El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Santander condenó a Liberbank -banco resultante de la fusión de Caja Cantabria con Cajastur y Caja de Extremadura- a devolver el dinero a una anciana afectada por la venta de Participaciones preferentes, al no estar en plenas facultades mentales y considerar el juez que el consentimiento que dio a la operación fue nulo. La víctima fue diagnosticada posteriormente de Alheimer.
La sentencia señala que se trataba de un producto financiero complejo y de riesgo y que no recibió la información adecuada por parte de la entidad.
La clienta, pensionista, carecía de estudios superiores ni conocimientos financieros especiales y tras ser informada verbalmente por el director de la oficina durante unos escasos siete minutos, suscribió un contrato marco de servicios de inversión y otro de compraventa de participaciones preferentes por el valor de 37.000 euros.
La clienta, pensionista, carecía de estudios superiores ni conocimientos financieros especiales y tras ser informada verbalmente por el director de la oficina durante unos escasos siete minutos, suscribió un contrato marco de servicios de inversión y otro de compraventa de participaciones preferentes por el valor de 37.000 euros.
El juez afirmó que el producto no "respondía al perfil de la demandante" y que el director de la entidad promovió la compra aun sabiendo esta "inidionedad del producto para la demandante".
El propio director reconoció que fue él quien le habló de las preferentes cuando la clienta le preguntó por productos similares a una imposición a plazo.
Manuel Menéndez, presidente de Liberbank.
El propio director reconoció que fue él quien le habló de las preferentes cuando la clienta le preguntó por productos similares a una imposición a plazo.
Además, señala el magistrado las "graves limitaciones" que ya presentaba por entonces la demandante, con un deterioro cognitivo "severo, progresivo e irreversible" que se le había diagnosticado en el año 2000.
La sentencia señalaba que pese a estas evidencias, el responsable de la entidad sólo pudo oponer que la demandante "comprendió adecuadamente" el producto y consintió "de forma libre e informada" su contratación.
La sentencia señalaba que pese a estas evidencias, el responsable de la entidad sólo pudo oponer que la demandante "comprendió adecuadamente" el producto y consintió "de forma libre e informada" su contratación.
No obstante, el juez consideró que la información facilitada "fue tan insuficiente e incompleta" que cabe afirmar que la mujer "fue inducida a contratar bajo error".
Por tanto, el magistrado consideró que existió "prueba cumplida" de que la demandante, aún no estando en ese momento incapacitada judicialmente -situación que se produjo un año más tarde- no se hallaba en posesión plena de sus facultades mentales, lo que "destruye" la presunción legal de capacidad y "se erige en un vicio del consentimiento" que convierte el contrato en nulo.
Por tanto, el magistrado consideró que existió "prueba cumplida" de que la demandante, aún no estando en ese momento incapacitada judicialmente -situación que se produjo un año más tarde- no se hallaba en posesión plena de sus facultades mentales, lo que "destruye" la presunción legal de capacidad y "se erige en un vicio del consentimiento" que convierte el contrato en nulo.
Afectados por las preferentes 'velan' a su dinero ante la sede de Caja Cantabria en foto de archivo/EUROPA PRESS
La sentencia ordenaba la vuelta a la situación anterior al contrato, declarando nulo el mismo y debiendo la entidad devolver a la demandante los 37.000 euros invertidos y la clienta a reintegrar los intereses creados en su cuenta de inversión, por valor de 6.621 euros, que se detraerían de la cantidad reclamada.
Así, Liberbank debía devolver a la mujer 30.378 euros más intereses y costas. Contra la sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia de Cantabria en el plazo de veinte días.
Así, Liberbank debía devolver a la mujer 30.378 euros más intereses y costas. Contra la sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia de Cantabria en el plazo de veinte días.
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