de forestal a agrícola también se llevó a cabo por A.C.P., quien solicitaba autorizaciones a Medio Ambiente que luego "no respetaba", así como procedió a la apertura de pozos.

En esta misma línea, actuó M.M.C., quien arrendó 50 hectáreas de la finca El Avispero con el mismo fin, es decir, realizar "la transformación de uso a cambio de una rebaja en el arrendamiento".

Los tres acusados, con el fin de dedicarlas a sus usos agrícolas, "han destocado y eliminado toda la cubierta vegetal de pinos, matorral mediterráneo y eucaliptos, manteniendo sólo los árboles que lindan con las carreteras para intentar disimular la transformación". J.M.S., para asegurarse "la impunidad" de sus actuaciones, contactó con F.B.O., funcionario de la Delegación de Medio Ambiente, para que se ocupase de "evitar las denuncias a cambio de dinero".

Balsa Finca El Avispero

En pago de sus servicios el empresario J.M.S., le hizo entrega al funcionario -prosigue el fiscal- de diversas cantidades en metálico en 2006, de las que pueden documentarse 6.000 euros en abril, julio y diciembre, y 3.000 en el mes de septiembre y 1.000 euros en octubre,.

El funcionario realizó "informes erróneos en los expedientes sancionadores y que no reflejaban la magnitud de las transformaciones", cuyo cambio fue denunciado incluso por Ecologistas en Acción de Bonares, agentes del la Policía Autonómica y agentes de Medio Ambiente, distintos del acusado.

La Fiscalía solicita para el funcionario F.B.O. 3 años de prisión por el delito de cohecho con accesoria de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante la condena, 30.000 euros de multa y 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público y por el delito de omisión del deber de denunciar-perseguir 1 año de inhabilitación para empleo o cargo público.
Para J.M.S., 4 meses de prisión por el delito de daños, por el delito de desobediencia ocho meses, dos años más de cárcel por la construcción ilegal y multa de 12 meses con una cuota diaria de 10 euros, así como inhabilitación para el ejercicio de promotor-constructor durante un año y por el delito de cohecho 3 años de prisión y una multa de 30.000 euros.

Para los dos empresarios A.C.P., y M.M.C. pide, para cada uno, 4 meses de prisión por un delito de daños y por el de desobediencia 8 años, mientras que por construcción ilegal pide 2 años de cárcel, con la multa de 10 euros diarios durante 12 meses y la inhabilitación de oficio durante un año.

Se imputa en el caso a D.J.I., constructor de una nave en la zona pese a que "era conocedor de la ausencia de licencias y permisos", por lo que la Fiscalía pide dos años de prisión por el delito de construcción ilegal e idéntica multa de diez euros diarios durante un año.
S. P. / Huelva, bonares | Actualizado 07.06.2010 - 08:54