Mientras la Plataforma contra la Tergiversación del Franquismo en el Diccionario de la Real Academia de la Historia ultimaba su denuncia contra los responsables de la polémica publicación y algunos de sus autores por posible "apología del genocidio", su número de adeptos iba creciendo por momentos.
El nuevo fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.EFE
Según el colectivo, unas 600 personas apoyan sus fines ya en Facebook, alrededor de 350 han firmado a favor de las acciones penales previstas y, la Asociación de la Memoria Histórica de Granada anunció que promoverá la unión de víctimas de la represión franquista a la querella.
Así lo anunció en rueda de prensa la presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada, Maribel Brenes, que precisó que ya están en contacto con familias de víctimas de Almendralejo (Badajoz), donde se llevó a cabo el fusilamiento de más de mil personas tras la entrada de las tropas franquistas, hecho que por lo visto se contempla en el diccionario como "un episodio de normalización democrática".
Emilio García-Wiedemann, profesor de la Universidad de Granada (UGR) y portavoz de la Plataforma contra la Tergiversación del Franquismo en el Diccionario de la Real Academia de la Historia, que compareció junto a Brenes, detalló que la denuncia está dirigida contra el director de la Real Academia de la Historia, el director del diccionario, los editores y algunos autores de las entradas de la obra que están en tela de juicio, como Luis Suárez, autor de las biografías de Franco y Escrivá de Balaguer. "No se puede invocar ni la libertad de expresión ni la libertad de cátedra para proferir manifestaciones que tengan por objeto ni ensalzar, ni encubrir ni dulcificar aquellos que fue un genocidio", manifestó el portavoz.
El Código Penal en su artículo 607, establece que pueden ser penados por "la difusión de ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen" los delitos de genocidio, "o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de los mismos", que incluye condenas de uno a dos años y que se le puede aplicar el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, que señala que las Administraciones públicas podrán retirar las subvenciones o ayudas concedidas a las instituciones que exalten la sublevación militar, la Guerra Civil o la represión de la dictadura.
El colectivo reclama así la retirada cautelar de la obra mientras se depuran las posibles responsabilidades penales, así como la devolución "inmediata" del dinero percibido para su realización, que asciende a 6,4 millones de euros. Además, la plataforma pide que se cotejen con los archivos de Salamanca y con los de Alcalá aquellas biografías que entiende que son "claramente tendenciosas" .
La denuncia que prepara este grupo de granadinos se presentó ante la Fiscalía, a fin de que investigue los hechos por si pudieran ser delictivos, como precisó el portavoz, al tiempo que reveló que se entrevistaron con el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, para exponerle sus objetivos.
García-Wiedemann explicó que la plataforma piensa llegar hasta el final, pues agotarán la vía nacional y acudirán, si fuera necesario, al Tribunal de Estrasburgo. "Recabaremos la tutela efectiva de los derechos, porque entendemos que se están intentando glorificar crímenes contra la humanidad", añadió.
Así lo anunció en rueda de prensa la presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada, Maribel Brenes, que precisó que ya están en contacto con familias de víctimas de Almendralejo (Badajoz), donde se llevó a cabo el fusilamiento de más de mil personas tras la entrada de las tropas franquistas, hecho que por lo visto se contempla en el diccionario como "un episodio de normalización democrática".
El Código Penal en su artículo 607, establece que pueden ser penados por "la difusión de ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen" los delitos de genocidio, "o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de los mismos", que incluye condenas de uno a dos años y que se le puede aplicar el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, que señala que las Administraciones públicas podrán retirar las subvenciones o ayudas concedidas a las instituciones que exalten la sublevación militar, la Guerra Civil o la represión de la dictadura.
Luis Suárez
La denuncia que prepara este grupo de granadinos se presentó ante la Fiscalía, a fin de que investigue los hechos por si pudieran ser delictivos, como precisó el portavoz, al tiempo que reveló que se entrevistaron con el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, para exponerle sus objetivos.
Sofía de Grecia, reina de España
Gonzalo Anes, el director
Asimismo, la plataforma ha pedido a la Casa Real que se pronuncie al respecto, teniendo en cuenta además que la Reina es académica honoraria de la Real Academia de la Historia, y considera su silencio "verdaderamente significativo", como también el del Partido Popular.
En declaraciones a la Cadena SER, Gonzalo Anes, director de la Real Academia de Historia, ha comentado que si se mira en el diccionario "autoritario" y "dictatorial" viene a ser casi lo mismo.
Anes ha destacado que en todos los tomos del Diccionario Biográfico se advierte de que las biografías se deben a sus autores y la Academia no ha querido modificarlas aunque a veces hubiese discrepancias respecto al contenido de ellas.
El director de la RAH añade que la institución asume el contenido del diccionario en toda su extensión y que en la edición que se haga en internet es donde se incluirán las enmiendas necesarias si se advierte algún error o se publican nuevas investigaciones sobre los personajes.
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