Los responsables de la Junta de Andalucía que participaron en la Comisión Permanente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana el 14 de noviembre de 2011 dieron el visto bueno al proyecto de construcción del gaseoducto de El Saladillo. Lo hicieron en contra de las organizaciones ecologistas y a pesar de que para entonces contaban con un informe de la propia Administración autonómica que cuestionaba desde un punto de vista jurídico su viabilidad.
La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) publicada el pasado día 28 en el BOE recoge dicho acuerdo del Consejo de Participación, en el cual manifestó su conformidad con el desarrollo del proyecto "siempre y cuando las actuaciones se adapten a lo considerado como compatible en el informe jurídico de la Junta de Andalucía y se incorporen en el condicionado todas sus recomendaciones y las del IGME (Instituto Geológico Minero de España), en el caso de que declaración de impacto ambiental, fuese favorable".
La autorización al gaseoducto contradice así al informe de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía sobre el proyecto de Saladillo y Marismas orientales que Petroleum Oil & Gas España (Gas Natural) pretende acometer en el espacio natural de Doñana que consideraría "inviable" la instalación de un nuevo gaseoducto.
La autorización al gaseoducto contradice así al informe de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía sobre el proyecto de Saladillo y Marismas orientales que Petroleum Oil & Gas España (Gas Natural) pretende acometer en el espacio natural de Doñana que consideraría "inviable" la instalación de un nuevo gaseoducto.
El documento data de noviembre de 2011 y posteriormente se facilitó al Consejo de Participación de Doñana. El informe se refiere "solo" a la compatibilidad jurídica y se centra en las actividades, actuaciones y usos compatibles del Parque Natural.
Así, recuerda que el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque Natural de Doñana (PORN) regula los aprovechamientos mineros y demás recursos geológicos y establece que en las zonas de Reserva (Zona A) se consideran "incompatibles" las nuevas actividades de investigación y aprovechamiento de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos.
Además, entiende que esto se refiere a las actividades de investigación "nuevas" y no a las anteriores a la aplicación del PORN. Sobre las actividades actuales en Doñana para la explotación de gas natural, el documento de la Secretaría General Técnica considera "imposible desde un punto de vista jurídico concretar si los citados trabajos se encuentran amparados en la concesión", de 1995.
Sobre el proyecto de infraestructuras proyectadas, es decir el gaseoducto, el estudio expone que afectaría a las zonas de Reserva (Zona A) donde se consideran "incompatibles" la construcción de nuevas infraestructuras y edificaciones de cualquier tipo, excepto las vinculadas al uso público, educación ambiental o la conservación o gestión del espacio natural protegido.
Del Proyecto Saladillo, el documento manifiesta que éste prevé la sustitución de uno de los gaseoductos existentes por uno de mayor diámetro sin modificar su trazado y, aunque no se especifica, la Secretaría General Técnica entiende que el trazado afecta a la Zona A del parque. Tras su análisis, el informe dice que "en principio esta infraestructura resultaría incompatible, al afectar a Zona A".
Respecto al proyecto de almacenamiento subterráneo de gas natural, Marismas B-1, Marismas A y Marismas C-2, el informe de la Consejería de Medio Ambiente reconoce que al estar asociada a las concesiones en su momento otorgadas para la explotación de yacimientos ha de considerarse como una nueva actividad, por lo que la misma y las actuaciones que sean necesario ejecutar para su puesta en marcha se encuentran sometidas al régimen de autorización previsto en la ley siempre que afecte al ámbito territorial del parque natural de Doñana.
Las multinacionales energéticas mandan
En definitiva, el documento señala que habrá de tenerse en cuenta la prohibición establecida para todo el ámbito del parque que dice que toda actividad que suponga la destrucción o alteración irreversible del patrimonio geológico, de las formaciones geológicas o de los yacimientos palentológicos o el incremento de la erosión del suelo.
La Junta ha anunciado que estará atenta al cumplimiento estricto de las indicaciones medioambientales para el utilización del subsuelo de Doñana al objeto de la producción y almacenamiento de gas, después de tener noticias de cuatro proyectos, dos dentro del parque natural, pero ninguno de ellos en el parque nacional.
El portavoz del equipo del gobierno de la Diputación de Huelva, José Martín, aseguró que el ente provincial no se opondría al proyecto si se demuestra que esta infraestructura "no tiene impactos negativos" en el medio ambiente. De no ser así no estarían de acuerdo, ya que "los valores medioambientales que representa Huelva tienen que ser preservados por encima de cualquier consideración".
IU, socio del PSOE en el Gobierno andaluz, ha puesto en marcha un proceso de movilización en el que "sacará toda la artillería" contra el almacenamiento de gas. Las movilizaciones irán acompañadas de iniciativas parlamentarias.
El Defensor del Pueblo Andaluz ha pedido un informe expresamente al Centro Superior de Investigaciones Científicas, sobre la amenaza de sobreexplotación del acuífero y la amenaza que produce el proyecto de almacén de gas natural por Fenosa en Marismas Occidental, por la falta de estudios y de certezas científicas sobre los impactos acumulativos.
El CSIC responde con un buen y completo informe, que dice: "Por lo tanto, debido a que los cuatro proyectos presentados actúan sobre el mismo acuífero y el mismo sistema de placas y fallas, consideramos que el riesgo sísmico que representa este proyecto es suficiente para, aplicando el principio de precaución, detener su aprobación y ejecución hasta que el proyecto conjunto (incluyendo los cuatro subproyectos en que se subdividió) sea valorado adecuadamente por un equipo científico independiente y multidisciplinar, tal como se ha procedido en el pasado con otros proyectos o problemas que podían afectar a la conservación de Doñana (p.ej. las actuaciones tras el vertido toxico de Aznalcóllar o el estudio realizado sobre los impactos esperados del dragado del Guadalquivir)."
El Defensor dice: "... hemos decidido poner en conocimiento de la Defensora del Pueblo de las Cortes Generales el contenido del informe del CSIC trasladándole nuestra seria preocupación por el hecho de que los cuatro proyectos, incluido Marismas Occidental, contaran con las DIA sin tener en cuenta los riesgos sísmicos, ni la contaminación del acuífero que se podría provocar como consecuencia de éstos." Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 16/5654 dirigida a Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
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