LA ZONA PÚBLICA : El desahucio de Alagón

El de los Valdés no es un desalojo hipotecario, los más habituales en los últimos años. El suyo es un caso más complejo. Su abogada, Mercedes Urraca, llevaba 11 años peleando en los juzgados con los propietarios de la explotación agrícola El Tejar de Alagón, dentro de la cual se encontraba la vivienda.

“Nos lo han quitado todo. Se ha quedado todo dentro de la casa, todas nuestras pertenencias…”, lloraba desconsolada Josefina mientras trataba de asimilar lo que acababa de pasarle. A su lado, su esposo Francisco y dos de sus hijos trataban de consolarla. Son casi las tres de la tarde y apuran una comida fugaz en un bar de Alagón (Zaragoza), el pueblo en el que han vivido casi toda su vida.

Una pala excavadora derribaba la casa en la que el matrimonio llevaba viviendo desde hacía más de cuarenta años y a la que Francisco con 82 años, llegó cuando era tan solo un niño. “Ahora no sé qué haremos. Mi mujer, que tiene 81 años, no puede casi moverse y es diabética. Y los dos hijos con los que vivíamos tampoco pueden valerse. Somos demasiados para ir a casa de otro de nuestros hijos, (de los cuales uno sufre esquizofrenia y el otro una discapacidad leve). y no podemos cargarles más”, explicaba el padre de familia. 

En 1960 firmó un contrato privado de compra por la vivienda y el corral anejo, por el que pagó 200.000 pesetas de la época. El problema es que el contrato no lo firmaron los propietarios, sino su madre, Orosia, que era la usufructuaria y, por lo tanto, no estaba autorizada para vender. Entonces se estableció que Francisco Valdés pagaría un alquiler anual hasta que este quedase formalizado en escritura pública, momento en el cual se le descontaría lo que ya hubiese pagado.

Después de once años de litigios y varios avisos de desahucio finalmente pospuestos, una notificación judicial les anunciaba que tenían que abandonar la finca. 

Les adjuntaba además otro aviso con la noticia que más temían: la casa iba a ser derribada. Los herederos del antiguo dueño de los terrenos, que llevaban años reclamando la finca por diferentes vías judiciales, habían decidido echarla abajo.

Los Documentos que Francisco firmó en 1960 que guardaba celoso desde hacía décadas, nunca llegaron a llevarse al registro. 

No había constancia oficial de la adquisición y de que el terreno fuera de la familia. “He estado pagando alquileres desde entonces. Si ya no puedo tener mi casa, al menos que me devuelvan mi dinero”, se quejaba Francisco. “Me siento engañado por todos”, añadía mientras se debatía entre la tristeza y el enfado.

Según Urraca, "hoy en día, nadie firmaría ese contrato. Pero Francisco era un joven agricultor" sin conocimientos legales "y se fió de los propietarios", para los que llevaba trabajando toda la vida. Estos eran una familia de abogados de Barcelona y, por lo tanto, según la letrada, sabían muy bien qué tipo de contrato estaban redactando. Por ello, cree que a su cliente "lo engañaron" y que obraron "de mala fe".

Duras críticas de la Plataforma Stop Desahucios

El alcalde de Alagón, José María Becerril, aseguraba que se trataría de llegar a algún acuerdo para que la familia no se quedara en la calle, pero recordaba que tenían recursos para buscar una vivienda, ya que cobraban más de 1.500 euros al mes entre pensiones y pagas por incapacidad. “Los propios servicios sociales de la DGA les denegaron una solicitud de ayuda porque el núcleo familiar superaba el máximo de renta”, explicaba Becerril.

Miembros de la plataforma Stop Desahucios Zaragoza se desplazaron a Alagón tras conocer la noche anterior la noticia del derribo proyectado para la vivienda. “Ni los juzgados, ni los servicios sociales, ni el Ayuntamiento, ni el Gobierno de Aragón… Nadie ha parado este atropello. Nadie da solución inmediata. Unos y otros han dejado en la calle literalmente a la familia”, explicaban los portavoces de la plataforma.

La propiedad fue pasando de heredero en heredero hasta llegar a los actuales, tres hermanos que son los bisnietos de Orosia. Según la abogada de Valdés, "en todas las transmisiones mortis causa constaba este arrendamiento en el registro de la propiedad, pese a que al tratarse de un contrato de tipo industrial este se extinguía a la muerte del propietario". Pero los actuales dueños decidieron, hace 11 años, no renovarlo y pedir el desahucio de la familia Valdés.

Pero poco pudieron hacer. La casa, que era también el lugar de trabajo de toda la vida de la familia (que se dedicaba a fabricar ladrillos y tejas de forma artesanal), se convertía en un montón de escombros. Y junto a ellos acabaron hechos pedazos la mayoría de sus pertenencias y muchos de los recuerdos de Francisco Valdés y su esposa, Josefina Aranda.

Fuente: www.20minutos.es

El Periódico de Aragón

IU acusa al PP de convertir a las víctimas de desahucios en "verdugos"
Los desahucios se disparan en 2013 con menos daciones en pago, según el Banco de España
Los desahucios mantienen un macabro ritmo de 185 al día
Los octogenarios desahuciados en Alagón pasarán los próximos días con hijos y familiares
La ley permite desde hoy suspender desalojos cuando la hipoteca sea abusiva
Más fotos desahucio Alagón

Desalojan a cinco familias, con seis menores, que ocupaban un edificio en la avenida San Antonio de Huelva
Muere el anciano de 83 años que dejó de comer y de beber, deprimido por el desahucio al que se veía abocado junto a su ahijada discapacitada de 41 años. 
La ocupación de cuatro viviendas del Conquero solivianta al barrio
La Junta adeuda unos 7 millones a los afectados por los impagos de las viviendas protegidas en la provincia de Huelva
Afectados por la Supresión de la Subsidiación de Préstamos VPO