La convulsión vivida por las cajas de ahorros en los últimos tiempos ha acabado definitivamente con este modelo de entidades financieras, en las que han tenido más poder los políticos que los gestores, lo que les ha llevado a su desaparición.
Después de que hace 159 años se dictara el Real Decreto que creaba formalmente las Cajas de ahorros (corría el año de 1853), solo ha sido necesaria una crisis financiera mezclada con otra inmobiliaria para que 43 de las 45 cajas existentes hayan desaparecido como entidades financieras en España.
Un sector en el que los políticos han mandado más que los técnicos durante las últimas décadas se ha visto forzado a traspasar su negocio a Bancos creados para acoger fusiones, ha pasado por la nacionalización de ocho entidades, ha recibido más de 20.000 millones de euros en ayudas directas (y lo que queda) y está ahora en el punto de mira del Banco de España y de los fiscales.
Además, la caída de Bankia en manos del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB) supone el golpe definitivo que abre la veda a la desaparición del modelo de Cajas, que en muchos casos pasarán a ser fundaciones puras y tendrán que buscar financiación para mantener sus obras sociales.
Según Tiempo, la Fiscalía Anticorrupción abrió investigaciones al menos a diez Cajas de ahorros y sobre decenas de directivos que cobraron prejubilaciones, jubilaciones e indemnizaciones millonarias al dejar sus cargos.
Eso sin contar las posibles imputaciones penales por mala gestión y un variado surtido de delitos societarios.
A todo ello se suma que las cajas nacionalizadas y el Banco de Valencia (filial de Bancaja) tienen abiertos expedientes informativos por el Banco de España que, aparte de imponer las sanciones que correspondan de acuerdo con la legislación de control financiero, podría pasar la información a la Fiscalía Anticorrupción si encuentra indicios de delito.
Los inspectores del Banco de España van a ser una pieza clave en el desarrollo de todo el proceso que se abre tras la reestructuración de las cajas de ahorros.
Los jueces que instruyen causas económicas solicitan siempre estudios pormenorizados y concienzudos de lo que tienen sobre la mesa.
La Fiscalía Anticorrupción también necesita ayuda en sus investigaciones, y para eso está el cuerpo de inspección que, por cierto, avisó ya en 2005 y 2006 de que las cajas aumentaban mucho su ritmo de concesión de créditos y casi siempre en la misma dirección: préstamos hipotecarios y financiación de promotores inmobiliarios.
El fin del mandato de Miguel Ángel Fernández Ordóñez coincidiría con la digestión de los nuevos datos que aporten las auditoras contratadas por el Gobierno para aclarar el valor real de los activos inmobiliarios de bancos y cajas.
Tras el relevo, es posible que comiencen a llegar expedientes a la Fiscalía.
¿Qué ha pasado para que estos avisos de los inspectores no hayan surtido efecto antes?
La maraña creada alrededor de las cajas de ahorros tenía varias mechas ardiendo desde hacía años.
En 2009, año en el que comenzó la zozobra del sector tras la intervención por el Banco de España de la Caja Castilla-La Mancha, el conjunto de las 45 cajas existentes entonces en España tenía 2.087 cargos en sus órganos de control, gestión y dirección nombrados por los políticos.
Eso suponía un tercio del total, con el agravante de que en la primera línea de mando también había numerosos políticos o amigos de políticos recolocados en puestos muy bien pagados pero para los que en la Banca privada se exige algo más de capacidad de gestión financiera.
Son casos como los de Narcís Serra, exvicepresidente de Felipe González, que era presidente de Caixa Catalunya; el de Juan Pedro Hernández Moltó, exconsejero del Gobierno regional que acabó como presidente de Caja Castilla-La Mancha; Miguel Blesa, compañero de academia de oposiciones de José María Aznar que presidía Caja Madrid; Modesto Crespo, hombre de la órbita del PP valenciano (concretamente de Alicante) que presidía la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM); José Luis Olivas, también cercano a la órbita de Francisco Camps, que llegó a presidir Bancaja y el Banco de Valencia y a ser vicepresidente de Bankia; Antonio Pulido, que tras una corta carrera política en el PSOE andaluz llegó a la presidencia de Cajasol; Enrique Goñi, este sí ligado a la Banca desde siempre, pero que desató una guerra de poder tras la fusión con Cajasol; o los máximos ejecutivos de las dos grandes cajas gallegas, José Luis Méndez y Julio Fernández, que después de 30 años en el sector sucumbieron a la tentación de mezclar la política y el poder con el negocio financiero.
Estos son los ejemplos más llamativos, porque son los de las cajas más grandes. Pero en los últimos años ha habido también muchos casos en entidades de menor tamaño.
Todavía hoy, cuando las 45 cajas que existían en 2009 han quedado reducidas a diez bancos y dos cajas pequeñas (Pollença y Ontinyent), dos centenares de políticos siguen en sillones de poder en el sector.
Si la lupa se pone sobre todo el entramado jurídico de mando de las cajas, con sus asambleas generales incluidas, los más de 2.000 que había hace tres años se conservan en gran medida, aunque, eso sí, ahora ya no mandan tanto, porque en muchos casos, como el de Banca Cívica, Bankia o Caixabank, han sido desplazados en parte por los accionistas privados, ya que estas entidades cotizan en bolsa.
A pesar de ello, todavía queda un trabajo importante por hacer, ya que en algunas siguen como accionistas de referencia las cajas que, aunque ya no tienen negocio financiero, sí conservan sus asambleas generales, que deben votar los acuerdos que trasciendan la actividad puramente bancaria.
¿Cómo se ha llegado a este punto?
La historia es fácil de entender. Tras más de un siglo de existencia, las cajas de ahorros, entidades fundadas para llevar la banca al medio rural y a las clases menos favorecidas, se enfrentaban en los años 70 del pasado siglo a la necesidad de acomodarse a la nueva estructura del Estado español tras el retorno de la Democracia.
En 1977 Enrique Fuentes Quintana, desde un Gobierno de Unión de Centro Democrático (UCD), hacía el primer intento de acercar a las cajas a una gestión más típica de los bancos, pero mantuvo la capacidad de mando de los poderes locales.
En 1985 se promulgó otra ley, apadrinada esta vez por Miguel Boyer, ministro de Economía de Felipe González, que profundizaba en la liberalización del negocio, pero que incrementó notablemente el poder de los ayuntamientos y diputaciones en los órganos de decisión de las cajas.
Entre medias, las Comunidades Autónomas, con poderes reconocidos por la Constitución de 1978, comenzaron a dictar sus propias leyes, que recibieron el aval del Tribunal Constitucional.
Había nacido una especie nueva de entidades financieras, unas cajas en las que prevalecían las leyes autonómicas y en las que se multiplicaban los cargos procedentes de ayuntamientos, Diputaciones y Gobiernos regionales.
Todo funcionaba razonablemente bien hasta que, con la llegada de la burbuja inmobiliaria, las cajas de ahorros duplicaron su tamaño y alcanzaron a los bancos privados. Se hicieron con el 50% del negocio financiero español, pero no renovaron los equipos gestores. Los políticos seguían enquistados en sus órganos de poder.
Con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria comenzaron los problemas de concentración de créditos en el sector del ladrillo y empezó la cascada de intervenciones y caídas en desgracia de cajas grandes y pequeñas.
Y con este declive se inició también un proceso en el que cada uno quería arreglarse lo suyo y que al final ha acabado en las mesas de la Inspección del Banco de España y de la Fiscalía.
Las cajas de ahorros comienzan a desaparecer como tales (las que no tengan al menos un 25% del capital de los bancos que han fundado pasarán a ser fundaciones) y muchos de sus exgestores han dado un pésimo ejemplo. Han salido por la puerta de atrás tratando de mantener sus prebendas.
La Audiencia de Segovia reabrió la investigación de los directivos de Caja Segovia por las millonarias jubilaciones y prejubilaciones que se autoconcedieron.
El director general de la caja hasta diciembre de 2010, Manuel Escribano, se adjudicó una prejubilación de seis millones de euros, y cantidades millonarias el resto de los directivos jubilados.
En el último año de mandato, antes de entrar en la fusión de Bankia, el comité ejecutivo de la caja Segoviana se multiplicó los sueldos e hizo pólizas millonarias con la aseguradora Caser, que pagó la caja, para mejorar sus jubilaciones.
Otra entidad de la órbita de Bankia que está ya camino del juzgado es la pata valenciana de la entidad, por querellas a instancia de parte.
La Junta de Accionistas del Banco de Valencia, nacionalizado y pendiente de subasta, decidió presentar una demanda por mala gestión contra los expresidentes José Luis Olivas y Aurelio Izquierdo y contra el vicepresidente Antonio Tirado y el exconsejero delegado Domingo Parra. Este último pactó un despido de 7,1 millones de euros.
Aunque el caso Parra tiene mucha enjundia, el de Aurelio Izquierdo sí que es un caso de blindaje espectacular.
Tras pasar por Bankia y Banco de Valencia, Izquierdo regresó a Bancaja como director financiero, con un contrato blindado de 14 millones de euros, de los que 6 millones son del contrato de 2007 al acceder a la dirección general y otros 8 son en concepto de pensión.
Izquierdo ha estado en un baile continuo dentro del grupo valenciano asociado en Bankia. Hasta 2007 fue director general de Bancaja y en 2010 pasó a Bankia como director de negocio. En octubre de 2011 volvió como director general del Banco de Valencia para sustituir a Parra y, a las pocas semanas, fue presidente en sustitución de Olivas, dimitido tras la nacionalización del banco.
Todo esto para que Izquierdo no cobre su millonario contrato si es despedido ahora de Bancaja.
El contrato de este ejecutivo es sospechoso, primero porque sus antecesores, Tortosa y García Checa, nunca tuvieron estos blindajes, y segundo, porque los contratos de directivos en un momento incierto dejaron de ir al consejo de administración y dependían solo del presidente, José Luis Olivas, que nunca informó al respecto.
Tampoco consta que se informara al Instituto Valenciano de Finanzas ni al Banco de España, como era preceptivo.
José Luis Olivas
Sin salir de la zona levantina, la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) es uno de los casos que tiene más ocupados a los fiscales. La caja alicantina fue nacionalizada en 2011 y vendida más tarde al Banco de Sabadell.
Existen serios indicios que pueden llevar a la imputación del ex director general, Roberto López Abad, y de su sucesora, María Dolores Amorós. López Abad y otros cuatro directivos se llevaron una pensión de 12,8 millones, pero además se está investigando su gestión desde 2001, en la que multiplicaron por cinco el crédito y abocaron a la insolvencia a la entidad y a su intervención por el Banco de España.
Roberto López Abad
No menos escandalosas fueron las salidas de directivos de Caixanova y Caixa Galicia en medio de la fusión de las dos cajas, que dio lugar a Novacaixa.
A José Luis Méndez, presidente de Caixa Galicia, un histórico de las cajas durante 30 años, se le atribuye una pensión de entre 15 y 20 millones de euros, y a Julio Fernández Gayoso, presidente de Caixanova, una cantidad algo inferior, que ha desmentido pero no ha precisado.
Además, poco antes de la nacionalización de Novacaixa, otros cuatro directivos cobraron indemnizaciones y aportaciones de pensiones por un monto de 23 millones.
Tanto la Xunta de Galicia como el actual presidente de Novacaixa, José María Castellano, han intentado que los directivos devuelvan las indemnizaciones, y solo Javier García de Paredes, exdirector adjunto de Novacaixa, ha devuelto cinco de los diez millones de su indemnización.
Del escándalo no se libran ni las pequeñas. Caixa Penedés, integrada en la fusión de Banco Mare Nostrum, que lidera Caja Murcia, dio saltos de alegría descubrió el fabuloso plan de pensiones de los directivos.
Solo el presidente, Ricard Pagés, tenía 11 millones de pensión, el director general Manuel Troyano y otros tres directivos se repartían pensiones por 20 millones. Tras el escándalo dimitieron, pero la mancha salpicaba a Mare Nostrum, que había recibido del FROB 915 millones de ayudas.
Todo este baile comenzó en marzo de 2009, con la intervención de la Caja Castilla-La Mancha por el Banco de España tras ser detectado un agujero de 3.000 millones en inversiones inmobiliarias fallidas, entre las que se encontraba la del aeropuerto de Ciudad Real.
Su entonces presidente, Juan Pedro Hernández Moltó, está desaparecido de la escena pública y con expediente disciplinario abierto por el Banco de España contra él y todo el consejo de la caja.
Caso gemelo de ladrillo tóxico es el de la caja cordobesa Caja Sur, ligada a la Iglesia. Fue la segunda caja nacionalizada, el 21 de mayo de 2010.
Caja Sur estuvo presidida durante años por el sacerdote cordobés Miguel Castillejo, que fue jubilado con una renta vitalicia de 210.000 euros (amparada por un seguro de vida de prima única de 2,9 millones de euros, pagados por Caja Sur en 2001), más otros 3.000 de pensión mensual, equivalentes a su sueldo de presidente más una compensación.
La pensión es heredable por sus cuatro hermanas.
El exministro socialista Narcís Serra, terminó su vida pública en 2010, como presidente de Caixa Catalunya, con el escándalo de sus autosubidas de sueldo en medio de la crisis del sector y el baile de fusiones.
El exministro socialista Narcís Serra, terminó su vida pública en 2010, como presidente de Caixa Catalunya, con el escándalo de sus autosubidas de sueldo en medio de la crisis del sector y el baile de fusiones.
La caja, ligada a la Diputación de Barcelona, tuvo una descontrolada y agresiva gestión en manos de José María Loza Suriach, un histórico de las cajas, y terminó nacionalizada. Serra era presidente no ejecutivo, pero estuvo en la entidad durante el último tramo del boom del ladrillo.
Aterrizó en la caja en 2005 y participó activamente bajo la gestión agresiva de José María Loza, que cesó abruptamente en 2008 y fue sustituido por Adolfo Todó, director de Caixa Manresa.
Adolfo Todó
Narcís Serra se subió desmesuradamente el sueldo en agosto 2010, cuando la caja estaba en proceso de fusión con Caixa de Tarragona y Caixa Manresa y había recibido ayudas públicas.
Loza también salió de modo poco airoso, tras cobrar una indemnización de 10 millones de euros, además de su correspondiente pensión.
No se ha librado tampoco de salpicaduras la castellana Caja España-Duero. Fue salvada in extremis por Unicaja de Málaga, que la absorbió gracias a ingentes ayudas públicas en 2012.
Lucas Hernández
El vicepresidente de Caja España, el socialista Francisco Fernández, hizo su aparició: volvió de su excedencia, se apuntó a un ERE y se llevó 554.000 euros de prejubilación. En la otra pata de la fusión, en Caja Duero, el director general, Lucas Fernández, cobró 1,3 millones de indemnización jubilatoria.
Juan Salido
También en Andalucía hubo sus más y sus menos. Cajasol, suma de las antiguas Caja San Fernando y Monte de Piedad de Sevilla, tuvo su particular episodio con el despido de su director general, Juan Salido, que cobró una pensión de prejubilación de 950.000 euros.
Francisco Javier Fernández Álvarez
Todos estos episodios y algunos más fueron los aludidos por el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, cuando ordenó a los fiscales que investigaran la última etapa de la vida de las cajas de ahorros para ver cómo han gestionado las entidades quienes han acabado con ellas
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