Durante años Veronique llegaba resignada a su célula de aislamiento. La cámara de tortura psíquica que le proporcionaba el pan a ella y a sus hijos.
Entre la multitud, padecía en soledad la erosión cotidiana en forma de ruido sordo, de movilidad obligada, órdenes, reproches y valoraciones injustas de su trabajo.
Desde su pupitre de niña marginada en las oficinas de France Telecom, a Veronique el mundo empezaba a desmoronársele.
"Pensé muchas veces en suicidarme", confesó a ELMUNDO.es. Al final la herida no llegó a mortal. La desgarró para siempre, pero al menos consiguió parar la hemorragia antes de que esta acabara con una carta de despedida dirigida a partes iguales a su familia y a Monsier Lombard y sus secuaces. Los primeros, víctimas colaterales de las políticas de los segundos.
Veronique, blanco de la diana. El tiempo de dedos cruzados se le acaba al ex presidente de France Telecom y a sus más estrechos colaboradores.
Didier Lombard fue interrogado por el juez y puesto en libertad después de haberle contado al magistrado su versión de la ola de suicidios que hizo popular la compañía entre 2008 y 2011.
Didier Lombard
La lacra dejó, según cifras de los sindicatos de la empresa, alrededor de 80 víctimas, todos trabajadores de la operadora, durante el cuatrienio negro. Amén de las decenas de bajas laborales por año. Amén del reguero de deprimidos y desmotivados que dejó la crisis social en la operadora.
Estas "formas inhumanas" impuestas por el máximo dirigente de la empresa hasta su dimisión en 2009 se tradujeron en forma de movilidad forzosa e informes laborales en los que se medía al milímetro el trabajo realizado por cada empleado.
"Había objetivos a cumplir, puestos a suprimir a toda costa y personas a las que había que cambiar de puesto fuera como fuera. Se les decía: 'apañároslas como podáis'", narra Anne Marie Minella, del Observatorio de Suicidios de la empresa.
En 2010 el sindicato SUD denunció ante el juez la política empresarial con el sello de Lombard. Se le sumaron los sindicatos de la compañía.
En la demanda judicial, los representantes de los trabajadores le acusaban de "poner en peligro la vida de los otros" -los asalariados- y se le reprochaba "el acoso moral" ejercido a los mismos.
Tras declarar ante el juez, Lombard fue puesto en libertad tras pagar una fianza de 100.000 euros. Otros dos altos directivos de la compañía se suman a las declaraciones: Louis Pierre Wenes, ex número dos de la operadora, y Olivier Barberot, ex director de recursos humanos.
Los locales de France Telecom y los domicilios de los dirigentes del grupo ya habían sido registrados en los últimos meses.
Unas operaciones que "deberían ayudar a acelerar el proceso", aseguró Fréderic Benoist, abogado del sindicato de CFE-CGC de France Telecom. Un proceso largo y complejo
Lombard podría ser condenado a un año de cárcel. El presunto verdugo negó en las páginas del diario 'Le Monde' que la profunda reestructuración que se acometió en la empresa durante su mandato sean la causa de la sangría laboral.
"Niego que esos planes indispensables para la supervivencia de la empresa sean la causa de los dramas humanos citados en las denuncias".
Este plan de reformas en el seno de la empresa incluía, según el observatorio galo, 30.000 bajas, la mayoría jubilaciones, entre 2009 y 2017.
"Ningún jefe de
empresa responsable puede aceptar la infelicidad de sus
trabajadores", escribió el dirigente. Pese a sus palabras,
durante los años que dirigió el timón de la operadora gala se
sucedieron las citadas malas prácticas y sólo tras su marcha en
2009 se consiguió mejorar el clima social en la empresa.
En 2010, tras la llegada
de Stéphane Richard a la Presidencia, cesaron la movilidad forzosa, los cambios obligados y se aprobó el bautizado como "plan
social" encaminado a mejorar el ambiente en la compañía.
Todos, sindicatos y trabajadores, reconocen que aunque se tardará tiempo en cerrar la herida, esta ya va doliendo menos.
El proceso judicial contra el dirigente será largo
y complejo, ya que, según reconocen en la operadora, es difícil
probar que las muertes sean consecuencia de una mala política
laboral.
Así lo reconoció la abogada Rachel Saada,
especializada en demandas de acoso laboral y autora del
libro Travailler a armes egales (Trabajar con armas
iguales).
"Todo suicidio que se produce en el tiempo o
lugar de trabajo tiene la calificación jurídica de accidente de
trabajo", explicó.
En el caso de la
operadora, aunque muchas muertes se produjeron en espacio y tiempos
diferentes, sí hay cartas, legados póstumos en los que las víctimas
explicaban por qué ponían fin a sus días.
"El reconocimiento del suicidio como accidentede trabajo marca un primer avance fundamental en la jurisprudencia
relativa al riesgo laboral", explicó. De hecho, recientemente
la justicia ya reconoció como tales algunas muertes voluntarias de
trabajadores en otras compañías, como Renault.
La legislación francesa obliga a los empresarios a
velar por la salud y la integridad de sus trabajadores. Lo contrario
se considera un "delito de omisión". Esta política de
ojos cerrados de Lombard supuso, según el informe laboral remitido
al juez por la inspectora de trabajo Sylvie Catala, "un atentado
a la salud mental y una omisión de los riesgos psicosociales ligados
a la reorganización empresarial, dando como resultado una política
cuya responsabilidad incumbía al directivo".
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