LA ZONA ECOLÓGICA : Operación Horus

La Operación Horus de la Guardia Civil terminó con dos informes contradictorios de dos administraciones diferentes sobre un mismo programa medioambiental en la mesa de un juzgado que ordenó la detención de 16 personas en nueve provincias españolas, escuchas telefónicas y registros incluidos, por supuestamente conformar una red de expolio de aves rapaces. 

Si desde el principio se apuntaba a una rencilla de técnicos, ahora la “guerra” se trasladó a las administraciones, a la Junta de Andalucía, competente en la materia según el artículo 57 del Estatuto, y al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Fueron citados a declarar ante el juez de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor los primeros tres imputados del caso, entre ellos el director del Centro de cría del águila imperial de San Jerónimo. 

Tres agentes de paisano entrando, en la Consejería de Medio Ambiente. | C. Márquez

Las declaraciones fueron aplazadas al 15 y 16 de marzo  de 2013, tras tres horas de espera al no disponer el juzgado de una sala libre donde practicar las declaraciones. 

Antes, el juez facilitaba a las partes otro informe del Seprona que contenía un oficio del Estado poniendo en duda la efectividad del programa de protección del águila imperial.

Sus conclusiones, relativas al periodo entre 2001 y 2010, incluían la supuesta retirada irregular de pollos y huevos, una elevada mortandad y baja esperanza de vida de los ejemplares criados en el Centro, errores estadísticos e innecesaria extracciones en la comarca de La Janda (Cádiz).

Contrastan los datos no sólo con los que elabora la Consejería de Medio Ambiente, que considera el programa un éxito y al que reiteró su apoyo tras las detenciones, sino con las propias conclusiones del proyecto, publicadas en la revista Ardeola y que ponen de ejemplo La Janda al nacer los dos primeros pollos de águila imperial en una área en la que se había extinguido.

Los resultados, publicados por Roberto Muriel, Miguel Ferrer, Eva Casado, Agustín Madero y Cecilia P. Calabuig, destacan que el proyecto “está obteniendo un notable éxito, comparable al de otros proyectos de reintroducción similares realizados con grandes rapaces en Europa y Estados Unidos”.

A las diferentes visiones científicas se une que el Seprona no haya solicitado información sobre el programa al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) del que depende, y sí al Ministerio, cuando las competencias en materia ambiental son de la Junta que, según fuentes consultadas, encuadran la actitud del Gobierno central en la confrontación abierta por las proximidad de las elecciones.

Mientras, los abogados de cuatro de los imputados, Miguel Villegas y Miguel Salas, criticaron que el juez haya solicitado un informe a una administracion sin competencias y de distinto color político y no al CSIC, máxima institución científica nacional, considerando “insólito” que el objeto de un proceso penal sea la discusión sobre el mayor o menor valor científico de un proyecto ambiental.

Los letrados consideraron una sorpresa que el Ministerio “valorara” una materia cuya competencia está transferida a la Junta: “Está claro que lo único que parece importar a la investigación judicial son cuestiones tan banales como si había un veterinario presente en el momento del rescate de un pollo”, lamentando que se autoricen escuchas y registros “para esto”.

Los letrados, que temían que todo fuera un ataque promovido por algún científico contrario al programa, insistieron en pedir la declaración del director del centro de San Jerónimo a la mayor brevedad, para demostrar que no hubo ningún hecho delictivo y anunciaron acciones judiciales contra el Seprona por el daño producido tras la rueda de prensa de un capitán de la Guardia Civil, que calificó al centro de conservación como una “tapadera”.

También el agente “habló sin base alguna de estafas, robos de huevos y fraude de subvenciones a través de una red internacional” que las propias actuaciones han puesto de manifiesto inexistentes. “El daño ya está hecho”, lamentaron los letrados.

Al margen de la Operación Horus, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CISC) y la Estación Biológica de Doñana (EBD) fueron protagonistas por sus relevos y por irregularidades en un trabajo de investigación.

Así, mismo el CSIC daba a conocer el relevo de Fernando Hiraldo al frente de su Coordinación Institucional en Andalucía, cargo que asumía el investigador y biólogo Miguel Ferrer, precisamente el máximo experto nacional en águila imperial y científico asesor del programa. 

Ferrer también fue entre 1996 y 2000 director de la EBD, cargo que ocupa en la actualidad Fernando Hiraldo.

Mientras, el 27 de febrero de 2012 el CSIC confirmaba a Efe que investigaba si uno de sus científicos contratados en Doñana ha podido cometer irregularidades en sus trabajos. 

Según El País, se trata de Jesús Ángel Lemus, veterinario contratado en la EBD, y la denuncia partió del subdirector del centro, Juan José Negro, mediante una carta que envió al presidente del Comité de Ética del CSIC.

El centro ha contado con una inversión cercana a los 36.000 euros y consta de un laboratorio, una sala de incubación, bioterio (zona de crianza de animales presa) y una docena de jaulas para las aves que participarán en este proyecto. Se ubica en el complejo ambiental de San Jerónimo (Sevilla) que reúne al vivero forestal, el Laboratorio de Propagación Vegetal y el Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna.

El nombre de Hiraldo también saltó a los medios en junio de 2011, cuando tuvo que dimitir como presidente de la Fundación Gypaetus -protección del quebrantahuesos-, tras graves enfrentamientos con la Consejería de Medio Ambiente debido a su gestión al frente de la misma.

El sindicato CSIF emitió un comunicado para poner en conocimiento de la opinión pública que los presuntos implicados en la investigación por el robo de huevos de pollos de aves rapaces y cobro de subvenciones de forma supuestamente ilegal no son funcionarios. 

La central sindical aclara que los centros de recuperación de especies amenazadas no tienen asignados personal funcionario, al contrario de lo que apareció en algunos medios de comunicación. 

«De esta forma —añade— CSIF, que respeta y apoya la investigación y que desea que todo quede perfectamente aclarado tras la misma, espera que no se vulnere la imagen del funcionario ni se dañe la honorabilidad del mismo». 

El sindicato subraya que la nueva Agencia de Medio Ambiente y Agua, creada tras la polémica Ley de Reordenación del Sector Público y que CSIF ha recurrido, ha asumido el personal de Egmasa, y la nueva agencia es responsable de la gestión del centro investigado.

Las controvertidas políticas medioambientales que conllevan sustanciosas ayudas por parte de la Unión Europea, contemplan la protección de todo tipo de Fauna animal o vegetal. Las consecuencias de este tipo de políticas, pueden dar lugar a situaciones que hacen sospechar de que muchas acciones, supuestamente delictivas, podrían estar relacionadas con este tipo de políticas. Un ejemplo de noticia que daba cuenta de un hecho susceptible de ser puesto en tela de juicio, aparecía en septiembre de 2015, en el que se anunciaba la muerte de 18 ovejas atacadas por Buitres, en Huelva. Según un Informe realizado por expertos, estos vienen a decir que "resulta imposible que los buitres hayan cambiado sus costumbres, adquiridas a lo largo de miles de años de evolución, para terminar convirtiéndose en predadores. El estudio, no obstante, reconoce la «capacidad de atacar» de este animal, pero la limita a circunstancias muy determinadas: esto es, a las casos en los que, tras un parto «difícil», las reses y crías se encuentran en un estado de debilidad que prácticamente les impide moverse". Más. 

Las incongruencias y la paradoja rodean este tipo de políticas que se convierten en un lucrativo negocio gracias a la línea marcada por la Unión Europea por medio de la que la subvención alcanza a todos los estamentos. En la Web de Iberlince, se observan los datos aportados sobre el conejo, considerado como uno de los principales animales que juegan un importante papel en la alimentación del lince.

                 

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