LA ZONA PÚBLICA: Un brazo en la basura

El juez deja libre a los dos empresarios que tiraron a la basura el brazo de un empleado.

Los jefes de la panificadora de Real de Gandia afirman que arrojaron la extremidad porque era «inservible» pero niegan que abandonaran a la víctima en la calle

Los dos empresarios de la panificadora de Real de Gandia que arrojaron a la basura el brazo de un trabajador boliviano irregular, después de que una máquina se lo arrancara, han quedado en libertad provisional con cargos y sin ningún tipo de fianza. Tendrán que comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado.

Camuflados con gorras y gafas de sol y esquivando a la veintena de medios de comunicación que se agolpaba en los juzgados de Gandia llegaron los hermanos Javier y Raúl Rovira a las instalaciones judiciales. Entraron a las 9.15 horas pese a que estaban citados por el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 a las 10 de la mañana.

Los jefes declararon ante el juez que tiraron la extremidad izquierda del trabajador a la basura porque estaba «inservible» tras haber sido seccionada por la máquina de amasar pan. Alegan que acompañaron al herido a Urgencias y que los empleados manipulaban los aparatos para producir más.

Después de cuatro horas ante el magistrado, el juez decretó su libertad al considerar que no hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.

El fiscal había solicitado prisión provisional con fianza eludible por cada hermano de 100.000 euros por delitos de riesgos laborales, lesiones consumadas y contratación ilegal. A esta petición se adhirieron el sindicato UGT y la acusación particular. El fiscal no cree que haya suficientes pruebas respecto al supuesto delito de omisión de socorro.

El siniestro laboral ocurrió el 28 de mayo de 2009, poco después de la una de la madrugada. Edgar Franns Rilles Melgar, de 33 años, estaba trabajando en condiciones irregulares en esta panificadora cuando su extremidad izquierda se le quedó enganchada en un dispositivo de amasar pan. Este le seccionó y le trituró parte del brazo.

El joven fue trasladado hacia el hospital Francesc de Borja de Gandia. La víctima siempre ha asegurado que fue abandonado antes de llegar al centro sanitario y que uno de sus jefes le dijo que si le preguntaban qué le había pasado, que contestara que había ocurrido una desgracia.

Sin embargo, los empresarios han declarado que le dejaron en la rampa de Urgencias y que uno de ellos incluso tuvo que ser atendido «por estado de shock». El abogado de los empresarios, Fermín Rabal, asegura que existen partes médicos que lo demuestran.

Esta versión se contradice con la del secretario de Salud Laboral de UGT, Carlos Calero, el cual se personó como acusación popular en la causa.

El representante sindical aseguró que el empleado fue acompañado al hospital hasta una distancia prudencial que les permitía la fuga. «Lo dejaron a cierta distancia y se marcharon. Quien entró con Edgar Franns fue un viandante».

Con respecto al brazo, el cual tuvo que ser recogido de un contenedor por los agentes de la Policía Nacional de Gandia unas horas después del accidente, los hermanos Rovira señalaron que tiraron a la basura esta extremidad porque estaba «totalmente destrozada» y era «inservible».

«Nada» de la seguridad

Según la versión del sindicato, los acusados han declarado que no conocían «nada» de las medidas de seguridad de la empresa y que los empleados iban a trabajar solos puesto que les dejaban las llaves. «No han asumido ninguna de las responsabilidades y han dicho que los empleados eran los que creaban las malas condiciones en el trabajo».

Ante el juez también se personaba un abogado de la compañía de seguros porque, según UGT, no existe seguro en la empresa. Calero agregó: «Hay, por lo visto, un seguro general, de tipo básico, que nada tiene que ver con la cobertura de accidente ni situaciones de riesgo».

UGT demandará al Juzgado la ampliación del número de imputados, ya que considera que los hermanos Rovira no eran los únicos que dirigían la empresa. Además, el sindicato propondrá que se amplíen los delitos a coacciones, ocultación de pruebas y tráfico ilegal de mano de obra. Edgar Franns trabajaba en esta panificadora junto a cinco inmigrantes más que también estaban sin contrato. Su jornada era de doce horas y cobraban unos 650 euros.

La empresa continuó abierta pese a la orden de la Generalitat.

 

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