La reserva de Pine Ridge del pueblo lakota, en la región del medio-oeste de Estados Unidos, es uno de los sitios más abandonados de este país, y del mundo.
El desempleo en la reserva ronda el 80 por ciento y solo una persona de cada 10 terminó la escuela secundaria. La esperanza de vida de las mujeres es de 52 años, la de los hombres, 48. La mitad de los mayores de 40 tienen diabetes. Y uno de cada cuatro niños nace con síndrome fetal alcohólico.
Así que cuando las grandes empresas que proyectan el polémico oleoducto Keystone XL trazaron su ruta rodeando Pine Ridge, es posible que hayan pensado muy poco en esta comunidad que no llega a 30.000 habitantes. Como mucho, habrán supuesto que a los lakotas les alegraría conseguir algunos empleos.
Pero lo que Pine Ridge no tiene en bienes materiales le sobra en apego a su ambiente.
Aunque son pobres, los lakotas saben que los posibles empleos que genere la obra en el lugar tendrán corta vida y que el mantenimiento del oleoducto lo harán técnicos especializados que vendrán de otros sitios.
Estudiantes arrestados por atarse a la reja de la casa blanca en protesta por el oleoducto keyston XL
Estudiantes arrestados por atarse a la reja de la casa blanca en protesta por el oleoducto keyston XL
Debbie White Plume, activista lakota que vive en Pine Ridge, sostiene que el oleoducto va contra la concepción de vida y la relación de su pueblo con la naturaleza. Ellos no van a permitir que se construya sin pelear, dijo a Tierramérica.
Plume contribuye a organizar “Mocasines en el suelo“, un programa que instruye a los nativos en las habilidades y tácticas de la acción directa no violenta.
Viajando de una comunidad a otra en esa reserva, Plume enseña a sus habitantes sobre los derechos que les asisten como ciudadanos y formas de protestar contra la invasión de las corporaciones.
“Vemos lo que está causando la explotación de arenas bituminosas en Canadá y la explotación de petróleo en las Dakotas, cómo corroen, violan y hieren a la madre Naturaleza. Sabemos que es el mismo ecosistema y que todos necesitamos vivir en él”, dijo Plume.
El XL es la última de cuatro fases del sistema de oleoductos Keystone para transportar el bitumen diluido que se extrae de las arenas petrolíferas de Alberta, en el sudoeste de Canadá, hasta el Golfo de México, en el sudeste de Estados Unidos, para ser refinado.
El crudo de esas arenas es altamente corrosivo y uno de los combustibles fósiles más contaminantes. Requiere grandes cantidades de energía para ser extraído y en ese proceso genera subproductos como el coque de petróleo, una sustancia sólida con gran contenido de azufre que al quemarse es más sucia que el carbón.
El tramo estadounidense de la cuarta fase del oleoducto se tendería entre el pueblo fronterizo de Morgan, en Montana, noroeste del país, y la central Steele City, en Nebraska, donde se conectaría con tuberías ya existentes y que se dirigen al sur.
El aceite extraído alrededor de Fort McMurray, en Alberta fluiría al sur a través del oleoducto Keystone XL
El tramo norteño final atravesaría varios ríos importantes, como los dos Rojos, el Misuri y el Yellowstone, y pasaría sobre el acuífero Ogallala, una fuente de agua dulce subterránea que abastece a más de un cuarto de las tierras agrícolas regadas de este país.
Si llega a construirse, transportaría por año el equivalente a 181 millones de toneladas de dióxido de carbono.
Si bien el trazado rodea el territorio de la reserva de Pine Ridge, en realidad pasa entre este y Rosebud Reservoir, de donde las comunidades lakotas extraen el agua.
“Para nosotros, esa es nuestra agua”, dijo Plume en una reunión celebrada en en Bridge, Dakota del Sur. “Veneramos nuestra agua y tenemos que protegerla”.
Según la activista, los lakotas han logrado también el apoyo de ganaderos y agricultores no indígenas en lugares como Nebraska, que temen que la contaminación arruine sus tierras.
Con el boom de la explotación de las arenas de Alberta, los accidentes están en aumento. En marzo de 2013, se derramaron entre 5.000 y 7.000 barriles de crudo pesado canadiense de una fuga en el oleoducto Pegasus de ExxonMobil en Mayflower, Arkansas, causando un desastre ambiental.
En octubre, se escaparon 20.600 barriles de crudo de otro ducto en Dakota del Norte.
Según PBS, el servicio de televisión pública de Estados Unidos, een 2013 se registraron 362 derrames de oleoductos en Estados Unidos. Y en Alberta los accidentes son igualmente comunes. Una investigación descubrió que en esa provincia canadiense hubo 25.000 derrames en los últimos 37 años.
Con estos antecedentes, un derrame en Keystone es casi seguro. Cuando unos activistas de Kansas se encerraron a sí mismos en un segmento recién instalado del tramo sur del sistema Keystone, el sol entraba por los enormes agujeros de una cubierta exterior que se suponía a prueba de agua. Ese mismo día ese tramo se hundió.
Luego de años de campaña contra el proyecto, el Departamento de Estado publicó su informe de impacto ambiental el 31 de enero, en el que se sostiene que el oleoducto no elevaría de forma significativa las emisiones de carbono.
Ese es el factor que el presidente Barack Obama tomó como elemento para vetar o aprobar el proyecto. El estudio también sostiene que, se haga o no el oleoducto, las arenas petrolíferas se seguirán explotando al mismo ritmo y serán exportadas por tren.
Estudios de la industria han mostrado, sin embargo, que el sistema ferroviario es incapaz de absorber mayor transporte de crudo.
Legisladores del gobernante Partido Demócrata han reclamado al gobierno que posponga su decisión de impacto hasta que su propio inspector general termine una investigación sobre posible conflicto de intereses de la empresa contratada por el gobierno para hacer la evaluación Environmental Resource Management (ERM).
Grupos ecologistas publicaron documentos que muestran que el Departamento de Estado hizo escasos esfuerzos para verificar si la información de ERM era verídica.
La empresa, con sede en Londres, recibe buena parte de sus ganancias de contratos con empresas como Conoco Phillips, Chevron, ExxonMobil y Canadian Natural Resources, todas ellas beneficiarias del futuro oleoducto y de las arenas de Alberta.
Varios de los analistas que redactaron la evaluación aparecen como ex empleados de TransCanada, la empresa constructora del oleoducto.
“Hemos presentado toneladas de pruebas de que la empresa ERM mintió en sus declaraciones”, dijo a Tierramérica el activista de Amigos de la Tierra, Ross Hammond.
“Para los inversores en general, Keystone es un asunto crítico, y el Departamento de Estado ha escamoteado la cuestión”, dijo Hammond.
“Así que en esencia, ellos dicen ‘como no hay impacto climático, ustedes podrían construir Keystone’. Hay instancias en que el análisis es realmente deficiente”, añadió.
Amigos de la Tierra sostiene que TransCanada planificó contratar a ex funcionarios del gobierno de Obama como lobistas ante el Departamento de Estado.
Anita Dunn, ex directora de comunicación de la Casa Blanca y ahora lobista jefa de una firma que representa a TransCanada, visitó su antiguo empleo más de 100 veces después de dejar el cargo en 2009.
“La única forma de aprobarlo es ignorar las múltiples mentiras que dijo TransCanada. Lamento ver que esto no molesta al Departamento de Estado”, dijo el representante demócrata Raúl Grijalva.
Están corriendo los 30 días, que finalizan el 7 de marzo, para realizar comentarios al informe. La última vez que abrió esta posibilidad, el Departamento de Estado se vio inundado con más de 1,5 millones de cartas, correos electrónicos y faxes, la inmensa mayoría desaprobando el plan.
En Pine Ridge, la decisión es clara.
“Nuestra historia nos ubica en este lugar desde el comienzo de los tiempos”, dijo Plume. “Esperamos que el presidente Obama diga no. Pero si dice sí, entonces pondremos nuestros mocasines en el suelo y nos lanzaremos a la desobediencia civil”, concluyó.
El Gobierno Español proyectó una multimillonaria inversión para investigación y desarrollo en 2011 para una futura importación de tecnología generadora de hidrógeno por electrolisis a partir de sal+agua desde EEUU a través de un Acuerdo firmado entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Instituto Madrileño de Desarrollo del Gobierno de Madrid por un total de 80 millones de Euros de los cuales más de 5 millones de Euros van destinados al apartado de importación y comercialización de dispositivos generadores de hidrógeno por electrolisis. Según HIDROCAR ECOLÓGICO, en España se estaban produciendo desde hacía 7 años sistemas generadores de hidrógeno por electrolisis robustos, eficientes y rentables que no habían recibido ningún tipo de ayuda ni apoyo.
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