LA ZONA PÚBLICA : El Patio del Alcalde es particular

El Ayuntamiento de Almonte decidió llevar al ex alcalde de la localidad, Francisco Bella (PSOE, 1991-2011), ante la Justicia después de conocer el resultado de un informe realizado por arquitectos independientes en el que se analizaba el estado de la vivienda unifamiliar que el socialista y su mujer, la directora de la Fundación Doñana 21, María del Carmen Castrillo, remodelaron en la zona residencial Ciudad Jardín de Matalascañas en 2006. 


Según el estudio externo, al que tuvo acceso Huelva Información, existen claras discordancias entre el proyecto inicial y la edificación final, por lo que concluye que "la vivienda se encontraría en situación de total ilegalidad urbanística". 

La superficie útil total del chalé es de 138,22 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. La planta baja, según lo planteado en origen, debía tener 94,3 m2, pero "realmente tiene 96,7 m2". Esta diferencia de 2,4 m2 se debe a que en el proyecto no se incluyen como superficies útiles y construidas "los armarios, en este caso del vestidor, y a que el distribuidor está computado sólo a la mitad". 

La superior debía medir 34,75 m2, pero según el estudio es 3,17 m2 superior, superficie correspondiente "a los armarios de las tres habitaciones que no están computado ni como superficie útil ni construida". Además, aseguran los expertos, "la escalera no está computada en ninguno de los casos". En total, el proyecto adolece de 9,17 m2 que sí figuran en la realidad del inmueble, por lo que la parcela es "ilegal a todas luces". 

La normativa de edificabilidad está reglada en volumen construido, es decir, en metros cúbicos. El volumen total de la casa de Francisco Bella es de 534,91 metros cúbicos. Esto son 39,91 m3 más de lo que apuntaba en el proyecto inicial y supera en "casi un 10%" la volumetría máxima permitida por el PGOU de Almonte

Francisco Bella

Afirman los analistas que "aún es más sangrante" el hecho de que la Pérgola "no está construida conforme al proyecto presentado". Lo que debía ser una estructura perfilada de viguetas de hormigón, sin cobertura, ahora tiene hasta "rosillones y cubierta inclinada de tejas". Por tanto, su volumen computable es de 31,86 m3, que añadidos a lo anterior resultan un excedente espacial de 71,77 m3, "un 14,5% más de lo presentado, algo que incumple en todos los casos la normativa vigente". 

En la zona ampliada de la casa no se cumple otro precepto, el de la separación de sus muros con los linderos, esto es, el vallado perimetral. Como mínimo, la distancia legal debe ser de 6 metros, la altura del inmueble en cuestión. El informe refiere que los muros del chalé se encuentran a dos metros de la entrada del garaje y a unos cuatro de la calle peatonal aledaña. Los arquitectos que realizaron este análisis remarcan que es "increíble" que en el propio proyecto conste una distancia menor a los reglamentarios seis metros, máxime "estando visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva (no se entiende) e informado favorable por el arquitecto municipal", beneplácitos necesarios para obtener la licencia de obras con la que sí contaba la remodelación. 

Asimismo, destacan que "aparecen dos elementos no contemplados en el proyecto presentado": una piscina y un trastero, que no sólo no se incluyen en el citado documento, sino que tampoco aparecen ni en las "memorias, ni en el estado de mediciones ni en el presupuesto". 


El reciente estudio, realizado sobre fotografías de la vivienda, concluye que el chalé "se encontraría a todas luces en situación de total ilegalidad urbanística, puesto que excede en 91,81 m2 (18,45% sobre el total) la volumetría máxima permitida por el PGOU de Almonte vigente en el año de la construcción". 

Agrega que aparte de este exceso de volumen, "igualmente se encuentra en situación de total ilegalidad urbanística, puesto que en tres de sus cuatro linderos incumplen la separación a linderos no por poca longitud" y que "las tasas liquidadas en su momento no contemplaron la ejecución de la piscina existente". 

Fuentes municipales confirmaron a este rotativo que el inmueble, que ya existía pero cuya polémica ampliación se llevó a cabo en 2006, carece a día de hoy del expediente de finalización de obra -es decir, que es como si todavía estuviera en plena construcción- y de la preceptiva licencia de segunda ocupación del inmueble pese a que Bella veranea en él. 


El portavoz del equipo de Gobierno almonteño, José Joaquín de la Torre (PP), indicó al respecto que el hecho de que sendas autorizaciones no hayan sido reclamadas por el ex alcalde "nos hace sospechar que no fueron solicitadas debido al conocimiento que el propietario tenía de la irregularidad en la construcción". O eso, afirma, "o lo que sería aún peor: que los técnicos municipales se hubieran personado para certificar la finalización de las obras y que Francisco Bella, utilizando la situación de preeminencia que ostentaba como alcalde en aquel momento, haya ocultado la existencia de esta irregularidad hasta nuestros días, lo que constituiría un supuesto delito de prevaricación". Por este motivo, el Consistorio se planteó ahora llevarlo a los tribunales. 

A juicio de De la Torre, "no se entiende y constituye una actitud absolutamente miserable que durante la etapa de Bella como regidor del Ayuntamiento se cosiera literalmente a los vecinos a sanciones e inspecciones urbanísticas". Recordó en este punto que, incluso, se llegó a derribar por exceso de volumetría la casa de la Hermandad del Rocío de Marbella. El portavoz del Gobierno almonteño lamenta que la persona encargada de hacer cumplir la normativa, "de firmar la ejecución de las sanciones impuestas a los ciudadanos, utilizara una doble vara de medir cuando de sus propiedades y bienes inmuebles se trataba, simplemente un despropósito". 

El Ayuntamiento de Almonte dará orden a los servicios urbanísticos de inspección "de manera inmediata" para que procedan al estudio detallado de la casa y verifiquen la información aportada por el estudio. Los técnicos municipales, por tanto, trabajarán en el expediente sancionador y se personarán en la vivienda para comprobar in situ las supuestas irregularidades urbanísticas a las que se hace referencia.

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