En Amnistía Internacional, se recibieron nuevamente informes de tortura y otros malos tratos en Arabia Saudí, reiterada forma de abuso que parecía seguir utilizándose de manera habitual en los interrogatorios para obtener “confesiones” de los sospechosos.
Un chií detenido, cuya identidad no se reveló para preservar su seguridad, explicó a Amnistía Internacional que lo habían torturado durante 10 días, hasta acceder a firmar una “confesión”, con métodos como obligarlo a permanecer durante largos periodos de pie y con los brazos levantados, azotarlo con un cable eléctrico, golpearlo en la cara, la espalda y el estómago y amenazarlo con permitir que fuera violado por otros presos.
Los tribunales imponían de manera habitual penas de flagelación, ya fuera como condena principal o suplementaria. Más de un centenar de hombres y mujeres fueron condenados a flagelación.
En diciembre, el Tribunal Supremo confirmó las condenas de seis hombres beduinos a “amputación cruzada” de la mano derecha y el pie izquierdo por “asalto”.
Los seis habían sido juzgados ante un tribunal de Riad en marzo de 2011 sin asistencia ni representación letradas. Según la información recibida, la condena había sido confirmada en octubre por un tribunal de apelación.
El 23 de diciembre, a Abdul Samad Ismail Abdullah Husawy, ciudadano nigeriano, le amputaron la mano derecha por robo en Riad.
El número de ejecuciones registradas creció drásticamente, hasta situarse al menos en 82, más del triple de las registradas en 2010. Entre las personas ejecutadas figuraban al menos 5 mujeres y 28 extranjeros.
Había como mínimo 250 presos condenados a muerte, en algunos casos por delitos no violentos, como apostasía y brujería. Muchos eran extranjeros, condenados por delitos relacionados con drogas en juicios manifiestamente injustos.
Salman bin Abdul-Aziz Al Saud actual ministro de defensa y príncipe heredero de Arabia Saudita tras el fallecimiento de Nayef bin Abdelaziz.
Según informes, Ruwayti Beth Sabutti Sarona, de nacionalidad indonesia, fue decapitado el 18 de junio tras haber sido declarado culpable del asesinato de su empleadora. Al parecer, no se notificó su ejecución con antelación ni a su familia ni al gobierno indonesio.
Los hermanos Muhammad y Saud Jaber Shahbah al Jaid, de nacionalidad saudí, fueron ejecutados el 30 de julio. Habían sido condenados a muerte por asesinato en 1998.
En el juicio no habían tenido acceso a un abogado y, según informes, Saud había confesado bajo coacción, al detener las autoridades a su anciano padre para presionarlo.
Al parecer, no se informó a sus familias previamente de las ejecuciones.
Abdul Hamid bin Hussain bin Moustafa al Fakki, de nacionalidad sudanesa, fue decapitado en Medina el 19 de septiembre.
Había sido detenido en 2005 y, a continuación, acusado y declarado culpable de brujería por haber accedido, al parecer, a preparar un hechizo para un hombre que trabajaba para la policía religiosa.
Presuntamente había sido golpeado bajo custodia y obligado a “confesar” brujería. Según informes, no se avisó de antemano a su familia de la ejecución ni se le permitió repatriar el cadáver a Sudán.
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