Josep Maria Servitje Roca, fue secretario general de la Consejería de Trabajo de la Generalidad de Cataluña durante los gobiernos autonómicos de Jordi Pujol (CiU).
Víctor Manuel Lorenzo Acuña, Josep Maria Servitje y Ignasi Farreras, en un juicio en la Audiencia de Barcelona, por encargar informes plagiados. / GIANLUCA BATTISTA
Servitje fue condenado a cuatro años y medio de cárcel y seis años de "inhabilitación absoluta" por "un delito continuado de malversación de caudales públicos", en 1994, en el entramado que se conoció como Caso Trabajo.
Gracias al indulto del Gobierno del PP solo tendrá que pagar 3.600 euros de multa. El indulto se aprobó el 17 de febrero de 2012 pero no fue hasta el 13 de marzo de 2012 que se hizo público a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) --Real Decreto 416/2012, de 17 de febrero, por el que se indulta a don Josep María Servitje Roca--.
Lorenzo Acuña
Servitge es militante de UDC y la justicia le condenó en 2009 porque quedó demostrado que participó en el desvío de 46.157,73 euros de fondos públicos a través de la adjudicación de estudios plagiados o de nula utilidad. En abril de 2010, el Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación presentado por Servitje contra la sentencia que le condenó.
Esta práctica, al margen de la ley, se llevó a cabo durante el tiempo que Ignasi Farreres (CiU) ocupó la Consejería de Trabajo, entre 1988 y 1999. Farreres fue juzgado y absuelto.
Los hechos se remontan a 1994 y 1995, cuando Trabajo encargó ocho estudios de Derecho laboral que, según el tribunal, no tuvieron ninguna utilidad ni interés.
Eran burdas copias de publicaciones de hacía años y, según la sentencia, ni tenían autor ni bibliografía. Por ellos la Generalitat pagó 7,6 millones de pesetas (46.158 euros).
Las empresas beneficiarias fueron Gestumer, SL, y Socesca, SL, administradas por Lorenzo Acuña.
El tribunal declaró probado que fue el número dos de Trabajo el que se puso de acuerdo con Acuña para encargarle los trabajos y para que “pudiera disponer del dinero obtenido en beneficio propio o de terceros cuya identidad no ha quedado revelada".
La Sección 10ª de la Audiencia de Barcelona se opuso, al indulto por la "especial gravedad de los hechos por afectar al erario público" y no vio motivos jurídicos para defender que los condenados no cumplan con la justicia. La Audiencia de Barcelona se opuso al indulto del ex número dos de Trabajo.
Josep Sánchez Llibre
El Gobierno también conmutó la pena de cárcel al empresario Víctor Manuel Lorenzo Acuña, ex militante de UDC, ex cuñado del congresista de CiU Josep Sánchez Llibre y que fue al que se le otorgaron los contratos, a través de las empresas Gestumer y Socesca, en los que participó Servitje resultando beneficiado económicamente.
Acuña fue también secretario general, tesorero y apoderado de la Fundación Fecea, que también se benefició en su día de elevadas subvenciones de dinero público, según recuerdan los jueces.
Acuña fue también secretario general, tesorero y apoderado de la Fundación Fecea, que también se benefició en su día de elevadas subvenciones de dinero público, según recuerdan los jueces.
Lorenzo Acuña fue condenado a dos años y tres meses de prisión. Como Servitje, solo debería abonar 3.600 euros de sanción --Real Decreto 413/2012, de 17 de febrero, por el que se indulta a don Víctor Manuel Lorenzo Acuña--.
Ignasi Farreres
La Unión Progresista de Fiscales envió un comunicado mostrando su sorpresa y rechazo a la decisión del Gobierno:
"Si ya la decisión del anterior Gobierno de indultar al banquero Alfredo Sáenz, generó una considerable inquietud en quienes defendemos, con hechos y no sólo con palabras, que la Justicia debe ser igual para todos, [este indulto] supone la confirmación definitiva de que está realmente justificada la percepción ciudadana de que existen diferentes varas de medir".
La asociación calificó de "intolerable" que "gobiernos de diferente color político manifiesten verbalmente su voluntad de combatir la corrupción y demuestren con sus decisiones que esa expresión de voluntad es meramente retórica".
Según los fiscales progresistas, "a la hora de la verdad, incluso con una sentencia condenatoria firme", quedan impunes "las conductas de apropiación o distracción de fondos públicos, realizadas por personas vinculadas al poder político y/o económico".
La reacción de los partidos políticos en el Parlament fue desigual y los que más protestaron enérgicamente son los que tienen menos representatividad en la Cámara autonómica.
Así, ICV-EUiA, a través de su portavoz y congresista, Laia Ortiz, valoró como escandaloso e indignante la decisión del Gobierno y, en la misma línea que los fiscales progresistas, señaló que el mensaje a la ciudadanía es claro: la "corrupción puede quedar impune".
Por su parte, Albert Rivera, presidente de Ciudadanos y diputado autonómico, consideró que el indulto es un "escándalo" y una "vergüenza". Y apuntó a que esto podría ser la letra pequeña del acuerdo entre CiU y PP, tanto en el Parlament como en el Congreso:
"¿Es normal que cuando el tercer problema para los españoles sea la política y la corrupción el señor Rajoy indulte a políticos corruptos?
La señora Sánchez-Camacho y los señores Mas y Duran i Lleida han de dar una explicación. Es un mal día para la democracia porque los pactos a que llegan CiU y PP son pactos para salvar a los corruptos de sus partidos.
Los que meten la mano en el bolsillo de los catalanes se marchan indultados como auténticos patriotas".
Finalmente, el diputado autonómico de Solidaritat Uriel Bertran criticó desde la tribuna del Parlament que, desde su punto de vista, CiU, el Gobierno autonómico y el líder de UDC, Josep Antoni Duran i Lleida, están utilizando su influencia en Madrid "no para hacer traspasos sino para indultar a ladrones y corruptos. Para indultar a ladrones que deberían estar entre rejas".
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