Rafael Llanes, de 79 años, fue operado de la cadera en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva en julio de 2011. Ese mismo mes recibió el alta médica, pero se negó a marcharse.
El rechazo del anciano ha envuelto al hospital en un conflicto de difícil salida a corto plazo. El centro, que asegura haber agotado la vía del diálogo, "por falta de respuesta" de los familiares del paciente, ha tenido que recurrir a la judicial para poder desalojar al hombre.
En la habitación 2.215, colgaba un cartel que decía: "Aislamiento. Atención esta habitación tiene el acceso controlado. Antes de entrar consulte con el personal responsable sanitario".
De la habitación salió un hombre que dijo ser amigo del paciente. "Tiene todas sus facultades mentales perfectas. El centro lo quiere tomar por loco porque no le interesa atenderlo como se merece".
Este hombre afirmaba que Llanes no quedó bien de la prótesis de cadera de la que fue intervenido y que no puede valerse por sí mismo. "No puede volver a casa porque no puede caminar, está peor de lo que vino. Necesita atención médica. Él es un hombre muy rígido en sus pensamientos, no va a cambiar de opinión", subrayó.
Llanes vive solo, no tiene mujer ni hijos. Fue profesor en un colegio de Punta Umbría y en Huelva se le conocía por un negocio de tejidos que poseía en la zona del antiguo mercado del Carmen, que salió ardiendo.
El sector sanitario del sindicato CSIF, que denunció el caso, considera que la presencia de esta persona en el hospital comporta un "grave riesgo" para los enfermeros. Según el sindicato, el anciano tiene un "carácter agresivo" y mantiene la habitación, pese a la limpieza diaria, "en pésimas condiciones de higiene", según señaló el vicepresidente del sector sanitario de CSIF, Eleuterio Velázquez.
El sindicalista asegura que algunos trabajadores del centro están presentando quejas por las constantes "agresiones verbales" que profiere el paciente a los enfermeros que le atienden.
Según Velázquez, el paciente tiene recursos económicos. "Nos consta, incluso, que tiene asignada una residencia donde puede estar tratado más adecuadamente". Los enfermeros tienen que darle de comer a diario y asear su habitación. "Para él esto es un hospital de cinco estrellas", afirmó el delegado sindical.
Un enfermero que se encarga de atenderlo y que prefiere no dar su nombre señaló que los compañeros sienten "miedo" de las reacciones agresivas del paciente.
"Escupió a una compañera; arroja la comida al suelo, acumula basura pese a que se le limpia la habitación a diario", precisó. "Entendemos que la situación es compleja pero las Administraciones tienen que ponerse de acuerdo con inmediatez para dar una salida a este problema", explicó. "Sabemos que tiene posibilidades económicas, que posee una casa y dos cuidadoras y no entendemos por qué tiene que permanecer aquí".
La consejera de Salud de la Junta, María Jesús Montero.
La delegación provincial de Salud suscribió la versión del hospital de que "únicamente la autoridad judicial puede determinar el ingreso involuntario de un paciente en una plaza residencial o resolver otro tipo de situaciones que se plantean en los centros sanitarios como, por ejemplo, la negativa de un paciente a su hospitalización".
El hospital remitió una solicitud de intervención a la fiscalía, que a su vez elevó el caso al juzgado.
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