El asunto de las presuntas desapariciones de recién nacidos en los hospitales onubenses entre 1949 y 1992 no es baladí. Las cifras hablan por sí solas: más de un centenar de afectados, alrededor de 80 denuncias y trece imputados en once procedimientos judiciales vivos.
En este punto hay que subrayar que los encausados han llegado a ser 17, pero el auto emitido por la Audiencia Provincial de Huelva en noviembre de 2012, ha precipitado el cierre de expedientes en instrucción en los juzgados.
A día de hoy, ocho ginecólogos, cuatro matronas y un policía continúan figurando como imputados en los procedimientos a los que todavía no se les ha cortado las alas.
Una familia señala a la Policía Nacional el lugar donde está la tumba de su bebé, el pasado mayo en el cementerio de La Soledad.
Cuatro de las causas corresponden a hechos acontecidos en el Hospital Manuel Lois; otras siete, en el provincial de La Merced, y una más en la clínica privada La Merced, sita en el Paseo de Independencia. Todos los sanitarios imputados trabajaron en ambos centros públicos, sin distinción, y también en otros muchos del ámbito privado.
El imputado es aquella persona a la que un juez le atribuye la posible participación en un delito, siendo uno de los más relevantes sujetos del proceso penal. No obstante, estar imputado no significa ser culpable de nada. Partiendo de esta premisa de presunción de inocencia y de lo acreditado a este diario por las propias víctimas -información ratificada después por fuentes judiciales-, se abordan detalles sobre estos casos.
El 21 de noviembre de 2012, Soledad Becerril se comprometió con hacer "todo lo que esté en su mano" para ayudar a localizar a los niños robados durante la dictadura hasta los primeros años de la democracia y acelerar los reencuentros con sus familias. Así lo expresaron los representantes del 'Colectivo sin Identidad' ese mismo día, al término del encuentro con Becerril para pedir su amparo ante "la vulneración" de los derechos constitucionales que están sufriendo los afectados por el 'robo de niños'.
El único policía imputado es Benito Villaseñor, que aparece en la denuncia de la Pacense Carmen Zarcero. La mujer, que tenía 17 años en 1977 y estaba presa en la penitenciaría onubense, fue trasladada para dar a luz a Manuel Lois.
Como ya indicó a un Diario Onubense, "un policía se portó muy bien conmigo y llegó a decirme que la que me presentó como su señora quería el niño, pero yo le dije que no se lo daba; llegaron a regalarme un camisón y una bata muy bonitos y caros".
El procedimiento, recaído en el Juzgado de Instrucción 5 de Huelva, fue archivado provisionalmente por el juez, que estába pendiente de la recepción de un informe policial. Villaseñor declaró ante el magistrado el 20 de diciembre de 2011. Otros cinco agentes fueron citados como testigos, cuatro de los cuales ya dieron explicaciones en sede judicial.
Carmen Zarcero, en su casa, en Badajoz.
Foto:S. GARCIA
El Juzgado de Instrucción 1 de Huelva lleva las riendas de otro asunto denunciado en 2011, que hace referencia a una presunta sustracción de neonato fechada en 1974 y localizada en el hospital de La Merced. Por este caso están imputados los ginecólogos Carlos Roda Orue y José de Jesús Pérez Toronjo, que prestaron declaración ante la jueza el 10 de julio pasado.
Pérez Toronjo, además, estaba denunciado en otro caso de 1970 en La Merced que fue archivado por la Audiencia en noviembre de 2012. Al mismo ejercicio corresponde el suceso que le valió una nueva imputación, la segunda, aunque cambia el escenario: Manuel Lois.
En la misma causa, impulsada por el Juzgado de Instrucción 5, le acompaña en calidad de imputada la matrona Ramona Márquez Macías.
De 1974 y del provincial de La Merced es el asunto por el que es imputado el médico Vicente Jiménez Cuesta.
La Policía y una familia onubense, el pasado mayo, en el cementerio de La Soledad, tratando de localizar el lugar en que un bebé fue enterrado.
El juez escuchó lo que tenía que decir sobre los hechos investigados el 6 de marzo de 2012, sin que de momento se hayan producido novedades en el procedimiento, cuyas diligencias previas recayeron en el Juzgado de Instrucción 3 de Huelva.
Manuel Talamante Cumbreras, uno de los ginecólogos de más renombre en la provincia, reza como imputado en dos causas vivas distintas. La primera, inhibida del Instrucción 2 al número 4 porque este último había abierto diligencias con anterioridad sobre el asunto, se refiere al caso más antiguo con imputados, de 1964 en el Hospital Manuel Lois.
SOS Bebés Robados.
Prestó declaración ante el juez el 5 de julio de 2012 y se negó a responder a las preguntas de la acusación particular. Todo imputado tiene derecho incluso a negarse a responder a todas las preguntas que se le formulen. Cosa distinta es la valoración que luego pueda hacer un juez sobre ese silencio.
La segunda investigación judicial en la que aparece en calidad de imputado hace referencia a la presunta sustracción de un bebé en el año 1978 en la clínica privada La Merced, ubicada en Paseo de Independencia y donde había un paritorio.
El Juzgado de Instrucción 2 dictó auto de sobreseimiento de la causa el 23 de julio de 2012, días después de que declarara ante su titular y rechazara nuevamente contestar a las cuestiones que le planteó el abogado de las víctimas. El asunto, recurrido a la Audiencia Provincial, figura pendiente de resolución.
Talamante se encontraba imputado en dos procedimientos más, de un caso de 1970 en el provincial de La Merced (Instrucción 2) y de otro de 1976 en Manuel Lois (Instrucción 1). Ambos han sido archivados, concretamente el último de ellos por la Audiencia de Huelva el mes de Diciembre de 2012.
Asimismo, había sido llamado como testigo en dos casos también sobreseídos, uno de 1966 en La Merced y otro de 1978 en el Lois.
El tema más reciente por el que el Instrucción 2 decidió abrir una investigación es de 1989, por un presunto robo de recién nacido en Manuel Lois.
Candelaria Gil muestra el certificado de defunción de su bebé. | J. Yáñez. Candelaria no pudo ver el cuerpo de su hija. Tampoco lo hizo su marido. La abuela paterna llegó incluso a enfrentarse a las monjas de la Caridad que gestionaban este hospital, hoy sede de la Facultad de Empresariales de la Universidad de Huelva, y que está siendo investigado por la justicia. "Mi cuñada también se enfrentó a las monjas porque todo era muy raro, nadie nos explicaba nada y la echaron del hospital. En aquel momento Sor María trabajaba en la clínica de la Merced, pero no recuerdo si ella me atendió tras el parto", Fuente.
El titular del órgano judicial onubense imputó en el marco de este expediente a los ginecólogos Francisco García Alfonso y Manuel García Hernández, además de a la matrona María Ángeles Ayerza Lerchundi. Los dos médicos comparecieron en junio ante el juez, que finalmente decidió archivar una causa que se encuentra recurrida ante la Audiencia Provincial y permanece en trámite.
El facultativo que amasa mayor número de imputaciones es Carlos Rodríguez Domínguez. Tres, para ser exactos. Se le atribuye esta calidad en solitario en un asunto de 1977 del hospital Manuel Lois, archivado provisionalmente por el Juzgado de Instrucción 3 y recurrido a la Audiencia, que todavía no se ha pronunciado al respecto.
Rodríguez Domínguez está imputado en otra causa junto con la matrona Felisa Sancha Romero por un caso de 1968, acontecido en el Lois. Los dos comparecieron ante la titular del Instrucción 2 el 25 de octubre de 2012. La jueza decidió archivar provisionalmente el procedimiento seis días más tarde, pero el carpetazo todavía no es firme.
Idéntica calidad le otorga la jueza del Instrucción 1 por un presunto robo de neonato que tuvo lugar en 1969 en el Manuel Lois. Le acompaña en la imputación la matrona Encarnación Satue Mateos. Ambos prestarán declaración en sede judicial en marzo de este ejercicio.
Cierra la lista de imputados el ginecólogo José Villatoro Álvarez, que, aunque citado a declarar en breve, falleció. Había sido llamado por la jueza del Instrucción 1 por un caso de 1980 localizado en el hospital Manuel Lois.
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