Lejos del desánimo que supuso el archivo del proceso penal por el accidente de Spanair después de que la Audiencia de Madrid admitiese los recursos de los dos técnicos de mantenimiento imputados, otra batalla judicial se cernía en el quinto aniversario de la tragedia, en la que fallecieron 154 personas y 18 resultaron heridas en el aeropuerto de Barajas.
La imagen revela el punto exacto en el que impactó el JK 5022 de Spanair el 20 de agosto de 2008. La Guardia Civil recreaba digitalmente el accidente, una animación que se incluía en la investigación judicial- (GUARDIA CIVIL)
En 2013, 30 familias de fallecidos y varios supervivientes, recurrían a la Vía Civil junto a la Asociación de afectados JK5022, para dirimir el capítulo de las indemnizaciones.
Aunque algunos afectados ya abrieron el melón a título particular hacía unos meses, ahora llegaba la reacción en masa del principal colectivo de víctimas.
La demanda civil se presentaba a principios de septiembre e iba dirigida contra Mapfre, la aseguradora de la extinguida Spanair. El fondo del pleito no era otro que el baremo que la compañía española había elegido para pagar las correspondientes compensaciones. Se trataba de aplicar a cada unas de las 172 víctimas -entre fallecidos y heridos- el sistema de valoración establecido como si se hubiera tratado de un accidente de tráfico.
En total, Mapfre anunciaba que ofrecía 12,7 millones de euros, es decir, una media de 74.000 euros por pasajero, una cifra que no alcanzaba ni el máximo baremo de los siniestros viales (250.000 euros).
Este sistema se aprobó en 1995 y estaba pensado para los accidentes de tráfico en una época de alta mortalidad, por lo que se tuvo en cuenta el impacto que tendría en las aseguradoras y la carga para Sanidad.
«Queremos que se condene a Mapfre como responsable civil subsidiario del siniestro. No puede ser que una víctima del terrorismo, con todos mis respetos, reciba 800.000 euros de media y una de accidente aéreo 105.000 si es un adulto y 25.000 si se trata de un menor», denunciaba Pilar Vera, presidente de la asociación JK5022.
La vicepresidenta y la vocal de la Asociación Canaria de Afectados del Vuelo JK5022, Margarita Henríquez (i), y María de los Angeles Piretti, respectivamente (Efe) Más.
Vera declaraba que era «indignante e inmoral» que en 2012 los consejeros de la aseguradora se llevaran 11,7 millones en bonus «y a todas las víctimas nos quieren despachar con 12,7 millones». «Les sale más barato un siniestro que invertir en seguridad aérea», concluía.
Los abogados del colectivo consideraban que Mapfre se había saltado la normativa internacional a la hora de establecer el baremo de accidentes de tráfico. Aseguraban que había jurisprudencia mundial que regula los siniestros aéreos y que el Tribunal Constitucional español limita el sistema de valoración de los accidentes viales al no incluir el 100% del daño, algo que no ocurre con las tragedias aéreas según establece la legislación internacional.
Así las cosas, la batalla judicial estaba servida en 2013, cinco años después del siniestro de Spanair. Y los abogados de Mapfre no parecían tener visos de torcer el brazo.
Una de sus bazas para no ser condenados era demostrar que la culpa del accidente fue de Boeing, fabricante del MD-82, y no de Spanair, como indicó la Audiencia de Madrid tras decretar el sobreseimiento libre para los dos mecánicos imputados por homicidio imprudente.
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Si la Aseguradora conseguía demostrar este supuesto, en el peor de los casos -que la Justicia no acepte el baremo de accidente de tráfico-, podía acogerse al Convenio de Montreal, que estipula que las indemnizaciones máximas ascenderían a 100.000 unidades de derechos especiales de giro por cada pasajero fallecido.
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Una medida que traducida en euros establecería una indemnización máxima de 127.900 euros por persona (unos 22 millones sumando todos los pasajeros, muy superior a los 12,7 que ofrecía en 2013).
Durante los meses posteriores a la tragedia, las cosas parecían que iban a ir por otros derroteros. Los responsables de Spanair indicaron que harían todo lo posible para ayudar a las víctimas y Mapfre adelantó 25.000 euros a cada una. Pero el gesto de buena voluntad se quedó en eso. Y ahora, cerrada la vía penal, comenzaba otra pugna que se preveía larga y tediosa.
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