Procesado por vender un olivar en 179 parcelas para viviendas
La denuncia se amplía a los compradores que construyeron en el terreno no urbanizable
El fiscal de Medio Ambiente ha denunciado a los dueños de un olivar de Carmona, calificado como no urbanizable de especial protección, que lo vendieron dividido en 179 parcelas, en una querella que se amplía a medio centenar de compradores que levantaron viviendas en su terreno.
La querella se dirige contra D.G.D., propietario de un olivar de 180.310 metros cuadrados denominada Las Loberas o Siegaliebres, y L.N.G., representante de la empresa que llevó a cabo obras para construir viales y vallados y dar a los parcelistas suministro de agua y luz.
El acusado D.G.D. dividió la finca en parcelas de mil metros cuadrados, prohibidas al estar por debajo de la unidad mínima de cultivo, y contactó con los compradores mediante publicidad, a la vez que en noviembre de 2008 empezó a arrancar olivos y a construir cinco viales para el tránsito de vehículos.
Cada parcela fue protegida con una vallado metálico y recibió agua mediante conducción soterrada procedente de unos pozos que los acusados construyeron, además de llevar a cabo las obras necesarias para derivar la electricidad desde un transformador de la empresa Endesa, que no lo había autorizado, precisa la Fiscalía.
Las obras continuaron de modo que en febrero de 2009 los viales disponían ya de farolas.
En ese año los denunciados levantaron hasta en tres ocasiones los precintos colocados por el Ayuntamiento de Carmona entre enero y febrero.
La Fiscalía ha denunciado, en actuaciones separadas, a medio centenar de compradores que levantaron construcciones individuales en sus parcelas, aunque el número definitivo de acusados no está cerrado.
La Fiscalía precisa en su querella que el terreno está calificado como no urbanizable de especial protección para los acuíferos e imputa a los empresarios presuntos delitos contra la ordenación del territorio y desobediencia a la autoridad.
Además, ha pedido al juzgado de Carmona que precinte las edificaciones y ordene el corte de los suministros.
Entiende el ministerio fiscal que «es de extrema importancia y urgencia la adopción de estas medidas cautelares para evitar que se cause un perjuicio irreparable a la ordenación del territorio» y «que no se consolide el daño, así como para evitar el progreso de las edificaciones ilegales».
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