La marcha de José Cárlos Dívar, que se logra gracias a la presión social (y con la apatía de casi todos los grupos
políticos, excepto IU) es de una extraordinaria importancia para la España de
los próximos años (la de la salida de la crisis) porque representa el triunfo
de los principios y de los valores sobre los intereses y las intrigas.
La idea de que sólo lo penalmente reprochable puede determinar si un servidor público permanece o no en el cargo está tan arraigada en esta sociedad enferma, del dinero y la poltrona a cualquier precio, que ni el PP ni el PSOE han pedido (a tiempo) la dimisión del Presidente del Tribunal Supremo.
El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dio un paso más allá en esta aberración intelectual al afirmar que "todo lo que no merece reproche penal refuerza al investigado desde un punto de vista institucional."
Es la versión pedante del viejo dicho de nuestras abuelas de que "todo lo que no mata engorda".
Al ser fiscal de carrera y tener formación jurídica, la afirmación de Gallardón no puede obedecer a la ignorancia y sólo puede ser atribuible a uno de estos dos motivos:
1) Gallardón es un idiota moral, es decir, una persona que distingue entre lo que está penado y lo que no, pero no entre lo que está bien (bonito) y lo que está mal (feo)
2) Gallardón obra de mala fe y hace una defensa prevaricadora y corporativa de su colega jurista, en la que sabe que está siendo injusto deliberadamente.
Hemos tenido que ser los ciudadanos (mediante las redes sociales) y la prensa libre (a través de demoledores informes sobre las turbias prácticas de este sujeto) los que pidiéramos que el Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ se marchara a su casa.
Esta es la gran lección del 15-M: la política se ha convertido ya en algo demasiado importante para dejarla sólo en manos de los políticos.
Todo lo que está en el derecho ya está en la ética (el respeto a la vida, a la propiedad ajena, etc) pero no todo lo que está en la ética está también en el derecho.
No puede estarlo: no cabe físicamente. Sería imposible recoger en un texto legal todos y cada uno de los supuestos de conducta institucional que no se adecuan a lo que demandan los ciudadanos.
Lo que separa al derecho de la moral es el recurso a la constricción y nuestros políticos pretenden que todo aquello a lo que no les podamos obligar mediante la Guardia Civil no sea tenido en cuenta en el desempeño de la función pública.
Jerónimo Escorial, el misterioso acompañante de las veladas nocturnas del Presidente del Consejo General del Poder Judicial y su "barra libre"
Esto es tanto como decir que nuestros políticos son, actualmente, incapaces de autoregularse, de determinar ellos mismos, según su conciencia y honor, lo que resulta institucionalmente higiénico y aceptable y lo que no.
Pero todos los cargos públicos, cuando juran o prometen su cargo, están haciéndolo "por su conciencia y honor", es decir, están contrayendo con los ciudadanos un compromiso moral de respeto a normas que no pueden ser recogidas en su totalidad por el Código Penal, porque entonces éste ocuparía el espacio de la Biblioteca Espasa.
Los mejores restaurantes de Marbella y Puerto Banús fueron los
escogidos por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del
Poder Judicial, Carlos Dívar, para cenar en los seis viajes supuestamente
privados pero pagados con fondos públicos que realizó en 2010 y en 2011 a ambas localidades
malagueñas, según apunta José Manuel Gómez Benítez en su denuncia. Uno de estos
restaurantes era el Grill del Hotel Marbella Club.
Este lujoso complejo de cinco estrellas está situado en la denominada
"Milla de Oro", entre Marbella y Puerto Banús, y cuenta con una
amplia oferta gastronómica. El chef Juan Gálvez gestiona sus seis
establecimientos
La conciencia y el honor por los que
juran los políticos pertenecen al ámbito de los valores y los principios, no de
los delitos y las penas.
La conciencia y el honor por el que juran nuestros servidores públicos pertenecen al campo de la ética y de la estética, no al de los deberes y los derechos jurídicos.
La dimisión de Dívar es de una
importancia capital en nuestra historia democrática porque significa que ni aún
en el caso de que un cargo político corrupto sea incapaz de dimitir por
"vergüenza torera", los ciudadanos tenemos ya la fuerza suficiente (y
contamos con el precedente de facto) para reprocharle moralmente su conducta y
enviarle a su casa.
No es lo mismo leer que "la
soberanía nacional reside en el pueblo a constatar la fuerza que tenemos cada
uno de nosotros por el sólo hecho de estampar una firma de adhesión en una
reivindicación ciudadana."
El 'poli antiZP' fichado por el 'Toro Party'; el 'distinguido' escolta de Dívar; y Cosidó, torpedeado por Pedro J.
El misterioso acompañante
El SUP denuncia trabas para investigar a políticos en casos de corrupción
Borrador de un Informe Policial con políticos implicados en corrupción publicado por 'El Mundo'
La vocal del CGPJ de CiU, Mercè Pigem, sorprendida sacando miles de euros de Andorra
El SUP denuncia trabas para investigar a políticos en casos de corrupción
Borrador de un Informe Policial con políticos implicados en corrupción publicado por 'El Mundo'
La vocal del CGPJ de CiU, Mercè Pigem, sorprendida sacando miles de euros de Andorra
El sustituto de la vocal del CGPJ que sacó dinero de Andorra está imputado por falsedad documental
Torres-Dulce dimite como fiscal general del Estado por la falta de sintonía con el Gobierno
Carlos Divar - Los Genoveses
Torres-Dulce dimite como fiscal general del Estado por la falta de sintonía con el Gobierno
Carlos Divar - Los Genoveses
No hay comentarios:
Publicar un comentario
DEJA TU COMENTARIO