El extesorero del PP, en el aeropuerto de Madrid el 17 de febrero de 2013. / Gtres
En cualquier otro país mínimamente democrático ya se habrían producido dimisiones y condenas en masa.
Pero "Spain is different". Aquí casi todos cierran filas y nadie se hace responsable. Ni siquiera el Código Penal contempla delitos específicos por la financiación corrupta de los partidos.
Pero el Congreso podría votar una reforma penal de calado.
Actualmente millones de personas viven en una precariedad sin precedentes en nuestra democracia, víctimas de la demolición de servicios esenciales y el ataque a los derechos más fundamentales bajo el lema “no hay dinero”.
Pero por cada recorte estallan nuevos escándalos de corrupción que salpican a la clase política. El "petardazo" de las posibles contribuciones al PP por parte de empresarios, algunos ligados a tramas corruptas, y las crecientes sospechas de sobresueldos en negro, podrían ser la gota que colme el vaso.
La gente grita en la calle JUSTICIA, y ¡SÍ SE PUEDE! Y ahora, dos partidos de la oposición acaban de presentar propuestas de reforma penal que podrían llevar a los responsables de graves chanchullos financieros a la cárcel, e incluso suponer la inhabilitación de todo el partido.
Esta crisis es una estafa, y ahora estamos empezando a descubrir dónde ha ido nuestro dinero. Exijamos a todos nuestros parlamentarios que voten SÍ al fin de la impunidad de aquellos que llenan las arcas de sus partidos a cambio de favores políticos.
El ex secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet y la funcionaria del Ayuntamiento de Boadilla, Ana Garrido, que jugó un importante papel desentrañamdo el caso Gürtel, son las caras visibles de la plataforma ciudadana, el “Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción”, una entidad que pretende ayudar a denunciar “todo tipo de acto de cohecho, malversación, prevaricación o cualquier otro comportamiento o acto que pueda considerarse práctica corrupta de la que se tenga conocimiento, ya sea ante los organismos de inspección y control económicos o judiciales pertinentes o mediante denuncia pública en los medios de comunicación.
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