El Gobierno español decidió suavizar notablemente el primer borrador de su ley de Seguridad Ciudadana, conocida por la oposición como "ley mordaza". Un día antes de que el Consejo de Ministros analizara el anteproyecto de la norma, vapuleada durante las dos últimas semanas, el Ejecutivo español, redujo a menos de la mitad el número de infracciones consideradas muy graves, multadas con hasta 600.000 euros.
Entre otras, desaparece como infracción muy grave, para pasar a ser grave, con multas de entre 1.001 a 30.000 euros, las protestas no comunicadas frente al Congreso u otras altas instituciones del Estado, aunque no estén reunidas, si se perturba la seguridad ciudadana.
También baja de categoría -de grave a leve- amenazar, coaccionar, injuriar o vejar a los agentes encargados del mantenimiento del orden público, que acarreará sanciones de entre 100 y 1.000 euros. Según el anteproyecto, las 21 infracciones muy graves que inicialmente estableció quedaban en menos de diez, mientras que las infracciones graves serían las más numerosas, una treintena, y las leves, casi veinte.
De entre las tipificadas como muy graves figuran la perturbación muy grave de la seguridad ciudadana en actos públicos, religiosos, deportivos u otras reuniones numerosas; las protestas no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas, como centrales nucleares o pistas de aeropuerto, o las manifestaciones con finalidad coactiva desde que finalice una campaña electoral y hasta que concluya la jornada.
Jorge Fernández Díaz, Ministro del Interior
Como infracciones graves, fija, entre otras y además de la mencionada de las protestas no comunicadas frente a instituciones del Estado, alterar el orden público encapuchado o con cualquier elemento que dificulte la identificación. Pese a su magnitud, Interior juzgó "lógicos" los cambios, el PSOE dijo que el PP "se asusta de sus propias barrabasadas" e IU que la norma pasa de ser "totalitaria" a "autoritaria".
"Para el Gobierno del PP el ciudadano que protesta es el enemigo", afirmaba Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia. Así lo ponía de manifiesto el propio Jefe Superior de la Policía valenciana, Antonio Moreno, cuando mandó cargar duramente contra "el enemigo", que en ese momento para él eran los jóvenes que protestaban en defensa de la Educación Pública durante la llamada Primavera Valenciana. Según Bosch, con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que se anunció y que el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz llevaría al Congreso, el ejecutivo estaba recurriendo al derecho penal del enemigo, aquél que en pos de la seguridad castiga al autor por el hecho de ser peligroso, es el enemigo, el que está fuera de la ciudadanía que sí se rige por las normas ordinarias. Pero la mayoría de personas que protestan no cometen delitos penales, por eso, para ellos, "se impone ahora el derecho administrativo del enemigo".
Los temores de muchos se han cumplido. Según establece el anteproyecto, los escraches de la PAH frente a las viviendas de representantes políticas, las concentraciones no comunicadas cerca de instituciones tales como el Congreso de los Diputados o la grabación y difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones serán consideradas infracciones muy graves y, por tanto, podrán ser castigadas con una multa de entre 30.001 a 600.000 euros. Esta Ley empezó a denominarse como "ley mordaza". O #LeyAnti15M, como fue bautizada en Twitter por miles de usuarios.
No tardó en despertar un aluvión de reacciones en contra. Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial, entendía que esta ley quedaba dentro de la línea de "restricción de derechos" que llevaba siguiendo el Gobierno conservador desde que ganó las elecciones hacía dos años, éste sería "sólo un eslabón más".
De este modo, entendía que "hay que ponerla en el mismo rango del nuevo código penal, rezuma una gran demagogia populista". Añadía que lo que estaba intentando el PP es "poner el foco en ese tema y obviar otras cuestiones como los recortes en Educación y Sanidad".
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Bosch era más rotundo: "Con el pretexto de la seguridad, y según una perspectiva autoritaria, el Gobierno criminaliza determinadas formas de protesta social que los ciudadanos usan para expresar su malestar con los recortes sociales". El portavoz de Jueces para la Democracia explicaba, en declaraciones a Público, que el PP estaría intentando castigar a los ciudadanos que protestan fuera de las leyes penales, pues los tribunales no son tan contundentes como le gustaría, y utiliza para ello las faltas administrativas.
Un ejemplo serían los escraches, que el presidente del Tribunal Supremo llegó a describir como "un ejemplo de la libertad de manifestación". Así, "el Gobierno saca de un espacio donde hay tribunales independientes la valoración de estas conductas y las lleva al ámbito administrativo. Además, cuando el ciudadano quiera defenderse ahí deberá pagar unas tasas desorbitadas", que muchos no podrían pagar.
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También entendía que en las medidas sancionadoras "hay claros elementos de desproporción". Aunque valoraba que, efectivamente, hay una obvia situación de conflictividad social en el país en estos momentos, en su opinión un gobierno democrático debería convencer con argumentos en vez de castigar a quienes protestan. Y para él el argumento de la seguridad es sólo un pretexto "para restringir derechos", pues "en nuestro país no hay ningún problema de seguridad. Las encuestas revelan que a la gente le preocupa la situación económica, el paro, la corrupción, pero no la seguridad ciudadana".
Los delitos y faltas registrados en España en 2012 se redujeron un 0,7% con respecto al año anterior, lo que mantiene el índice de criminalidad en España como uno de los más bajos de la Unión Europea, según cifras del propio Ministerio de Interior.
En cuanto al aumento de la conflictividad social, sí ha habido un aumento cualitativo y cuantitativo de las protestas. Sin embargo, en otros países de Europa en situaciones similares a la española, como Grecia o Italia, hay una mayor cultura de confrontación en las calles con las autoridades. Si de algo ha sido símbolo el 15-M en España ha sido precisamente de la protesta pacífica y la desobediencia civil.
José María Benito, secretario de Comunicación del Sindicato Unficado de Policía (SUP), el mayoritario en el cuerpo, negaba que esta legislación fuera a mejorar la protección a los policías, ya que las agresiones o amenazas a los agentes ya estaban penadas en el Código Penal y la Ley reguladora del derecho de reunión y manifestación, según Europa Press.
Así, recordaba que el Código Penal contempla incluso penas de prisión para algunas de las conductas incluidas en la Ley de Seguridad Ciudadana. A su juicio, "bajo la apariencia de proteger a los policías", el Gobierno sólo quiere proteger a "la casta política" y evitar los escraches en sus domicilios o las manifestaciones frente al Congreso de los Diputados.
Los diferentes colectivos y organizaciones de la órbita del movimiento 15-M consideraron que con la nueva ley orgánica el Gobierno "criminaliza cualquier acto de protesta". "Es una vuelta de tuerca. Intentan amedrentarnos e imponer la ley del miedo. Es una salida autoritaria. El PP tiene un problema con la democracia y los Derechos Humanos y lo están acreditando en la legislación. Es una ley mordaza para callarnos la boca", aseguraba en declaraciones a Europa Press el asesor jurídico de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Rafa Mayoral. Según este letrado, se trata de "una ley escándalo para cualquier persona que se considere democrática".
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En este sentido, el miembro de Democracia Real Ya Kike Castelló denunciaba que la norma "recuerda a las peores épocas de la represión franquista" así como que supone "un ataque directo" a los modus operandi y las nuevas formas de protesta puesta en práctica por los movimientos sociales surgidos a raíz del 15-M hacía dos años y medio, como es, por ejemplo, el uso que hacen de las redes sociales o las protestas en torno al Congreso. "Se criminaliza no solo la protesta sino también la difusión. Podría atentar incluso contra el derecho de manifestación. Quieren cambiar las leyes para que cualquier cosa que no sea votar al PP sea radical y violento", sentenciaba Castelló.
En esta misma línea, la Comisión Legal de la Acampada Sol, afirmaba que la futura ley era una "muestra evidente del aumento de las políticas represivas para la ciudadanía", así como una norma "hecha a medida de las protestas que habían surgido desde el 15-M". Y añadía : "Plantea todas las protestas como ilegítimas".
También desde la arena política llegaron las críticas. En una referencia a la Ley de Seguridad, de 1992 y conocida como Ley Corcuera, Joan Coscubiela y José Luis Centella, portavoces del grupo parlamentario de la Izquierda Plural, bautizaron al anteproyecto de Fernández Díaz como "ley de la patada en la boca a la democracia". Para ellos, ésta es una "evidencia que confirma que el PP está a punto de empezar una ofensiva brutal contra los derechos civiles". Y, en nombre de los socialistas, Soraya Rodríguez la tildaba de "un proyecto de represión ciudadana".
La democracia es una farsa del sistema, para dominar con la mentira sin usar las armas. La sustitución del esclavo reprimido militarmente, por el esclavo sin conciencia y en falsa libertad. El sistema (salvo excepciones) ya no reprime con la policía. No hace falta. Reprime con los jueces mercenarios, los medios manipuladores, y la indiferencia cómplice de los alienados masivos. Que votan y legitiman socialmente al sistema democrático imperial capitalista, ladrón serial y asesino de pueblos. Dueño de la ley y el orden.
Activistas de Greenpeace colocaban una pancarta contra la 'Ley Mordaza' en una grúa junto al Congreso de los Diputados en Madrid el 30 de junio de 2015, en protesta por la Ley que entraba en vigor. Más.
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