El único país de Europa que aún no ha abolido la pena de muerte mata en silencio.
El 19 de marzo de 2010, cuando la madre de Andrei Zhuk llevó a la prisión de Minsk uno de sus habituales paquetes de comida, tuvo que darse la vuelta.
Su hijo “había sido trasladado”, le dijeron los funcionarios. Ya no debía ir más a visitarlo, le dijeron, sino esperar la notificación del tribunal.
Tres días después, el personal de la prisión le dijo que su hijo y otro hombre, Vasily Yuzepchuk, compañeros de celda condenados a muerte por asesinatos diferentes, habían sido ejecutados.
Los funcionarios se negaron a entregarle el cadáver o las pertenencias de Andrei, o a decirle siquiera dónde lo habían enterrado. Se quedó conmocionada.
Su esposo sufrió un ataque al corazón al conocer la noticia.
Celdas de presos condenados a muerte, en el centro de prisión preventiva (SIZO) de Minsk, Bielorrusia.
Estas ejecuciones fueron las primeras que Bielorrusia llevaba a cabo en más de un año. Se trata del único país retencionista en Europa, donde la pena de muerte se sigue aplicando.
Durante 2010, tres personas fueron condenadas a muerte y actualmente aguardan el resultado de sus apelaciones en el corredor de la muerte.
Vasily Yuzepchuk
Andrei Zhuk
En Bielorrusia no se informa a los presos condenados a muerte de que van a ser ejecutados hasta unos momentos antes de que se lleve a cabo la sentencia. Son llevados a una sala donde se les comunica que la sentencia será llevada a cabo.
Después los llevan a una dependencia cercana donde se les obliga a ponerse de rodillas y les disparan en la nuca.
Oleg Alkaev es uno de los principales testigos de las desapariciones políticas. De
En ese período, 134 personas fueron ejecutadas. Alkaev manejaba la pistola con la que las ejecuciones se llevaron a cabo. Fue reclamada dos veces por el ex ministro del Interior Belarús Sivakov. En las dos ocasiones fueron con motivo de las desapariciones de destacados opositores bielorrusos políticos del régimen de Lukashenko.
Más tarde se demostró que había sido responsable de estos asesinatos y huyó al extranjero y actualmente vive en Berlín. Es autor de varios libros. entre otros: "Un pelotón de fusilamiento".
No se entrega el cadáver a la familia, que a menudo sólo es informada después, y el lugar del enterramiento se mantiene en secreto, lo que causa una aflicción adicional a los familiares.
Bielorrusia fue objeto del Examen Periódico Universal que efectúa el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2010.
En lo que respecta a la pena de muerte, se creó un grupo de trabajo en el Parlamento con miras a encontrar modos de conseguir la abolición.
Bielorrusia mostró su disposición a estudiar una posible moratoria y aceptó recomendaciones para respetar las normas mínimas que restringen el uso de la pena capital.
Desafortunadamente, un año después, la pena de muerte sigue vigente.
Acción contra la pena de muerte en Bielorrusia, cerca de la Embajada de Bielorrusia en Moscú.
Mientras una abrumadora mayoría de países de todo el mundo han abandonado las ejecuciones, algunos, como Bielorrusia, resisten desafiantes.
Como justificación, esgrimen el mandato popular, la disuasión frente a la delincuencia, o principios políticos o culturales. Sin embargo, sea cual sea su razonamiento, cada año son responsables de miles de muertes causadas por esta pena, la más cruel e inhumana.
Como justificación, esgrimen el mandato popular, la disuasión frente a la delincuencia, o principios políticos o culturales. Sin embargo, sea cual sea su razonamiento, cada año son responsables de miles de muertes causadas por esta pena, la más cruel e inhumana.
Al finalizar 2010 no podía ser más evidente la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte.
Mientras que a mediados de la década de 1990 se sabía que cada año una media de 40 países llevaba a cabo ejecuciones, durante los primeros años de este siglo se tuvo constancia de ejecuciones en 30 países por término medio.
Los informes más recientes indican que 25 países ejecutaron a personas encarceladas en 2008 y 19 en 2009, siendo esta última la cifra más baja registrada por Amnistía Internacional hasta la fecha.
En 2010 se tuvo constancia de que se llevaron a cabo ejecuciones judiciales en no menos de 23 países.
El número de países abolicionistas en la ley o en la práctica ha aumentado considerablemente en el último decenio, pasando de los 108 de 2001 a los 139 de estos últimos años.
Entre los países que más ejecuciones llevan a cabo, siguen destacando Arabia Saudí, China, Estados Unidos, Irán y Yemen, vulnerando en algunos casos de forma flagrante las normas internacionales de derechos humanos.
Entre los métodos más utilizados en 2010 para llevar a cabo las ejecuciones, continuaron siendo la decapitación (Arabia Saudí), electrocución (Estados Unidos), ahorcamiento (Bangladesh, Botsuana, Corea del Norte, Egipto, Irak, Irán, Japón, Malaisia, Singapur,Siria, Sudán), inyección letal (China, Estados Unidos) y arma de fuego (Autoridad Nacional Palestina,Bahréin, Bielorrusia, China, Corea del Norte, Estados Unidos, Guinea Ecuatorial, Somalia, Taiwán,Vietnam, Yemen).
A pesar de que las ejecuciones pueden estar disminuyendo, en varios países continúan imponiéndose penas de muerte por delitos como los relacionados con drogas, los económicos, elmantenimiento de relaciones sexuales entre adultos con consentimiento mutuo y la blasfemia, en contra de lo dispuesto por las normas internacionales de derechos humanos que, excepto en el caso de los delitos más graves, prohíben el uso de la pena de muerte.
Desgraciadamente, se continuó utilizando la pena de muerte con fines políticos, siendo ésta aplicada contra opositores políticos o para influir en la opinión pública en países como China o Irán.
En 2010 se dio un paso adelante en la restricción de la aplicación de la pena de muerte incluso en países en donde sigue existiendo un firme apoyo a la pena capital.
El 20 de marzo, en Bangladeshse consideró inconstitucional la imposición preceptiva de esta pena sin tener en cuenta la situación personal de la persona acusada ni las circunstancias del delito concreto.
El 30 de julio, en una resolución judicial histórica, el Tribunal de Apelaciones de Kenia falló que la pena de muerte preceptiva por asesinato era “contraria al espíritu y la letra de la Constitución”.
En octubre de 2010, el Parlamento de Guyana aprobó una nueva ley que eliminaba la imposición preceptiva de la pena capital por asesinato.
El 10 de marzo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que Zambia, en tanto que Estado Parte en el PIDCP, había incumplido sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos al imponer una condena a muerte.
El 21 de diciembre de 2010, la sesión plenaria de la Asamblea General de la ONU aprobó la tercera resolución sobre una moratoria del uso de la pena de muerte.
La resolución, aprobada por 109 votos a favor, 41 en contra y 35 abstenciones, reitera las anteriores resoluciones 62/149 y 63/168 de la Asamblea General.
El número de Estados miembros de la ONU que apoyaron la resolución en 2010 fue superior a los que votaron a favor de la de 2008.
Bután, Kiribati, Maldivas, Mongolia y Togo cambiaron su voto con respecto a 2008 y apoyaron el llamamiento en favor de una moratoria sobre el uso de la pena de muerte.
En una nueva muestra de los progresos alcanzados, Comoras, Dominica, Islas Salomón, Nigeria y Tailandia pasaron de la oposición a la moratoria manifestada en 2008 a la abstención en 2010.
Por primera vez, la Federación Rusa y Madagascar copatrocinaron la resolución.
En 2010, el número de votos en contra de la resolución disminuyó considerablemente, reflejando con ello la tendencia mundial hacia la eliminación del uso de la pena capital.
Mientras que a mediados de la década de 1990 se sabía que cada año una media de 40 países llevaba a cabo ejecuciones, durante los primeros años de este siglo se tuvo constancia de ejecuciones en 30 países por término medio.
Los informes más recientes indican que 25 países ejecutaron a personas encarceladas en 2008 y 19 en 2009, siendo esta última la cifra más baja registrada por Amnistía Internacional hasta la fecha.
En 2010 se tuvo constancia de que se llevaron a cabo ejecuciones judiciales en no menos de 23 países.
El número de países abolicionistas en la ley o en la práctica ha aumentado considerablemente en el último decenio, pasando de los 108 de 2001 a los 139 de estos últimos años.
Yemen
Entre los países que más ejecuciones llevan a cabo, siguen destacando Arabia Saudí, China, Estados Unidos, Irán y Yemen, vulnerando en algunos casos de forma flagrante las normas internacionales de derechos humanos.
Entre los métodos más utilizados en 2010 para llevar a cabo las ejecuciones, continuaron siendo la decapitación (Arabia Saudí), electrocución (Estados Unidos), ahorcamiento (Bangladesh, Botsuana, Corea del Norte, Egipto, Irak, Irán, Japón, Malaisia, Singapur,Siria, Sudán), inyección letal (China, Estados Unidos) y arma de fuego (Autoridad Nacional Palestina,Bahréin, Bielorrusia, China, Corea del Norte, Estados Unidos, Guinea Ecuatorial, Somalia, Taiwán,Vietnam, Yemen).
A pesar de que las ejecuciones pueden estar disminuyendo, en varios países continúan imponiéndose penas de muerte por delitos como los relacionados con drogas, los económicos, elmantenimiento de relaciones sexuales entre adultos con consentimiento mutuo y la blasfemia, en contra de lo dispuesto por las normas internacionales de derechos humanos que, excepto en el caso de los delitos más graves, prohíben el uso de la pena de muerte.
Desgraciadamente, se continuó utilizando la pena de muerte con fines políticos, siendo ésta aplicada contra opositores políticos o para influir en la opinión pública en países como China o Irán.
En 2010 se dio un paso adelante en la restricción de la aplicación de la pena de muerte incluso en países en donde sigue existiendo un firme apoyo a la pena capital.
El 20 de marzo, en Bangladeshse consideró inconstitucional la imposición preceptiva de esta pena sin tener en cuenta la situación personal de la persona acusada ni las circunstancias del delito concreto.
El 30 de julio, en una resolución judicial histórica, el Tribunal de Apelaciones de Kenia falló que la pena de muerte preceptiva por asesinato era “contraria al espíritu y la letra de la Constitución”.
En octubre de 2010, el Parlamento de Guyana aprobó una nueva ley que eliminaba la imposición preceptiva de la pena capital por asesinato.
El 10 de marzo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que Zambia, en tanto que Estado Parte en el PIDCP, había incumplido sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos al imponer una condena a muerte.
El 21 de diciembre de 2010, la sesión plenaria de la Asamblea General de la ONU aprobó la tercera resolución sobre una moratoria del uso de la pena de muerte.
La resolución, aprobada por 109 votos a favor, 41 en contra y 35 abstenciones, reitera las anteriores resoluciones 62/149 y 63/168 de la Asamblea General.
El número de Estados miembros de la ONU que apoyaron la resolución en 2010 fue superior a los que votaron a favor de la de 2008.
Bután, Kiribati, Maldivas, Mongolia y Togo cambiaron su voto con respecto a 2008 y apoyaron el llamamiento en favor de una moratoria sobre el uso de la pena de muerte.
En una nueva muestra de los progresos alcanzados, Comoras, Dominica, Islas Salomón, Nigeria y Tailandia pasaron de la oposición a la moratoria manifestada en 2008 a la abstención en 2010.
Por primera vez, la Federación Rusa y Madagascar copatrocinaron la resolución.
En 2010, el número de votos en contra de la resolución disminuyó considerablemente, reflejando con ello la tendencia mundial hacia la eliminación del uso de la pena capital.
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