En un día histórico para las víctimas del franquismo, la magistrada María Servini de Cubría dictó una resolución por la que dicta orden internacional de detención preventiva, con fines de extradición, para cuatro ex funcionarios de seguridad acusados de torturas: el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el ex escolta de Francisco Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal, el ex comisario José Ignacio Giralte González; y ex inspector José Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño.
Es decir, que en la causa abierta en Argentina para juzgar los crímenes del franquismo, pasaron a ser imputados estos cuatro ex funcionarios, que deben ser extraditados "a efectos de recibir declaración indagatoria". "Se procede que esta magistratura curse específicamente a las autoridades españolas esta orden de detención", dice textual la resolución de la magistrada. El texto especifica que se debe comunicar "el arresto preventivo de los nombrados con fines de extradición a efectos de recibir declaración indagatoria a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL)".
La resolución, entonces, sería enviada tanto a INTERPOL como a las autoridades españolas para proceder a la detención de los primeros cuatro procesados de la causa, abierta en abril de 2010, tal y como confirmaban a Público uno de los abogados que recibió en mano la resolución de la jueza, el argentino Carlos Slepoy.
Los abogados solicitaron por escrito a la jueza, en marzo de ese año, que emitiera órdenes de captura internacional contra nueve responsables del régimen franquista: tres ex ministros, José Utrera Molina (suegro del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón), Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez; y dos ex jueces, además de los cuatro exfuncionarios de seguridad que pasaron a estar procesados en la causa. La magistrada decidió proceder, contra estos últimos.
María Servini de Cubría
La ley procesal argentina prevé que, si existen indicios de criminalidad en una persona, se la llame para que preste declaración indagatoria, cuyo efecto es la orden internacional de detención si el acusado se encuentra fuera del país. Ésta es la victoria más importante que consiguen las víctimas del franquismo en el marco de una causa que comenzó hace más de tres años. El proceso ha sufrido varios escollos que ahora comienzan a disiparse.
La jueza recibiría el 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Francisco Franco, a víctimas de la dictadura y a funcionarios españoles para que presten su testimonio en el marco de la causa.
Acudirían a esta cita parlamentarios de BNG, IU, Amaiur, y quizás alguno del PSOE. Así como el diputado de ERC Joan Tardà, para interponer una querella por el asesinato durante la dictadura de Lluis Companys, presidente de la Generalitat durante la II República, acompañado de varios concejales y alcaldes de su partido.
José Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño
A ello se le suma el creciente apoyo institucional que en Argentina otorga cada vez más relevancia a la causa. Además de la resolución de apoyo del Congreso Nacional a la causa judicial, el alcalde de la ciudad de La Plata declaraba el interés municipal por la querella argentina contra los crímenes del franquismo, y lo mismo estudió la legislatura provincial de Buenos Aires.
La última en mostrar su respaldo fue la legislatura porteña (el Parlamento de la ciudad de Buenos Aires), que aprobaba por unanimidad una declaración de apoyo a la querella y de condena al franquismo.
Tras crearse la Plataforma Argentina de Apoyo a la Querella contra los Crímenes del Franquismo, a la que se adhirieron casi 100 organizaciones, uno de sus objetivos era el de sumar el apoyo de más instituciones a la querella en sintonía con lo que sucede en España con la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA).
"Este apoyo es fundamental", resaltaba Slepoy. Los abogados se reunieron con prácticamente todas las fuerzas del Congreso, y con el director de Derechos Humanos de la Cancillería, Federico Villegas Beltrán, para garantizar que las videoconferencias que realizara la jueza con víctimas del franquismo no vokvieran a suspenderse, como ya sucedió en tres ocasiones. Los querellantes también estuvieron con Mario Fera, presidente de Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la tramitación técnica de las querellas, para dejar asegurado nuevos problemas.
Hasta ahora, la jueza había enviado a España dos comisiones rogatorias. En la primera, solicitaba que le informaran sobre si había investigaciones en curso sobre el franquismo, en qué juzgado estaban, en qué estado se encontraban. También pedía información sobre el plan sistemático de exterminio de la dictadura, y en específico, sobre el plan deliberado, planificado y legalizado del secuestro de niños.
Varios meses después, contestó la Fiscalía General de Estado que encabezaba Cándido Conde-Pumpido, cuando por entonces el PSOE estaba en el Gobierno.
La Fiscalía alegó que en España estaba investigando el franquismo, y advertía que el principio de jurisdicción universal es subsidiario, es decir, que podía aplicarse cuando no había investigaciones en el país donde se cometió el crimen, por lo se entendía que Argentina no tenía competencia para investigar.
Guillermina Gómez, con la foto de su padre, junto al Muro de la Memoria que recuerda a las víctimas del franquismo.
Los abogados de la querella replicaron con un escrito, aclarando que todos los procesos abiertos en distintos juzgados del país a raíz de los testimonios que había enviado el juez Baltasar Garzón, habían sido archivados en su inmensa mayoría, y que sólo quedaban tres abiertos, pero relacionados con la existencia de fosas comunes y exhumación de cuerpos, sin que hubiera una investigación penal.
La jueza reaccionó inmediatamente y mandó una segunda comisión rogatoria a España, pidiendo la identificación de muchos responsables. La Fiscalía General volvió a contestar cuando ya estaba el PP en el Gobierno, con Eduardo Torres-Dulce como nuevo fiscal general, en donde reiteraban que Servini de Cubría no tenía competencia para juzgar los crímenes franquistas. Para entonces, Garzón ya había sido condenado en febrero de 2012 por el Tribunal Supremo.
De izquierda a derecha: Martín Villa, Fernando Suárez y José Utrera Molina
La magistrada decidió entonces viajar a España, pero el viaje fue cancelado porque la Corte limitó el número de funcionarios con los que podía viajar. Para su llegada se había creado un movimiento con una lista de 100 declarantes. La suspensión de su viaje generó una enorme frustración.
Pero con la última resolución de la jueza, con la que dicta la primera orden internacional de detención contra los primeros representantes del franquismo, la magistrada ha dado un paso que puede marcar un hito en la historia española.
Rodolfo Martín Villa
La única causa judicial que hay abierta en el mundo en relación a los crímenes del franquismo es la que se impulsa desde Argentina. La Constitución argentina reconoce desde 1853 el principio de justicia universal, por el que este país tiene jurisdicción para perseguir los crímenes franquistas al haberse negado España a investigar por sí misma los crímenes cometidos entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. Según los autos de Garzón, la represión franquista dejó al menos 113.000 desaparecidos y unos 30.000 niños apropiados por el régimen que fueron sustraídos a las familias republicanas.
La Brigada Antigolpe, formada en su mayoría por hombres de ’Billy el Niño’
Una tarde calurosa, hace más de un año, Rafael, Paqui, Noelia, Concha, Rosa y Manuel, acudieron a un notario del centro de Sevilla en otro intento por encontrar justicia. Recordando a sus muertos y desaparecidos, las historias que en España no han querido oír, Rafael, Paqui, Noelia, Concha, Rosa y Manuel firmaron nerviosos un poder notarial para adherirse a la causa abierta en Argentina contra los crímenes franquistas. Hoy esos nervios se han transformado en emoción, en euforia. Alegría. Porque allí, al otro lado del charco, en aquel país al que tantas veces España ha mirado por encima del hombro, los han escuchado por fin. Leer más ?
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